Instituciones del Estado violan Código de la Niñez y la Adolescencia al judicializar a adolescentes

Redacción Central
Noviembre 11, 2018 11:55 AM
Ilustracion: CODENI • Foto: None

Al menos 77 adolescentes fueron detenidos ilegalmente durante las protestas cívicas en Nicaragua, de ellos 18 enfrentan procesos judiciales sin las garantías del debido proceso establecidas en el libro tercero del Código de la Niñez y Adolescencia y el Código Penal, así lo informa la Coordinadora de la Niñez Nicaragua (CODENI).

“Una serie de irregularidades presentan los procesos judiciales contra 18 adolescentes detenidos por participar en las protestas sociales en Nicaragua, incumpliendo las garantías del debido proceso establecidas en el Código de la Niñez y la Adolescencia y el Código Penal”, señala el organismo.

Tanto la Policía sandinista, como la Fiscalía sandinista, señala a los adolescentes de cometer delitos como: portación ilegal de armas, terrorismo, crimen organizado, entorpecimiento de los servicios públicos y robo agravado.

Los procesos judiciales contra los adolescentes violan los principios y disposiciones del Código de la Niñez y Adolescencia, que en sus artículos 15,16 y 19 establecen que tienen derecho a la libertad, participar en la vida social y política de la nación, y expresar su pensamiento en público o privado, y que el Estado brindará atención cuando se encuentren en situación de peligro.

Irregularidades

Las detenciones ilegales de los adolescentes en su mayoría se realizan sin orden de captura o allanamiento, las autoridades de Auxilio Judicial desacatan los recursos de exhibición personal emitido por el Tribunal de Apelaciones.

Otra irregularidad es que la Policía sandinista modifica las fechas de las actas de detención.

Las acusaciones no se realizan de forma expedita, incumpliendo las 24 horas para remitir la denuncia se acusa a los adolescentes como adultos, por lo que permanecen hasta 15 días ilegalmente detenidos.

CODENI condena la colusión de las instancias del sistema judicial del Estado nicaragüense para criminalizar la protesta social, judicializando inclusive a adolescentes.

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