El dilema de la oposición: acoplarse a las reglas de Ortega o cerrar filas tras captura de Cristiana Chamorro

Con la detención de la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, la oposición se encuentra en un punto de inflexión: Deberá definir si acoplarse a un proceso controlado por los Ortega-Murillo o consolidar la unidad para denunciar el fraude o desconocer el proceso electoral. En especial, es un momento de definición para CxL, quienes en reiteradas ocasiones ha dicho ser “el mejor vehículo electoral”.
Redacción Abierta.

La oposición nicaragüense se enfrenta a una nueva disyuntiva después de la inhibición y orden de captura contra la aspirante presidencial Cristiana Chamorro: Los opositores deberán elegir entre seguir las reglas del proceso electoral que Daniel Ortega y Rosario Murillo han establecido a su medida, o definir su postura ante un escenario viciado. Expertos consultados para este análisis aseguran que la Alianza Ciudadanos por la Libertad debe desconocer el mandato “ilegítimo” del Ministerio Público y cerrar filas alrededor de Chamorro.

La escalada represiva contra Chamorro se da un día después de que llegara a la sede del Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) para iniciar el proceso de inscripción de candidatura en el mecanismo de la Alianza Ciudadana. Ese mismo día, el Ministerio Público notificó la “inhibición” de la aspirante a cualquier cargo público por los supuestos delitos que se le acusan. A esto le siguió una orden de allanamiento y captura ejecutada por la jueza orteguista Karen Chavarría Morales, y que derivó en la imposición de casa por cárcel bajo aislamiento. Minutos antes, Chamorro iba a brindar una conferencia de prensa sobre su inhabilitación.                                                   

Ante estos hechos, los bloques de oposición se han “solidarizado” con la aspirante, pero más allá de eso, “la unidad consolidada alrededor de las candidaturas deben articular un mensaje claro y firme de completo respaldo a Cristiana Chamorro”, aseguró a REDACCIÓN ABIERTA la socióloga e investigadora Elvira Cuadra. “Esta puede ser una oportunidad, pero también un punto de inflexión. Ortega ha venido construyendo un escenario controlado a su favor, y lo ha hecho desde finales de 2020 con la aprobación de las leyes represivas”.

                                                  

Por su parte, el abogado y activista político Juan Diego Barberena asegura que “estos son momentos definitorios para la oposición” de Nicaragua. “Sin lugar a dudas hay un dilema: o aceptamos las reglas de la dictadura, que implica ir a estas elecciones como corderitos y conformarnos con un segundo lugar, o rechazamos estas reglas, incorporamos a todas las organizaciones opositoras que han encarado materialmente al régimen y asumimos las consecuencias”, agregó.

Barberena asegura que también es un proceso de definición para CxL, quienes en reiteradas ocasiones ha dicho ser “el mejor vehículo electoral”. Hasta el momento representa la única casilla en la que puede competir la oposición, debido a la inhibición del Partido Restauración Democrática (PRD) por el Consejo Supremo Electoral (CSE) a inicios de mayo. “CxL debe abrir sus puertas para todos, continuar con el proceso interno de sus precandidatos asumiendo las consecuencias de que el régimen le quite la personalidad jurídica y el voto. Llegará después el momento donde se tomará la decisión si se participa o no”, expresó. 

Las horas más difícil de la oposición

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El camino de la oposición para aspirar a competir en un proceso libre se presenta cada día más accidentado. Con la inhibición de Chamorro, la precandidata que contaba con la valoración más alta según las encuestas, la Alianza Ciudadana dijo que seguirá respaldando sus aspiraciones y la inscripción al mecanismo. Pero tras una detención inminente, el panorama se vuelve más sombrío para esta agrupación política, quien ha reiterado que “defenderá el voto” incluso en los peores escenarios. 

Lo cierto es que la opción de CxL no inspira encanto en los nicaragüenses, según las recientes encuestas de la firma CID Gallup, que ubican a dicho partido político en un dos por ciento de preferencia electoral. La agrupación política solo ha participado en dos elecciones: en las municipales del 2017 y las regionales del 2019. Su participación fue cuestionada por sectores de la sociedad civil, quienes alegaron que en medio de la represión policial se “prestó” a validar otro proceso viciado.

Para Max Jerez, miembro del Comité de Enlace de la Alianza Ciudadana, los opositores se encaminan a “una lucha de relevos”. “Todos los precandidatos ahora están conscientes que frente a la insistencia de Ortega de quitar posibles candidaturas debe promoverse más la solidaridad entre candidatos para apoyar a una opción que sea viable en el sentido del que quede, siga dando la batalla”.

Jerez y la agrupación que representa insisten en “dar la batalla” en un proceso controlado por el partido de gobierno. “Estamos conscientes de que tendremos que tener planes en todos los niveles. Lo peor que puede pasar es que digamos que no hay tal persona y que no hay nada que hacer. Creo que más que las personas es el proyecto de país”, agregó.

La incógnita estriba en cuántas “piezas” comerá Ortega en su ajedrez político hasta quedar satisfecho.

La inhibición y allanamiento ilegal contra Chamorro

Redacción Abierta.

El allanamiento a la vivienda de Chamorro ha puesto nuevamente al país en vilo, marcando así un momento de mayor tensión política. Un contingente de patrullas y antimotines de la Policía Nacional rodearon en los alrededores del terreno. Los oficiales entraron a la propiedad, pero todavía se desconoce lo que ha sucedido en los interiores del inmueble. Aunque se conoció de la aplicación de casa por cárcel bajo aislamiento. El grupo de periodistas que han dado cobertura al hecho denunciaron agresiones por uniformados y civiles. A los familiares de Chamorro que se presentaron a respaldar a la precandidata también fueron replegados y golpeados por los oficiales.

De esta forma, la dictadura de Ortega y Murillo han impedido que los reporteros documenten el allanamiento. Las periodistas Jennifer Ortiz, Michel Polanco y Walkiria Chavarría fueron agredidas por los antimotines. 

Desde el 20 de mayo, el Ministerio de Gobernación señaló a la precandidata de supuestos delitos de gestión abusiva y falsedad ideológica por “inconsistencias encontradas en los registros financieros de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh)” en el periodo 2015-2019. Ese día también fue citada en el Ministerio de Gobernación, y luego en el Ministerio Público, lugar en que ha comparecido dos veces. Tras las acusaciones, la aspirante ha mantenido sus intenciones presidenciales, postura que le ha costado una mayor escalada represiva en su contra.

Según Barberena, el mandato del Ministerio Público roza la ilegalidad, porque ninguna medida precautelar concibe la inhibición de las aspiraciones políticas. Sumado a ello, a Chamorro se le ha impuesto restricción migratoria y prohibición de reunión. 

                                                 

La persecución contra la aspirante presidencial ha provocado reacciones a nivel internacional. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos rechazó a través de Twitter “la persecución penal e inhabilitación” contra Chamorro. La Organización de Estados Americanos (OEA), también rechazó las acciones del Ministerio Público y reiteró que el país se encamina a las peores elecciones posibles. 

“Este proceso de violaciones sistemáticas y reiteradas al Estado de Derecho y de las libertades fundamentales deslegitiman el proceso electoral aún antes de la ocurrencia del acto mismo”, refiere el comunicado.

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