Senador Bob Menéndez anunció que presentará un paquete de sanciones contra Daniel Ortega

La grave situación en Nicaragua se agudiza a medida que pasan los días. La comunidad internacional ha hecho varios llamados al gobierno de Daniel Ortega para que cese la represión contra los candidatos y partidos políticos opositores, así como también a los periodistas y medios de comunicación independientes que tratan de explicar la realidad de un país sumido en una profunda crisis social y política.

El martes, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución en la que, entre otras cosas, se rechazaba “enérgicamente” las prácticas del ejecutivo nicaragüense y se instaba a su presidente a impulsar una reforma electoral de cara a los comicios presidenciales del próximo 7 de noviembre. Al mismo tiempo, también se exigía la inmediata liberación de los “presos políticos” que están en encarcelados o bajo arresto domiciliario.

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Desde Estados Unidos se sigue muy de cerca la evolución de esta situación y la cuestión nicaragüense se ha vuelto algo bipartidista en las altas esferas de la política. Desde el Congreso de Estados Unidos se está abordando esta crisis con el objetivo de buscar una solución y tejer alianzas con los socios de la región.

Menéndez propone “sanciones severas”

El senador Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, que funge como presidente en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y es el latino de más alto rango en ambas Cámaras del Congreso de Estados Unidos, anunció que presentará un paquete de sanciones contra el gobierno de Daniel Ortega para castigar “de forma severa” a los miembros del ejecutivo nicaragüense.

“Tenemos que rescatar la posibilidad de una democracia en ese país y no nos podemos permitir una tercera dictadura (en América Latina)”, manifestó el senador en declaraciones a varios medios de comunicación, entre ellos la Voz de América.

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Según apuntó Menéndez en sus declaraciones, la OEA, además, puede jugar un papel fundamental en la solución de esta grave situación en el país centroamericano.  “Creo que la comunidad internacional y la OEA deben ser parte también para llamar a la Carta Democrática (Interamericana) que existe en el código de la OEA para decir que esto no puede ser permitido”, agregó al respecto.

Salazar pide revisar los tratados comerciales con Nicaragua

Los republicanos, por su parte, también están de acuerdo con la propuesta de mover ficha y plantar cara a las acciones del oficialismo nicaragüense. La congresista republicana por Florida María Elvira Salazar, que este jueves presentó junto al demócrata Tom Malinowski una ley para revisar en los próximos 60 días el cumplimiento de Nicaragua con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y seis países centroamericanos, conocido como CAFTA-DR, lamentó que “bajo (el mandato de) Daniel Ortega, Nicaragua se ha convertido en una tierra de opresión”.

“Los matones de Ortega están encarcelando a opositores políticos y silenciando violentamente a las voces disidentes. Presenté la Ley de Revisión del Libre Comercio de Nicaragua porque el comercio con Estados Unidos es un privilegio, no un derecho. Debemos mostrar al régimen de Ortega que no puede seguir reprimiendo al pueblo nicaragüense”, expresó la funcionaria electa por Florida al tiempo que recordaba que el país norteamericano “no debería estar en el negocio de comerciar con dictadores”.

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En esa línea, y al igual que sus colegas demócratas, Salazar instó al gobierno de Ortega a “respetar las leyes y la Constitución de Nicaragua”, al considerar que, con sus acciones, está permitiendo el “agresivo desmantelamiento de la frágil democracia” de la nación.

Salazar, que pertenece al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, también cree que el papel de los organismos internacionales deben ser clave para poner fin a la crisis.

Rechazo de Ortega

El oficialismo nicaragüense, sin embargo, ha rechazado en varias ocasiones los pedidos que se le han hecho desde el exterior al considerar que eso forma parte de una injerencia sobre asuntos internos del país.

“Es inadmisible y no tiene ningún efecto vinculante para el Gobierno de Nicaragua. Condenamos la práctica injerencista de esta desacreditada organización y su Secretaría General en los asuntos internos de Nicaragua y en otros estados miembros de la Organización”, dijo el embajador de Nicaragua en la OEA, Luis Alvarado.