Régimen de Daniel Ortega niega salud, educación y otros servicios públicos a opositores

Amaya Coppens es pura sonrisas. Sonreía incluso cuando policías armados y encapuchados la presentaron, esposada, como una terrorista peligrosa en septiembre del año pasado. También es buena alumna. Todos sus compañeros de la universidad de León, donde estudiaba el quinto año de Medicina, dicen recordarla como la mejor del curso.

Tan dedicada era en el colegio que, en 2011, fue escogida como la mejor alumna de secundaria en Estelí, un departamento norteño de Nicaragua. Y recibió como premio, de manos del presidente Daniel Ortega, una computadora y una beca para estudiar en la universidad.

“Todavía tengo la computadora”, dice Coppens, de 25 años, siempre sonriendo. “En mi familia nos reímos de eso”.

Sucede que Amaya Coppens es una especie de “paria” para el gobierno del hombre que hace ocho años la premiaba como mejor alumna. La expulsaron de la universidad, la borraron de sus registros, le niegan atención médica en los centros de salud y hospitales públicos y vive casi en clandestinidad por el asedio que el régimen de Ortega mantiene para ella y otros cientos de opositores.

“Estoy en el limbo en todos los sentidos”, dice. “Mi familia tiene miedo, que no me vean en la calle para que no lleguen a la casa. En todo momento me estoy escondiendo. Mejor no arriesgarse. Es frustrante”.

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Amaya Coppens fue detenida por su participación en la protestas contra el régimen de Daniel Ortega a partir de abril del año pasado. La acusaron de siete delitos, entre los que estaban secuestro, terrorismo y portación ilegal de armas. Pasó nueve meses en la cárcel y fue liberada el 11 de junio de este año a raíz de la amnistía que decretó Ortega.

“No me siento libre”, asegura. “Ha habido un bombardeo para hacernos sentir que no tenemos derechos a andar libremente, que es un favor que se nos hizo. Es realmente agobiante. Si me enfermo no me viene a la cabeza buscar a un hospital. Busco atención médica a lo clandestino porque corre cierto riesgo cualquier persona que se relacione conmigo”.

Todos los días la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) recibe denuncias de opositores, principalmente ex reos políticos, a quienes el régimen de Daniel Ortega trata como “muertos civiles”.

“Pasan a ser ciudadanos de segunda categoría, a un nivel inferior al de los demás”, dice el abogado Pablo Cuevas, asesor de la CPDH. “La muerte civil es para ex reos políticos que persisten en manifestarse y para ciudadanos que tienen una trayectoria de participar en manifestaciones”.

El objetivo, dice Cuevas, “es sembrar el terror, poner ejemplos y decirles a quienes pretenden hacer uso de sus derechos constitucionales: ´Mirá lo que podemos hacer si vos tratás de andar jodiendo. Jodiendo, es la palabra que ellos usan”.

Dice que existe una lista negra. “Ellos tienen mapeadas por medio de sus organizaciones a la gente en los barrios. Hace un año vino una señora de Villa Venezuela y trajo aquí mapas. Ella anduvo con su grupo y marcaban las casas de quienes era de una ideología opositora, los que son sandinistas y los que no se metían en nada. Eso mismo sucede en los centros de trabajo”.

“Les toman fotos, están pendiente de quienes le llegan a visitar. ¡Eso no es vida! No pueden decir ni hacer nada porque ante cualquier reclamo son llevados a una unidad policial donde se les fabrica un delito”, lamenta Cuevas.

Además, les marcan sus casas con frases ofensivas o amenazas, les niegan los servicios de salud a ellos y a sus familiares, los expulsan de las universidades y les niegan hasta las licencias de conducir y cédulas de identidad, documento necesario para la mayoría de trámites formales en Nicaragua.

