CIDH solicita ampliar medidas provisionales para Cristiana Chamorro, Miguel Mora, Arturo Cruz y otros 12 presos políticos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ampliar las medidas provisionales para proteger los derechos de la precandidata presidencial, Cristiana Chamorro Barrios y de 14 presos políticos, así como sus respectivos núcleos familiares, quienes se encuentran en una situación de extrema gravedad y urgencia de daños irreparables a sus derechos en Nicaragua.

Las 15 personas son: Chamorro Barrios, Pedro Joaquín Chamorro Barrios, Walter Antonio Gómez Silva, Marcos Antonio Fletes Casco, Lourdes Arróliga, exdirectivos y extrabajadores de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), así como para Pedro Salvador Vásquez, chofer de Cristiana.

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También para Arturo José Cruz Sequeira, precandidato presidencial de la plataforma Alianza Ciudadana; Luis Alberto Rivas Anduray, exvicepresidente de Funides y director de Banpro Grupo Promerica; Miguel de los Ángeles Mora Barberena, precandidato presidencial en el partido político de Renovación Democrática.

La lista de personas incluye también a líderes y lideresas del partido político Unión Democrática Renovadora (Unamos): Dora María Téllez Arguello, Ana Margarita Vijil Gurdián, Suyen Barahona Cuán, Jorge Hugo Torres Jiménez, Víctor Hugo Tinoco Fonseca; y al líder político de la Coalición Nacional, José Bernard Pallais Arana.

Reos de conciencia corren grave peligro

La Comisión Interamericana otorgó medidas cautelares a favor de la mayoría de las personas identificadas y sus núcleos familiares, tras identificar que se cumplían los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad a los que hace referencia el artículo 25 de su Reglamento.

“Pese a las reiteradas solicitudes de la CIDH para obtener información del Estado, no se recibió respuesta que indique que se adoptaron medidas de protección para atender la situación de riesgo, lo cual es especialmente preocupante, debido a que recientemente 14 de estas personas permanecieron incomunicadas, en prisión preventiva o arresto domiciliario. Asimismo, se han visto impedidas de contar con las garantías mínimas de todo proceso, en un contexto de escalamiento de la crisis en Nicaragua agudizada por el periodo electoral, lo que ha implicado que se vean impedidas de participar políticamente, de alguna forma, en las elecciones generales de noviembre de 2021”, cuestiona la CIDH.

La CIDH destaca que las personas identificadas son públicas, conocidas o identificadas como de oposición al actual gobierno de Nicaragua, integrantes de diversos sectores de la sociedad nicaragüense. “Particularmente, han buscado impulsar que las elecciones generales de noviembre de 2021 sean democráticas; y que se garanticen los derechos humanos”, indicó.

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“La información recibida recientemente respecto de la persistencia de los eventos de riesgo a su vida e integridad personal, sumados a los indicios de arbitrariedad en las detenciones de 2021, la falta inicial de información concreta sobre sobre la ubicación y las condiciones actuales de detención, sobre los tipos penales utilizados dentro del marco normativo tendiente a criminalizar a toda persona percibida como opositora, así como las denuncias múltiples, circunstanciadas y consistentes sobre violaciones al debido proceso en su causa sugieren que dicha privación de libertad guarda estrecha relación con una intención dirigida a silenciarlos mediante represalias, bloquearles toda posibilidad de articulación social y política, y con ello enviar un mensaje de castigo a las personas que se manifiesten o protesten en contra de las acciones estatales o que busquen ser oposición al actual gobierno de Nicaragua en las próximas elecciones generales de noviembre de 2021”, consideró la CIDH sobre las intenciones de la dictadura.

Cabe destacar que la dictadura de Ortega y Murillo no acatan las resoluciones de la CIDH y tampoco de la Corte IDH, por el contrario sigue violando los derechos humanos y constitucionales de los presos políticos y los nicaragüenses que denuncian sus abusos.