HRW denuncia arremetida contra iglesia católica y represión de dictadura en Nicaragua

El más reciente informe de Human Rigth Watch denunció que Daniel Ortega y Rosario Murillo, “continúan reprimiendo a todos los sectores de la sociedad y ha profundizado el aislamiento internacional de Nicaragua”, dice el  encabezado del informe mundial del 2024.

El informe señala la escalada represiva de Ortega contra cualquier persona crítica del régimen “ ha intensificado su arremetida contra incluyendo miembros de la Iglesia católica, y ha desmantelado el espacio cívico. Las autoridades han cerrado masivamente medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales y universidades, lo que constituye una violación a la libertad de expresión y asociación y al derecho a la educación”, denuncian. 

Agregan que “Persisten problemas como la prohibición total del aborto, los ataques a las comunidades indígenas y afrodescendientes y la impunidad generalizada por graves violaciones de derechos humanos”, reza el documento. 

En diferentes incisos, el informe detalla sobre las violaciones a los derechos en torno a la  Persecución de los Críticos, sobre la libertad religiosa, la libertad de Asociación y Expresión, entre otros. 

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Denuncian el encarcelamiento de  81 presos políticos. “La mayoría estaban acusados de menoscabar la integridad nacional y propagar noticias falsas”, destacan. 

Rememoran el despojó arbitrario de su nacionalidad a 317 personas, “incluyendo 222 expresos políticos a quienes el gobierno desterró a Estados Unidos y confiscó sus bienes”.

A estas personas que quedaron en condición de “apátridas” Human Right Watch denuncia: “Las autoridades eliminaron las partidas de nacimiento del registro civil…expedientes académicos de algunos críticos, restringiendo su derecho a acceder a información personal”.

Añaden que también “borraron sus expedientes del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y privó a muchos de sus pensiones, inhabilitación de abogados y notarios”.

Sobre la Libertad religiosa, la organización que defiende Derechos Humanos, apunta que los ataques contra la Iglesia católica comenzaron en el  2018 y se intensificaron.

Destacan el secuestro y condena del Obispo de Matagalpa Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión y mantenido en aislamiento, las acusaciones contra la Iglesia Católica por presunto lavado de dinero y el congelamiento de las cuentas bancarias de varias diócesis.

En este mismo apartado denuncian el cierre de la Universidad Centroamericana (UCA), de origen jesuita, confiscación de sus bienes, la afectación de sus estudios superiores a miles de estudiantes, y el cierre de otras 27 universidades cerradas desde diciembre de 2021.

El informe menciona la expulsión de sacerdotes católicos hacia desterrados en Roma, la expulsión de religiosos y monjas a diferentes países y la prohibición de las procesiones de Semana Santa de 2023.

Libertad de expresión y asociación

El informe de Human Rigth Watch  critica que “defensores de derechos humanos, periodistas y otros actores críticos del gobierno son blanco de amenazas de muerte, agresiones, intimidación, hostigamiento, vigilancia, campañas de difamación en línea y detenciones y procesos penales arbitrarios y privación de la nacionalidad”.

Al respecto detallaron que para noviembre de 2023, el régimen había clausurado más de 3.500 organizaciones no gubernamentales, incluidos grupos de mujeres, religiosos, de asistencia internacional y médicos. 

También denuncian el cierre de al menos 57 medios de comunicación, el exilio de periodistas, la confiscación de los medios Confidencial, 100% Noticias y La Prensa y la condena al periodista Victor Ticay a 8 años de prisión. 

Impunidad por la represión de 2018

El informe visibiliza la impunidad que domina en las filas de la policía, aunque coordinaron grupos armados partidarios del gobierno, reprimió protestas masivas contra el gobierno en 2018, que dejaron un saldo de al menos 328 muertos, más de 2.000 heridos y cientos de detenidos. Las autoridades informaron que 21 policías murieron en el contexto de las manifestaciones.

“Ningún policía ha sido condenado en relación con estos abusos”, reafirma el informe que también destaca las contínuas violaciones a los Derechos Humanos de los pueblos indígenas.