Exigen protección a la niñez tras menor marcado con siglas FSLN
La Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabaja con la Niñez y la Adolescencia (Codeni) demandó protección a los menores, luego de que un adolescente denunció haber sido marcado con las iniciales FSLN por agentes y la negativa de la Policía a recibir su denuncia en presencia de un abogado.
El adolescente de 14 años, relató que el martes 21 de agosto, una patrulla de Managua integrada por entre 8 y 10 policías lo detuvo, le marcó las iniciales "FSLN" en el interior del antebrazo izquierdo, con una aguja y un líquido que le causó la sensación de quemadura en la piel, para luego amenazarlo de muerte junto con su familia. Las iniciales corresponden al oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Codeni recordó que el Código de la Niñez y la Adolescencia prohíbe "cualquier forma de violencia, abuso o maltrato físico, psíquico y sexual, tratamiento inhumano, aterrorizador, humillante, opresivo, trato cruel, atentado o negligencia, por acción u omisión a sus derechos y libertades".
Según la mamá del menor, la Policía Nacional se negó a aceptar la denuncia porque ella y la víctima llegaron con un abogado, con lo que las autoridades evitaron una investigación oficial. Codeni pidió al Ministerio de Salud (Minsa) realizar una valoración médica al menor, debido al riesgo de contagio de una enfermedad infecciosa, o un virus, a causa de la aguja que utilizaron los policías para herir al menor.
Más respeto a la libertad de expresión y el derecho a la protesta
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA), demandó en un tuit al Estado de Nicaragua, respetar la libertad de expresión y el derecho a la protesta en el marco de la crisis que atraviesa este país.
Al menos 28 personas, en su mayoría universitarios y una brasileña-estadounidense, fueron detenidos de "manera arbitraria", según denunció la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ). Entre los detenidos se encuentra la documentalista brasileña-estadounidense Emilia Mello, quien viajaba con un grupo de estudiantes hacia la ciudad colonial de Granada que participarían en una marcha contra el Gobierno, cuando fue retenida y trasladada a la cárcel El Chipote, sede de la Dirección de Auxilio Judicial, según la denuncia.
Luego de las detenciones del sábado, representantes del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), establecido por la CIDH, y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), visitaron la cárcel El Chipote, en Managua, para conocer la situación de las personas privadas de su libertad.
La documentalista posteriormente fue llevada a la sede de la Dirección de Migración y Extranjería, donde, según la versión que ofrecieron las autoridades a los detenidos, fue deportada. El secretario ejecutivo de la CIDH, el brasileño Paulo Abrão, confirmó a través de Twitter que Mello fue trasladada del centro de detención a Migración, donde fue expulsada ayer domingo. Junto a Mello fueron detenidos en el municipio de San Marcos (suroeste) otros 19 nicaragüenses, entre ellos dos documentalistas locales, que horas después fueron liberados, al igual que un médico y un abogado.
Elecciones anticipadas. Liberar a los presos políticos
De acuerdo a un análisis del organismo cívico Movimiento por Nicaragua (MpN), divulgado este sábado, sugiere que para salir de la crisis sociopolítica que atraviesa el país, es necesario adelantar las elecciones. Según ese organismo, crítico con el Ejecutivo, dijo que la decisión de acordar el anticipo de las elecciones se debe tomar en el diálogo nacional que permanece suspendido desde junio pasado.
Tanto la Organización de Estados Americanos (OEA) como diferentes sectores de la sociedad de Nicaragua han recomendado a Ortega adelantar para marzo de 2019 las elecciones de 2021, para acabar con la crisis de forma pacífica, pero hasta el momento no han tenido éxito con esta sugerencia. Para el organismo cívico nicaragüense, las elecciones deberán ser dirigidas y administradas por un Consejo Supremo Electoral integrado por personas de reconocida moralidad y apego a la Constitución y a las Leyes. Por otro lado, el MpN exigió "la libertad inmediata de todos los presos políticos y el cese de la brutal represión contra nuestro pueblo nicaragüense".