Crisis en Nicaragua afectó proyectos y desembolsos del BID
Las protestas antigubernamentales que sacuden a Nicaragua desde abril, y cuya violenta represión generó la condena internacional, afectó la labor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el país, pero su directorio aún no consideró suspender los desembolsos de préstamos, dijo el martes el organismo.
El BID sigue “de cerca” los eventos en Nicaragua, que impactaron su gestión en el terreno y motivaron el retiro del personal no esencial de la oficina en Managua por razones de seguridad, señaló un portavoz ante una consulta de la AFP.
“La crisis ha afectado la preparación y ejecución de proyectos y los desembolsos de préstamos del BID en el país. Nuestra cartera activa de préstamos de inversión en Nicaragua tiene un saldo por desembolsar de 624 millones de dólares”, explicó.
El directorio ejecutivo del BID, donde están representados los 48 Estados miembro, puede suspender desembolsos a un país prestatario, como Nicaragua, pero no lo ha hecho.
“A fecha de hoy, esa alternativa no ha sido discutida por nuestro Directorio”, dijo el vocero.
“Seguimos atentos a las deliberaciones sobre Nicaragua en la Organización de los Estados Americanos (OEA), y apoyamos los llamados de la comunidad internacional por una resolución pacífica del conflicto político en este país miembro del BID”, agregó.
El Consejo Permanente de la OEA aprobó el jueves pasado crear un Grupo de Trabajo para Nicaragua para “contribuir a la búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles” a la situación actual, una resolución rechazada por el gobierno de Daniel Ortega, que denunció “una acción injerencista”.
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El mecanismo de seguimiento para Nicaragua, desplegado en el país por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, elevó el jueves a 317 los muertos en el contexto de las manifestaciones, que estallaron el 18 de abril y piden la renuncia de Ortega. Organismos humanitarios locales reportan más de 400.
En Nicaragua, un país de 6,1 millones de habitantes, el BID lleva adelante una estrategia para “promover el desarrollo económico y social inclusivo” a través de proyectos de infraestructura básica, y acceso a servicios, en particular en salud.