Urnas Abiertas denuncia persecución judicial ante Parlamento Europeo y Naciones Unidas

El observatorio ciudadano Urnas Abiertas denunció ante el Parlamento Europeo y las misiones diplomáticas en el Consejo de DDHH la persecución judicial como estrategia represiva contra personas pre candidatas presidenciales y liderazgos opositores que impide un proceso electoral creíble, libre y legítimo en Nicaragua. Asimismo, denunció la aprobación de una reforma electoral que no cumple con los criterios técnicos necesarios para el desarrollo de un adecuado proceso electoral.

“Desde la publicación del calendario electoral, el 11 de mayo de 2021, se ha profundizado la violencia política. Ahora se observa una nueva estrategia represiva, que desde Urnas Abiertas hemos llamado persecución judicial, donde el sistema judicial se usa como herramienta de persecución política”, dijo Ligia Gomez, portavoz de Urnas Abiertas. 

Las 4 características de la persecución judicial

Esta nueva fase de represión contra candidatos presidenciales y liderazgos políticos  denominada Persecución Judicial, está marcada por cuatro características principales, según identificó el observatorio ciudadano Urnas Abiertas: desvío de poder de la función judicial, colusión entre el sistema de justicia penal y el Poder Ejecutivo, persecución de magnitud relevante y fines extrajudiciales.

La primera consiste en que, el sistema de justicia ejerce sus funciones con una finalidad distinta a la correspondiente por ley, pues su objetivo es utilizar la ley para perseguir opositores. La segunda característica responde a una estrategia represiva sistemática evidenciada en el involucramiento de entidades descentralizadas como la Policía Nacional y el Ministerio Público que actúan brazos coercitivos al servicio del Ejecutivo junto al Poder Judicial. “No hay ningún tipo de autonomía ni independencia en el Poder Judicial”, señaló Gomez.

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“La persecución de magnitud relevante está relacionada a la relevancia que implica la persecución focalizada contra personas inscritas como aspirantes a la presidencia, y liderazgos opositores, algunas pre candidatas a diputadas”, describió la vocera de Urnas Abiertas acerca de la tercera característica.

Los fines extrajudiciales, que responde a la cuarta característica, busca la “inhibición de organizaciones y personas para participar en la contienda electoral, también eliminar toda posibilidad de que la oposición pueda acceder a los mecanismos institucionalizados para la disputa del poder”, puntualizó Gomez.

Eurodiputado: “Lo que quiere el régimen de Ortega es quedarse en el poder”

François Roudié, jefe adjunto de América Central del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) señaló a Daniel Ortega de querer permanecer en el poder. “Hemos visto cómo se estrecha la autoridad electoral por parte de las autoridades (en Nicaragua). Es imposible encontrar una salida pacífica a la crisis y es algo que hemos pedido desde la Unión Europea durante los últimos tres años. Lo que quiere el régimen de Ortega es quedarse en el poder, está bien claro”.

Roudié señaló que durante reuniones con funcionarios aliados de Ortega, estos repiten el mismo discurso dicho por la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, respecto a supuesta injerencia extranjera “esto es lo que hemos estado recibiendo de manera sistemática”, dijo.

El eurodiputado recordó que la eurocámara continúa trabajando para sancionar al Gobierno de Nicaragua tras la aprobación de la reciente resolución.

Legislativo incumple con criterios necesarios

Durante los eventos realizados con el Parlamento Europeo y misiones diplomáticas ante el Consejo de DDHH de Naciones Unidas, Urnas Abiertas también señaló el incumplimiento del poder Legislativo al elegir a nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) sin la participación de organizaciones civiles, y la aprobación de una reforma electoral que no cumple con los parámetros establecidos en materia electoral ni de DDHH.

“Contrario a lo que solicita la resolución de derechos humanos, que menciona que las reformas electorales deben ser producto de negociaciones significativas e inclusivas con la sociedad civil y partidos y partidos y grupos de oposición, lo que se obtuvo fue la elección de magistrados donde nombraron personas afines al partido de gobierno, entre ellos algunos sancionados por corrupción y violaciones a los derechos humanos”, apuntó la vocera de Urnas Abiertas.

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Urnas Abiertas enfatizó que, la reforma electoral no cumple con los criterios técnicos necesarios para el desarrollo de un adecuado proceso electoral pues mantiene el control bipartidista en el órgano electoral, elimina la observación electoral, no incorpora mecanismos para una adecuada depuración del Padrón Electoral, se legalizan figuras administrativas para usurpar funciones dentro de los órganos territoriales electorales y otorga el poder a la Policía Nacional para aprobar las actividades de los partidos políticos en la vía pública. 

