Alianza Cívica denuncia condiciones de detención de cuatro de sus integrantes, exigen trato humano

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), a través de un comunicado, denunció las condiciones de detención en las que continúan los presos políticos: Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri Chamorro, Lesther Alemán Alfaro y Max Jerez Meza, integrantes de esa organización política, así como la de 145 reos de conciencia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Los miembros de la ACJD fueron capturados por oficiales de la Policía Sandinista (PS) en los últimos cinco meses de este año, mientras el resto de presos políticos fueron privados de su libertad en el contexto de la insurrección cívica de 2018.

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La organización exige que se respeten los derechos humanos y constitucionales de los detenidos y se les facilite condiciones como: "Una alimentación adecuada, pero en caso que no se tenga esa capacidad, poder los familiares llevar dicha alimentación; estipular un régimen de visitas familiar y de sus abogados, una asistencia médica adecuada y entregar a los familiares las recetas de los medicamentos; cambiar la medida cautelar a régimen domiciliar a las personas mayores de 60 años; permitir la lectura para autorizar que los familiares puedan entregar cartas de su núcleo familiar o bien cualquier documento de lectura; que todos puedan acceder a tomar el sol".

Denuncian que los presos políticos no reciben una alimentación adecuada, por lo que presentan desnutrición y deshidratación severa. No les permiten diferenciar el día de la noche,ya que las luces de las celdas se mantienen encendidas permanentemente. No tienen acceso a suficiente luz solar que es vital para vitaminar la piel, a actividades lúdicas ni de lectura.

Trato inhumano de la dictadura

La ACJD recordó que la dictadura de Ortega y Murillo ha sido despiadada e inhumana, ya que no ha permitido que los reos de conciencia puedan despedirse de sus seres queridos cuando estos han estado en el lecho de muerte y al fallecer. "Peor aún de sus madres, tal es el caso reciente de Max Jerez Meza y José Adán Aguerrí y con anterioridad a más de 12 de presos políticos a quienes se les negó asistir al funeral de sus seres queridos. Este derecho está contemplado en el artículo 69 del Código Penal, capítulo VIII De los permisos de salida, comunicaciones y visitas", recuerda el comunicado.

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La organización opositora también demanda: Que cada preso político pueda verde manera regular a su familia mediante la implementación del régimen que prevé la ley de Nicaragua, que las visitas deben de realizarse con la periodicidad señalada en el Reglamento Penitenciario, que el ingreso de medicinas, alimentos e insumos de higiene personal sea permitido, que cada prisionero reciba suficiente tiempo de luz solar directa cada día, acceso a un abogado elegido libremente, que cada persona procesada o acusada participe en la preparación de cada audiencia.

"Es esencial que el abogado elegido tenga acceso irrestricto a su defendido, a las evidencias y a cada parte del proceso para confirmar la licitud de las pruebas y garantizar el derecho a presentar recursos. Una medida cautelar diferente a la prisión para los nueve los presos políticos mayores de 60 años. Este es un derecho establecido en el Código Procesal Penal y en la Ley del Adulto Mayor y a la inmediata asistencia médica para cada preso político que lo requiera", finaliza el comunicado.