El régimen Ortega Murillo y los militares

¿El Ejército de hoy es garante de la democracia y de los derechos humanos? Parece que ahora, como en los tiempos de la dictadura de los Somoza, todo indica que el Ejército no favorece ni los derechos humanos ni la democracia.

Hasta abril 2018, las fuerzas armadas tenían una buena imagen. Lamentablemente esas buenas imágenes se fueron a la basura. Ha quedado al desnudo que apoyan las políticas públicas de amiguetes neoliberales y a favor de la impunidad de la macrocorrupción.

Desde el 2007, los militares han sido sistemáticamente cortejados por el régimen Ortega-Murillo, les han ayudado financieramente, le han cedido espacio en la administración del Estado o paraestatales como ALBANISA.

También les aumentó su presupuesto en un 7.59 por ciento anual en los últimos 12 años, el doble del crecimiento promedio anual del PIB.

Los altos mandos militares han recibido apoyo gubernamental para crear empresas propias y, junto con muchos oficiales, se beneficiaron de una serie de ventajas salariales y laborales.

Cada navidad, el régimen, les regala electrodomésticos a los oficiales y mantienen excelentes relaciones con la cúpula militar. Ningún trabajador goza de esos privilegios.

Ninguno de los altos oficiales del Ejército ha rehusado el proceso de ideologización que impulsa el régimen con el deseo de convertir a la institución armada en brazo armado del gobierno, ni han rechazado que en el ceremonial militar se incorpore la bandera del partido de gobierno ni objetado incluir el grito de “patria libre o morir”.

El alto mando militar se adhirió a la versión del régimen Ortega-Murillo del “golpe de estado” y aceptaron la teoría de la conspiración.

Una de las claves de toda teoría de la conspiración es contener trazos de realidad para tejer, entre ellos, una red de fábulas que permita descalificar la genuina protesta ciudadana como un “golpe de estado” o tape, realidades sociales incómodas.

El deterioro de las condiciones sociales de la mayoría de la población ha sido constante y, por demás, documentada con apreciaciones y abundancias de datos. El alto mando militar, al no tener el análisis correcto de la irrupción social, por ausencia de conocimiento, aceptó la respuesta sencilla y simple, enmarcada en la lógica de la conspiración por su formación profesional del “golpe militar”.

Los altos oficiales militares, por los beneficios recibidos de parte del régimen no estaba en su radar que la desigualdad crecía, que la pobreza permanecía y que el descontento social se incrementaba.

oda protesta social lo han interpretado como un intento de resurgir la actividad armada de la “contra”. Esa lógica ha sido la que, han utilizado para analizar toda inconformidad social en las zonas rurales. Análisis trasladado mecánicamente a la protesta ciudadana de abril 2018. En el alto mando militar ha prevalecido la visión conspirativa, alimentada por el régimen.

El empecinamiento en defender la literalidad y la inmutabilidad del gobierno autoritario evoca de manera inevitable su alianza con el modelo corporativo (plagado de amiguetes, corruptelas mayúsculas e impunidades cómplices) y marca la obsolescencia del propio mando militar incapaz de comprender los profundos problemas sociales de la sociedad.

El reciente equipamiento del Ejército y la Policía nos indica que el régimen ha determinado que las Fuerzas Armadas tienen la atribución de conservar la permanencia de la dictadura, asegurándoles el deslinde de toda responsabilidad penal.

En el 2020, la suma del presupuesto del Ministerio de Defensa y de la Policía es solamente menor que los presupuestos individuales del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación.

El régimen Ortega-Murillo se reúne regularmente con el alto mando militar y participa con entusiasmo en las actividades militares. El régimen apoya fuertemente las empresas militares, bajo la concepción que el Ejército tiene que ser un pilar económico importante en el desarrollo del país, siguiendo el modelo cubano.

Es común ver a Ortega-Murillo aparecer rodeado de militares ante las cámaras de televisión y en cadena nacional, con el objetivo de reafirmar el apoyo de los militares, como si fueran los símbolos del poder real y el verdadero respaldo al régimen. Las imágenes están diseñadas para impresionar o atemorizar a la población.

Al hacerlo, el régimen Ortega-Murillo, envía un mensaje: su poder es incuestionable y sólido porque cuenta con la venia y servidumbre de los militares.

Al mismo tiempo, existe un analfabetismo de los derechos de los ciudadanos entre los militares de alto rango, no saben leer las demandas constitucionales de los ciudadanos y no saben escribir las respuestas en la lucha contra el autoritarismo y la represión.

Si las instituciones armadas no garantizan los derechos humanos y callan de los abusos contra los derechos de los ciudadanos atacando a los feligreses e iglesias; eso significa que estar permitiendo que el régimen lleve al pueblo a una confrontación militar. Eso es lo que quiere Ortega-Murillo, y, los militares guardan silencio.

Rodeados de los militares, Ortega habla con tanta prepotencia que termina trastocando la lógica de su pensamiento y diciendo palabras que era preferible que guardara en el arsenal de la prudencia.

Su inevitable altanería sólo evidencia la rigidez de su mente, el escaso espacio que tiene para la flexibilidad y el buen sentido. El autoritarismo y la soberbia son como hermanos gemelos, porque desprecian los valores democráticos y los derechos humanos.

Quienes conocen la historia política nicaragüense saben cómo funciona la naturaleza cíclica del descontento; la insatisfacción social se expresa en forma sinuosa y el avance de los sucesos políticos se manifiestan en zigzag, nunca en línea recta.

Los últimos acontecimientos nos indican que los ciudadanos se encuentran en repliegue social activo, no es la ofensiva final contra el régimen. El repliegue social activo es una forma encubierta de movilidad, de accionar, de protesta. Es un interregno para acumular fuerzas en la nueva coyuntura.

El régimen tiene miedo que el repliegue social activo se transforme en un movimiento unificado dando origen a la segunda ola del movimiento social y que dé origen a la caída de la dictadura, por eso la represión generalizada contra las iglesias y los ciudadanos.

No hay que olvidar que llevar un proceso sociopolítico a buen suceso se requiere ciencia y, al mismo tiempo, se requiere conocimiento, intuición, presión social e internacional y sabiduría popular.

El poder autoritario en fondo tiene algo de impotente. Todas las evidencias muestras que el poder autoritario tiene miedo. No hay nada que asuste más al régimen Ortega-Murillo que una huelga de hambre en las iglesias o protestas en las calles o un paro nacional.

Las calles son el lugar donde se hacen visibles los ciudadanos considerados, por el poder autoritario, como invisibles. Las calles son el escenario político-social por naturaleza, las contradicciones que hay en la sociedad se escenifican en la calle. Las calles son el teatro de los conflictos sociopolíticos.

Por miedo y por temor el régimen reprime toda expresión de protesta social, ya sea en las calles, en las iglesias o en las zonas rurales.

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