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“Tenemos denuncia el profesor Gabriel Putoy, de Masaya, que el propio delegado de cedulación le dijo que no le podía dar cédula”, dice Cuevas. “A él le robaron la cédula los policías cuando lo secuestraron. Dos veces ha hablado con el propio delegado de cedulación y le dice que no le va a dar cedulas. “Sos conflictivo. Estás en contra del gobierno”, le dicen. No puede hacer ninguna gestión”.

Otro caso es el de Noel Valdez, ex prisionero político, que en julio pasado llegó a Matagalpa a renovar la licencia de conducir y el policía que le atendió quiso burlarse y en el lugar donde corresponde poner “dirección”, colocó el texto: “Detenido y esperando ser procesado, caso de tranques”.

Hace unos diez días enfermó de dengue la hija del profesor Juan Bautista Guevara, de Ticuantepe, un municipio vecino de la capital. Ningún centro de salud u hospital público quiso atenderla. “Tuve que buscar la manera de llevarla a una clínica privada y yo sin un peso”, dice.

El profesor Guevara, 40 años, fue condenado a 15 meses de prisión por lo que la justicia del régimen de Daniel Ortega denominó “entorpecimiento al servicio público” al participar en marchas de protestas en Ticuantepe. “Estuve en mazmorras y calabozos, nunca en el sistema penitenciario”, aclara. “Fui víctima de tortura física y psicológica”. Dice que los sometieron a golpes, patadas, le dispararon en un brazo, lo golpearon contra las paredes y lo colgaron con cadenas.

A los seis meses lo excarcelaron y luego lo liberaron de cargos con la ley de amnistía que promovió Ortega. “Después que salí la situación ha sido dura y cruel. Me operaron del brazo a consecuencia de las torturas y unos balazos que la guardia orteguista me dio. Ahora tengo que hacerme ultrasonido porque también me golpearon mis partes íntimas. Perdí la vista. Los lentes me cuestan casi cinco mil córdobas (150 dólares aproximadamente). Me van a operar el otro brazo, el izquierdo, porque me han aparecido unas pelotas. El oído está mal porque adquirí un hongo en la mazmorras”.

Guevara no solo tiene que lidiar con las secuelas que le dejaron la cárcel y las torturas, sino con la muerte civil que pesa sobre ciudadanos como él. “Todos los centros de salud y hospitales públicos no nos atienden a nosotros los excarcelados y a nuestros familiares. Ni nos dan las cédulas. Ni licencias, las tienen retenidas. Todos los días, desde que salí vivo asediado. Ahí vea los videos del asedio que pongo en la redes sociales”, dice.

“Estamos manos arriba”, se queja. “No nos dejan trabajar. Yo soy profesor de Matemática y Física. Al principio venían unos estudiantes aquí a mi casa a recibir clases privadas, pero, al ver el acoso de la guardia, los padres no los siguieron mandando. Me hicieron más paste (daño) todavía”. Dice que ha buscado trabajo, pero los empresarios al saber que es ex un ex preso político le niegan el trabajo y le dicen que no quieren problemas.

Amaya Coppens hace parte de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, y dice que han registrado 143 estudiantes expulsados de diferentes universidades de todo el país. “Estos son solo los expulsados. No cuentan las personas que se tuvieron que ir, que se resguardan o no llegan por temor a que los agredan”.

En la UNAN León, la universidad donde estudiaba Coppens, funcionan grupos de simpatizantes del régimen de Ortega que se denominan “Grupos de defensa de la Universidad”. “Hace alrededor de un mes agredieron a un muchacho de Odontología que había participado en las protestas. Regresó a clases y lo atacaron dentro de la universidad. Lo golpearon, lo arrastraron y le quebraron un brazo ¡dentro de la universidad! No ha querido hacer pública la denuncia porque vive en León y ahí la situación está muy delicada”, relata.

A Amaya Coppens la borraron del registro de la universidad. Como si no existió. Luego volvieron a activarla. “Quisieron poner como que era yo quien no quería ir a la universidad”, dice. Hace dos meses envió una carta a la rectoría de la universidad pidiendo que le explicaran cuál era su situación. No le han dado respuesta.