Reporteros sin Fronteras denuncian deportación del periodista Carl Goette

Las organizaciones internacionales de prensa le recordaron a Daniel Ortega que el Estado tiene la obligación de proteger a los periodistas frente a cualquier amenaza de violencia

“El gobierno nicaragüense debe poner fin inmediatamente al acoso y la represión que padecen los periodistas”, así inicia el comunicado emitido por Article 19 (Artículo 19), Frontline Defenders (Fundación Internacional para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos), Freedom of the Press Foundation (Fundación Libertad de Prensa) y Reporteros sin Fronteras (RSF), que denuncian al gobierno de Daniel Ortega la detención y deportación del periodista austríaco-estadounidense Carl David Goette-Luciak, el pasado 1 de septiembre.

Goette-Luciak fue llevado semidesnudo y esposado hacia el aeropuerto Augusto C. Sandino, según relató al periosista Wilferdo Miranda.

 “Los ataques que sufrió Goette-Luciak, su detención y deportación, muestran la creciente presión que sufren los periodistas y la restricción de la libertad de expresión en el país”, expresa la misiva, el cual exige al gobierno realizar una “investigación exhaustiva” de los ataques y amenazas en contra del comunicador.

Dos semanas antes de su detención, Goette-Luciak había denunciado que medios oficialistas y simpatizantes sandinistas iniciaron una campaña de desprestigio en su contra, así como amenazas de muerte. “Instamos al gobierno a esclarecer estos casos de ataques y a hacer que los responsables rindan cuentas ante la justicia, aunque se trate de personas vinculadas con la función pública”, señala el comunicado.

Y agrega: “Que el Estado nicaragüense haya detenido y deportado arbitrariamente al reportero es muy preocupante, también deben remediarse”.  

La obligación del Estado

Las organizaciones internacionales de prensa le recordaron a Daniel Ortega que el Estado tiene la obligación de proteger a los periodistas frente a cualquier amenaza de violencia. “El artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) impone a los Estados la obligación de proteger el derecho a la libertad de expresión, en particular de los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación”.

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