Esta última acción del Legislativo, promueve “la parcialidad en las autorizaciones para las actividades políticas, pues el jefe supremo de la Policía Nacional es el posible candidato presidencial por el FSLN, Daniel Ortega”, indicó Ligia Gomez, vocera de Urnas Abiertas.

El martes 6 de julio Urnas Abiertas co-organizó un Evento Paralelo llamado “Persecución judicial y violaciones de derechos humanos en el contexto electoral” con la participación de Paulo Abrao, Vilma Núñez, Haydeé Castillo, Enrique Sánez y Julio Martínez en el marco del 47º período de sesiones del Consejo de DDHH de Naciones Unidas..

“El propósito del régimen siempre ha sido el mismo, perpetuarse en el poder eliminando todo lo que signifique obstáculo, todo lo que significa riesgo para ellos”, afirmó Vilma Nuñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). A su juicio “más que nuevas formas de represión, hay un incremento notable y gravísimo de la represión dictatorial”

“La realidad que vive Nicaragua, que es una realidad de un Estado policíaco, de un ambiente de represión permanente, de un régimen político autoritario opresivo, que afecta de manera muy grave a los derechos humanos de toda su población”, apuntó Paulo Abrao, experto en derechos humanos y ex-Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Nuñez de Escorcia calificó que la nueva ofensiva de Daniel Ortega y Rosario Murillo desatada este año electoral responde a la fase “exterminio”. “Definieron desde un inicio una estrategia que responde al mensaje de la primera frase conocida “vamos con todo y contra todos”. Si hay que ponerle un nombre a esa estrategia, yo le llamaría EXTERMINIO”.

En este contexto, el economista y abogado Enrique Sáenz adelantó que “la presente ola represiva ya no tiene una lógica electoral. Ortega resolvió sustituir la farsa electoral por un expediente administrativo en el que el Consejo Supremo Electoral consignará que participó un número récord de votantes y que Ortega obtuvo un número récord de votantes”.

Para Sáenz “la lógica de la presente ola represiva es imponer cuáles son las condiciones a partir noviembre de 2021 y eso se puede resumir en una sola frase: Ortega está transitando de una dictadura a un regimen caracterizado como “terrorismo de Estado”.

Abrao señaló que los organismos de Derechos Humanos internacionales han actuado y continúan trabajando por Nicaragua, no obstante “falta de parte de los órganos políticos de la comunidad internacional una exposición política efectiva y reconocer esa realidad, enfrentar de manera directa y confrontar a esta realidad sin tergiversaciones, sabiendo y apuntando muy claramente que uno de los factores más relevantes de la crisis en el país se vincula con este estado policíaco que prevalece en Nicaragua”.

El experto en derechos humanos apuntó que en Nicaragua “no hay Estado de derecho, no hay independencia judicial, no hay respeto a los derechos humanos y no hay democracia en el país. Sino partimos de este consenso, de estas premisas que están denunciadas, documentadas, ampliamente visibilizadas para toda la comunidad internacional, estamos frente a un grave riesgo de desmoralización de los organismos de espacios multilaterales para responder a las situaciones más críticas que una sociedad y un país puede vivir”.

“No es por falta de informes, comunicados, cartas, llamados públicos de la sociedad civil que se puede justificar la incapacidad de responder a la altura de la gravedad de los hechos que vive el país y, en ese sentido me parece muy claro que algunas acciones sí adoptar y son fundamentales para que se pueda recuperar el papel de la comunidad internacional en esta materia”, enfatizó.

Para el ex Secretario Ejecutivo de la CIDH es fundamental “activar todos los instrumentos más fuertes y posibles que estén a disposición de la comunidad internacional” pues no considera esto “cierre los canales de diálogos formales, al contrario, empuja a las autoridades gubernamentales a tener que precaverse, tomar precauciones y cambiar esa realidad”.

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El jueves 8 de julio Urnas Abiertas participó de un briefing privado junto a otras organizaciones de DDHH Nacionales e Internacionales ante las representaciones de países miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas; y el lunes 12 de julio en un evento público de la subcomisión de DDHH del Parlamento Europeo.

Entre el 1 de octubre de 2020 y el 15 de junio de 2021 se han registrado 946 hechos de violencia política en el contexto electoral que incluyen hostigamientos, agresiones, lesiones, amenazas, detenciones arbitrarias, tratos crueles  y judicializaciones.

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