Ortega solo registra 273 presos políticos

La “Comisión de la verdad” tiene en sus manos el reporte que realizó el Ministerio de Gobernación sobre la cifra de los presos políticos que ha dejado la represión de Daniel Ortega, una realidad que el gobierno sandinista ha querido ocultar con su ideología “todo está normal”.

De acuerdo a medios oficialistas, el  documento cuenta con “información precisa” sobre los “presos terroristas y golpistas”, término con el que se refiere a los presos políticos, y puntualiza que solo hay 273 privados de libertad, de los cuales 256 son hombres y 17 mujeres.

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Persiste  campaña de negación                 

Sin embargo, la Unidad Nacional Azul y Blanco informó el pasado domingo que 552 personas permanecen detenidas en las cárceles de Nicaragua, entre ellas 46 mujeres, y que “están sometidas a condiciones arbitrarias e inhumanas de detención, a tratos crueles y degradantes, a violaciones sexuales como método de tortura y, en el caso de las mujeres, a la violencia machista de sus carceleros”.

Ante los señalamientos de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales y familiares de que existen tortura y malos tratos hacia los presos políticos, Luis Novoa, viceministro de Gobernación, desmintió esta realidad y enfatizó que “en Nicaragua no hay ningún preso político” y que el informe presentado por el Ministerio de Gobernación es “clarísima”.

Sobre el estado grave de salud de algunos presos políticos, y que han sido denunciados ante organismos de derechos humanos, y la nula atención médica que persiste tanto en la cárcel de mujeres La Esperanza como el Sistema Penitenciario, Cañas expresó que a ellos “se les brinda la atención igual a la que se le da a cualquier preso nicaragüense o de otra nacionalidad”. Además, negó que una presa política padeciera de cáncer, como sí es el caso de Brenda Muñoz, de 46 años, y quien tiene cáncer hepático en estado terminal.

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La postura que mantiene las autoridades sandinistas sobre este tema, fue refutada por un periodista independiente, quien cuestionó por qué no dejan ingresar a las cárceles al Meseni para constatar el estado de las y los privados de libertad. Sobre ello, Cañas dijo que la delegación de la CIDH no ha solicitado acceso a las cárceles, pese a que la coordinadora del mecanismo ha reiterado que sí lo han hecho pero no obtienen respuestas por parte del gobierno.