Diáspora en Miami pide a OEA declare ilegítimo el proceso electoral en Nicaragua

Diferentes organizaciones de la diáspora nicaragüense en Miami, emitieron una carta al Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, para pedir que se declare ilegítimo el proceso electoral previsto a realizarse este 7 de noviembre en el Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega liquidó a los partidos en los que se aglomeraban los sectores de la oposición y encarceló a líderes de oposición y a 7 precandidatos presidenciales.

“La presente comunicación tiene como objetivo solicitarle, dentro de sus competencias y mandato, se eleve el nivel de resolución de este organismo multilateral utilizando todos los instrumentos para restablecer el orden constitucional y democrático en Nicaragua. Mediante la realización de una expedita sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, con el fin de que se declare insalvable el viciado proceso electoral, a realizarse el próximo 7 de noviembre” cita parte de la misiva.

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De igual manera señalan que existen "indicios plausibles" que en el proceso de verificación de votantes en el padrón correspondiente electoral de Nicaragua, "se ha alterado de manera estructural el padrón nacional con la finalidad de beneficiar a las fuerzas oficialistas en la elección venidera. Lo anterior ocurre, nuevamente, en un contexto de manipulación, coacción a todos sus niveles por la falta de independencia del Consejo Supremo Electoral" denunciaron.

“solicitamos se declare ILEGITIMO el proceso electoral" reiteran las organizaciones de la Diáspora ya que el proceso "no presta las garantías y condiciones de observación nacional e internacional, y las reiteradas violaciones en el marco de los estándares interamericanos para celebrar unas elecciones libres, justas y transparentes".

Por otro lado, recuerdan al secretario Luis Almagro que en el país continúa una crisis de derechos humanos desde abril de 2018, en que más de 328 personas perdieron la vida, más de 2000 fueron heridas, al menos 1,614 fueron víctimas de la privación arbitraria de libertad y más de 100 mil debieron emigrar forzosamente del país para salva guardar sus vidas.

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 Dicho contexto represivo ha sido verificado y denunciado como crímenes de lesa humanidad por el Grupo de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH.