Activistas exigen investigación internacional sobre asesinatos de indígenas

El temor sobre otro eventual ataque reina en las comunidades indígenas Mayangnas de la Costa Caribe de Nicaragua, a siete días de las denuncias de que un grupo de hombres armados atacó a la comunidad Alal, en la Reserva de Biosfera Bosawas.

El ataque de hace una semana cobró la vida de cuatro indígenas, dejó tres heridos, doce casas quemadas y varias familias autoevacuadas.

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El ambientalista Amaru Ruíz, de la Fundación del Río, dijo a la Voz de América que los indígenas continúan desplazándose ante la creciente amenaza.

“Se tuvieron que desplazar a mujeres y niños de la comunidad Suniwas hacia la comunidad de Sakalwas por una amenaza que recibieron de que los colonos invasores también iban a provocar una masacre en esa comunidad”, explicó Ruíz.

El ambientalista expresó que estos ataques están relacionados con procesos de invasión de tierra y que las comunidades indígenas llevan años pidiendo al gobierno el saneamiento de su territorio, que es básicamente expulsar de la zona a quienes no son originarios de los pueblos indígenas.

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La ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas refiere en el capítulo 12 que “cada una de las comunidades, una vez obtenido sus títulos, podrá iniciar con el apoyo técnico y material de la Oficina de Titulación Rural, la etapa de saneamiento de sus tierras, en relación con terceros que se encuentren dentro de las mismas”.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que le da seguimiento al caso, pidió a la comunidad internacional a través de su presidenta, Vilma Núñez, que se investiguen los hechos.

“Nosotros hacemos un llamado a las instancias internacionales de protección de derechos humanos para que no se limiten a estar emitiendo comunicados y pronunciamientos”, advirtió Núñez.

“Tenemos que buscar cómo darle a este problema la verdadera dimensión que tiene”, añadió la defensora de derechos humanos a la VOA.

Núñez responsabiliza directamente al gobierno del presidente Daniel Ortega por la inseguridad que se vive en estos territorios.

“La situación es bastante compleja. No bastará con investigar quiénes fueron los autores materiales de los hechos; la destrucción es perversa, es gravísima, es una actitud de exterminio”, señaló.

“Tiene sus raíces en la permisividad con que el gobierno ha tratado esta situación. Han impulsado a las personas que están ampliando la frontera agrícola, lo hacen con la aquiescencia del gobierno”, añadió.

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La Policia Nacional negó en un principio la existencia de muertos en este caso, aunque posteriormente aseguró haber encontrado cuatro cuerpos sobre el río Kahaska KuKun.

Las autoridades dijeron que están investigando los hechos y atribuyeron los delitos de lesiones, incendio y daños en perjuicio de la comunidad a “un grupo delincuencial” cuyo cabecilla es Isabel Meneses Padilla, alias Chabelo.

Mientras tanto, el alcalde sandinista de Bonanza, Alexander Alvarado, visitó a las familias afectadas para ofrecer las condolencias de parte del presidente Ortega y su esposa.

El alcalde prometió apoyo a los comunitarios para la reconstrucción de las viviendas y les pidió regresar a sus territorios.

Sin embargo, los indígenas aseguran que no confían en la seguridad y la protección ofrecidas por el Estado.