Empresa privada demanda a Ortega devolución de medios confiscados
El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y la Cámara Americana Nicaragüense (AMCHAM) respaldaron hoy las demandas de los periodistas Miguel Mora y Carlos Fernando Chamorro, para que el gobierno devuelva los medios de comunicación de su propiedad que fueron confiscados en diciembre pasado.
La posición fue planteada en una rueda de prensa a la que asistieron el presidente del COSEP, José Adán Aguerri, el presidente de AMCHAM, Mario Arana, y en la que los comunicadores denunciaron lo que llamaron "triple violación: a la libertad de prensa, a la libertad de empresa y a la propiedad privada"-
El periodista Carlos Fernando Chamorro, mediante videoconferencia desde Costa Rica, donde se encuentra exiliado, se refirió a la "confiscacion de facto" el 13 de diciembre de 2018, de sus tres empresas de comunicación (Invermedia, Promedia y Cabal) y del inmueble de su propiedad donde funcionaban las oficinas de Esta Semana, Esta Noche y Confidencial.
Chamorro dio a conocer un documento oficial firmado por el jefe de la Policía, comisionado Francisco Díaz, en el cual la entidad intentó justificar la confiscación de las empresas de su propiedad argumentando que pretendían ocupar la ONG CINCO (Centro de Investigaciones de la Comunicación), que no tiene vinculación con los referidos medios ni se ubicaba en ese domicilio.
"No existe ninguna relación económica, contractual ni de propiedad entre la ONG CINCO y las empresas mencionadas, de las cuales soy director y accionista", afirmó Chamorro e instó al Estado a suspender el acto confiscatorio y devolver los bienes sustraídos.
"El Estado no puede justificar esta ilegalidad (...) demandamos la devolución de todo lo robado y exigimos una reparación por los daños", afirmó Chamorro y anunció que llevará el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La ocupación y saqueo de 100% Noticias
Una semana después de allanar ilegalmente y confiscar las empresas de Chamorro, la Policía ocupó por la fuerza las instalaciones del canal 100% Noticias y arrestó a su director, Miguel Mora, y a su jefa de prensa, Lucía Pineda Ubau, a quienes el gobierno mantuvo en prisión y bajo aislamiento durante casi seis meses.
"El gobierno sandinista está diciendo a la Corte que todo está bien, que Lucía Pineda y Miguel Mora gozan de todas sus libertades, cuando nuestros casos no han sido anulados y cuando paramilitares siguen reguardando el edificio de nuestro canal 100% Noticias cerrado hace ocho meses", dijo Mora.
"Exigimos al gobierno sandinista que nos regrese el canal del pueblo. Esto es un descaro, un robo a mano armada", protestó. Dijo que se reservará el derecho de demandar al Estado ya que la confiscación es una acción prohibida por la Constitución Política vigente.
Aseguró que desde que salió de prisión el pasado 11 de febrero ha recibido amenazas de muerte por distintas vías y dijo que la misma situación viven muchos ex presos políticos, a quienes ahora la Policía "les está inventando cargos de narcotráfico, tenencia ilegal de armas y cualquier otro delito común".
Mora se refirió también a una petición presentada esta semana ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y el organismo Raza e Igualdad, en la cual instaron al Estado de Nicaragua a tomar acciones para proteger su vida, y la de su colega Lucía Pineda.
La petición de los tres organismos consta en una carta dirigida el pasado 5 de agosto a Pablo Saavedra Alessandri, Secretario Ejecutivo de la Corte Internacional de DDHH, tribunal que el 21 de mayo pasado otorgó medidas provisionales en favor de ambos periodistas y otros 15 presos políticos que todavía estaban encarcelados en el país.
El titular del COSEP destacó que los periodistas Mora y Chamorro son empresarios miembros de esa agrupación y por lo tanto cuentan con el respaldo incondicional del gremio. "Lo que ha ocurrido contra estos medios de comunicación ha sido inconstitucional", dijo Aguerri tras externar su apoyo también hacia todos los comunicadores independientes del país.
Asimismo exigió al gobierno no sólo la devolución de los medios confiscados, sino también de las nueve ONG que fueron allanadas, ocupadas y clausuradas por el gobierno de Ortega a fin de año, como el CENIDH, el ILLS, la Fundación Popol Na, la Fundación del Río y CISAS, entre otras.