Consecuencias prácticas de la crisis en el Poder Judicial de Nicaragua

En cualquier sociedad organizada, el Poder Judicial desempeña un papel vital para la protección de los derechos individuales, el mantenimiento del estado de derecho, la paz social y la garantía de la justicia para todos los ciudadanos. En Nicaragua, sin embargo, esta institución ha enfrentado un resquebrajamiento progresivo en su independencia desde el retorno al poder de Daniel Ortega, junto a Rosario Murillo, en 2007.

Desde antes del retorno del sandinismo al poder, Ortega y su cúpula han usado a la judicatura como mecanismo de extorsión o persecución política contra sus adversarios, pero también como una importante fuente de ingresos para “el partido” y para los bolsillos de quienes manejan los hilos del poder, al cobrar enormes sumas a cambio del tráfico de influencias con jueces y magistrados que habían ido colocando estratégicamente en distintos niveles de la función jurisdiccional, quienes a su vez se han valido de la sombra de los poderosos “padrinos” que les ha cobijado, para también hacer sus propias corruptelas y medrar de las migajas del poder que emanaba de esos personajes poderosos que los
colocaron en tales posiciones.

Para ser justos, no se puede negar que de esta práctica corrupta y de instrumentalización política tampoco estuvieron exentos los llamados “gobiernos democráticos”, pues precisamente Arnoldo Alemán y su camarilla trataron de jugar el mismo juego de los sandinistas, pero más enfocados en el lucrativo negocio del tráfico de influencias o de sentencias, que en la manipulación política de la justicia, y aunque el Dr. Alemán y su séquito (algunos de ellos hoy prominentes figuras del régimen, como Wilfredo Navarro o Byron Jerez) presumian de su “gran astucia política”, resultaron ser niños de pecho ante la maquiavélica capacidad conspirativa de Ortega y su otrora círculo cercano, como Lenin Cerna, Bayardo Arce, Dionisio Marenco y otros.

Al aquellos sentarse a pactar con estos para repartirse el pastel del Estado, con tal de que les dejaran robar sin exponerse a más asonadas, terminaron entregando a Ortega las llaves maestras para retornar a la silla presidencial e instaurar la dictadura que hoy se sostiene en el poder por la fuerza de las armas, toda vez que, justamente por sus crímenes contra el erario público, Alemán y sus compinches terminaron cayendo en las manos de un Poder Judicial plagado de cuadros sandinistas. 

Sin embargo, ese proceso de descomposición y cooptación de la justicia que se venía cociendo a fuego lento desde que Ortega se propuso “gobernar desde abajo” y que se profundizó con su retorno al gobierno, de pronto se vio exponencialmente acelerado tras el estallido social de abril del 2018, hasta el punto de llevar a lo que quedaba del Poder Judicial a una crisis sin precedentes, tras el Golpe de Estado Institucional perpetrado por la dictadura de los Ortega Murillo en octubre de 2023, que, según diversas fuentes periodísticas, provocó el abrupto despido de más de 1000 trabajadores de esa institución, desde humildes afanadoras, conductores y vigilantes, hasta secretarios judiciales, jueces, magistrados de apelaciones y de la propia Corte Suprema.

Cargos que en su inmensa mayoría no han sido repuestos; acarreando consecuencias prácticas devastadoras para la población, que se traducen directamente en una disminución significativa de la seguridad jurídica para los ciudadanos, aparejada del incremento sustancial de la mora judicial, en detrimento de los derechos e intereses de todo el conjunto social.

A lo anterior se suma que la falta de independencia judicial y la interferencia política en el sistema judicial erosionan la confianza en la imparcialidad de las decisiones judiciales, generando incertidumbre y desconfianza en la aplicación de la ley. Esto se traduce en un entorno donde los derechos y las libertades individuales están constantemente amenazados, ya que las decisiones judiciales son constantemente influenciadas por consideraciones políticas o de intereses particulares de quienes detentan el poder y de sus allegados, en lugar de criterios legales objetivos.

Situación que termina por alimentar la desigualdad, la injusticia y la desconfianza en las instituciones que están llamadas a salvaguardar el orden social, socavando así la cohesión y la paz social, atentando contra el desarrollo económico del país, pues ningún empresario se siente alentado a invertir en un país donde sus recursos no cuentan con la protección jurídica adecuada, sino que, por el contrario, están a expensas de una ambiente de incertidumbre total, sometida al volátil comportamiento arbitrario de quienes ocupan el poder.

Además, la crisis en el poder judicial nicaragüense ha exacerbado la retardación de justicia, afectando gravemente los derechos de los ciudadanos a un juicio oportuno y justo. La falta de nombramiento de jueces y magistrados en vacantes judiciales ha llevado a una acumulación de casos en los tribunales, provocando retrasos prolongados en la resolución de procesos judiciales y obstaculizando el acceso de la población a una justicia pronta y efectiva. Esta situación no solo socava la confianza en el sistema judicial, sino que también perpetúa la impunidad y la injusticia, especialmente para aquellos que dependen del sistema judicial para proteger sus derechos y resolver conflictos legales; provocando un mayor impacto en los sectores más empobrecidos, a los que la prolongación de los procesos judiciales les significa mayores costos, que a menudo no pueden pagar.

En conclusión, la crisis en el poder judicial de Nicaragua tiene consecuencias prácticas profundamente perjudiciales para la población, afectando su seguridad jurídica y exacerbando la retardación de justicia, por lo que es fundamental que se adopten medidas urgentes para llenar las vacantes judiciales. Desde luego, eso no bastará para reconstruir la confianza en el sistema de administración de justicia, pues para ello sería imprescindible dotar a la judicatura de la independencia y del fortalecimiento de las capacidades institucionales propias de los Poderes Judiciales. No obstante, el régimen Ortega Murillo, ha demostrado que lejos de estar interesado en robustecer la función jurisdiccional, está empeñado en demolerla, con lo cual, el pueblo de Nicaragua continuará asumiendo a diario las graves consecuencias de esta cada vez más profunda crisis institucional.

El autor escribe con seudónimo debido a la persecución de la dictadura en Nicaragua.