Edgard Blanco: ¿Organizaciones “NO” Gubernamentales? Una dictadura que busca burlarse de los fondos de cooperación internacional

En las últimas semanas, la dictadura del Frente Sandinista, a través de su pintoresca vocera y vicepresidenta ilegítima, Rosario Murillo, dictó al país que el modelo de organizaciones no gubernamentales (ONG) iba a cambiar su funcionamiento. Anunció que estas organizaciones estarán obligadas a formar una especie de “alianzas” con instituciones del Estado para ejecutar sus proyectos.

Las leyes que serán reformadas de acuerdo con este nuevo modelo de “alianzas de asociación” incluyen la Ley de Concertación Tributaria, para eliminar exoneraciones y otros beneficios fiscales; la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, para adicionar las “alianzas de asociación”; y la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros.

En este contexto, es importante mencionar que el entramado jurídico que pretenden reformar elimina el modelo de cooperación existente, en el que las ONG han sido fundamentales para el desarrollo del país y para solventar las necesidades de un país golpeado por la pobreza y la corrupción gubernamental.

Para la dictadura sandinista, la independencia y autonomía de cualquier institución social en nuestro país es sinónimo de amenaza para su proyecto dictatorial. Así, no solo las ONG están sufriendo una intervención total, sino también instituciones como la Iglesia Católica, las propias iglesias evangélicas del país, las universidades, los promotores culturales y cualquier espacio que pueda hacerles sentir que se rompe su monopolio del poder, no solo a nivel político sino también a nivel social.

Terriblemente, esta dictadura no respeta ningún tipo de organización social independiente. Las ONG, como su nombre lo indica, actúan de forma independiente al gobierno, como auxiliares en áreas donde la mano del Estado no logra llegar, ya sea por decisión propia o por falta de recursos. Esto podría enmarcarse en un principio de subsidiariedad estatal, que implica que la población organizada pueda también ejercer algunas labores de interés público de forma privada e independiente. Las ONG realizan una labor indudablemente necesaria en un país como Nicaragua.

Lamentablemente, en nuestro país, la dictadura pretende hoy aprovecharse de las entidades no gubernamentales que aún quedan y sobreviven. No dudo que, con la mejor de las intenciones, traten de apoyar a sus públicos meta, a pesar de la amenaza constante de eliminarles la personería jurídica y confiscar todos sus bienes, como ya se ha hecho con más de 4,000 entidades de las 7,227 que estaban registradas en el país hasta 2018, cuando comenzaron los cierres y confiscaciones.

Los más afectados son justamente esas poblaciones vulnerables que eran atendidas por las miles de ONG que existían en el país. Hoy no podrán hacerlo de ninguna manera si no es bajo la déspota supervisión del Estado dictatorial sandinista que, como en el pasado, sigue actuando contra cualquier iniciativa popular que no se alinee con sus terribles intereses.

El llamado debe ser a que la comunidad internacional exija una verdadera independencia de las organizaciones no gubernamentales que quedan en el país, que continúe levantando la voz junto a los activistas de derechos humanos contra la censura y la destrucción de la poca sociedad civil organizada que queda, para que no se alinee con los intereses macabros del sandinismo.

La democracia y la participación ciudadana necesitan de una población organizada que pueda apoyar de forma independiente a sus conciudadanos. No debe haber cabida para permitir un mayor control de la sociedad civil en un país donde se confiscan bienes, se encarcelan disidentes, se cierran iglesias, ONG y universidades, y se criminaliza la protesta ciudadana. Un país donde las instituciones no permiten una justa contraloría ciudadana y donde una dictadura pretende utilizar los fondos de cooperación internacional para seguir reprimiendo y vanagloriarse de los proyectos realizados y ejecutados por una ciudadanía amordazada.

Edgard Blanco 
Presidente del Centro de Acción para la Libertad en costa Rica, estudiante de último año de Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica (UCR), defensor de derechos humanos, gestor de proyectos de desarrollo social y fue expulsado de la UNAN-Managua en 2018 por razones políticas.