Gobierno de Nicaragua convoca a opositores a negociar reformas electorales

El gobierno del presidente Daniel Ortega está convocando a los partidos políticos de oposición a participar en una negociación de las reformas electorales que se han venido exigiendo en el país y para la elección de nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral en el mes de octubre.

Alfredo César, presidente del Partido Consevador, dijo en un vídeo enviado a la Voz de América, que su partido fue notificado por un funcionario del gobierno del inicio de las negociaciones en julio entre el gobierno y los partidos políticos “legalmente constituidos”.

Las negociaciones empezarían en julio y se planea que para octubre se deberían estar nombrado a los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), de manera que haya credibilidad en el proceso de elecciones.

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Actualmente, los magistrados del CSE son mayoritariamente figuras del partido de gobierno que responden a sus intereses por encima del interés de realizar elecciones incuestionables.

“En adición a los partidos legales, que estaremos participando en esa negociación, debería ser invitada la Alianza Cívica y las otras expresiones de la nueva oposición que nació a raíz de la rebelión nacional de abril del 2018 para que haya plena representatividad en la negociación”, afirmó César.

Nicaragua vive una profunda crisis política luego que las protestas de abril del 2018 fueran cruentamente reprimidas, dejando a centenares de muertos y encarcelados. Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto sanciones a funcionarios nicaragüenses por su participación en la represión.

Pero tanto Washington como Bruselas, y la Organización de Estados Americanos han venido reclamando al gobierno de Ortega que se inicie un diálogo nacional que conduzca a reformas electorales que permitan la realización de un proceso electoral transparente.

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El gobierno de Ortega ha negado que haya habido represión. En lugar, afirma que su gobierno fue víctima de un intento de golpe de estado en el que “los terroristas habrían matado a centenares de sandinistas y ocasionado profundos daños a la economía del país”. Insiste que lo que hizo su gobierno fue defenderse.

Tras la violencia del 2018 se convocó a un diálogo al que no se invitó a la oposición tradicional sino a representantes del sector empresarial, obreros, estudiantes y campesinos. Ellos se agruparon en lo que llamaron la Alianza Cívica. Otros se organizaron en la Unidad Nacional Azul y Blanco, (UNAB).

Juan Sebastián Chamorro, economista y director ejecutivo de la Alianza Cívica, dijo que hasta ahora no les han contactado para participar, pero que lo que más les interesa en este momento es que el gobierno cumpla los acuerdos de marzo de 2019.

En esas negociaciones se firmaron acuerdos que incluían la liberación de los prisioneros políticos y la restitución de las garantías ciudadanas. Ha habido liberaciones de prisioneros políticos, pero aún quedan decenas de encarcelados y cada semana hay reportes de nuevas capturas.

“Para que vamos a estar hablando si no cumplen los acuerdos que firman”, afirmó Chamorro, quien dijo no tener más información sobre la convocatoria anunciada por el conservador Alfredo César.

“Nosotros a los que aspiramos es a que cumplan los acuerdos firmados en marzo de 2019, que incluyen liberar a los presos, devolver las garantías ciudadanas, y todo eso”, explicó Chamorro. “Se firmo un acuerdo el 19 de marzo y otro el 27 de marzo. No han cumplido nada”.

Según César, además de las nuevas organizaciones opositores, también se debería invitar a participar a la Organización de Estados Americanos para que sirvan de asesores sobre las reformas electorales a definirse. Y agregó que debería estar ahí la organización nacional Ética y Transparencia.

“Tanto la OEA y a nivel nacional Ética y Transparencia, que tiene perfecta capacidad para poder asistir en estas negociaciones, deberían ser incluidas”, agregó.

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El escenario ideal, según César, sería repetir las condiciones jurídicas y de observación internacional que se logró movilizar para las elecciones presidenciales de 1990, cuando Violeta Barrios de Chamorro, candidata de la Unión Nacional Opositora, una alianza de más de 14 partidos políticos logró derrotar a Daniel Ortega, quien se vio obligado a reconocer su derrota.

El peor escenario, agregó, serían elecciones como las de 1984, cuando el país se encontraba ya en una situación de guerra civil, en las que no hubo garantías para los opositores y Daniel Ortega se declaró ganador por amplio margen, a pesar de las protestas de los opositores.

El lunes por la noche no fue posible obtener comentarios de ningún funcionario gubernamental sobre la convocatoria a negociaciones de las reformas electorales.