CIDH denuncia en OEA concentración de poder en Nicaragua

A cuatro días de los comicios electorales en Nicaragua, la Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, presentó ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) el informe “Concentración de Poder Político y Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua”, el cual muestra un debilitamiento del Estado de Derecho y progresivo deterioro de derechos humanos. 

Urrejola explicó que la “concentración del poder” por el Ejecutivo ha facilitado que Nicaragua se transforme en un estado policial de facto, instalado un régimen de supresión de todas las libertades, a través del control y vigilancia de la ciudadanía, así como la represión a través de las instituciones de seguridad estatales y paraestatales avalado por los poderes del Estado, en concertación con las instituciones de control. 

“No existe en el país un sistema de pesos y contrapesos puesto que todas las instituciones responden a las decisiones del Ejecutivo”, dijo Urrejola.

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La CIDH constató en los últimos meses la intensificación de la represión con la detención arbitraria y criminalización de más de 30 personas bajo cargos infundados y sin las debidas garantías judiciales, incluyendo 7 personas precandidatas a la Presidencia. 

La Comisión resaltó que desde hace más de dos décadas, a partir del llamado pacto "Alemán-Ortega" de 1999, se promovió la instalación de un control bipartidista con el objeto de facilitar la cooptación de los más altos cargos de la administración pública. 

A este punto agregó que a pesar de existir una prohibición constitucional sobre la reelección, en el 2010 el Pleno de la Corte Suprema permitió que Daniel Ortega se presentará como candidato a la presidencia en las elecciones de noviembre de 2011, luego la Asamblea Nacional habilitó la reelección presidencial indefinida.

“Las diferentes etapas y modalidades terminaron en el completo quebrantamiento del principio de separación de poderes y en la instalación de un Estado de excepción de facto”, manifestó.

Asimismo, la presidenta de la CIDH señaló que las elecciones generales representaban para la sociedad nicaragüense la posibilidad de iniciar un período transicional para lograr el restablecimiento del Estado de Derecho y la democracia, pero lamentablemente las medidas represivas de Ortega dan cuenta que el proceso no cumple con los estándares interamericanos para garantizar elecciones libres, justas, transparentes y pluralistas.

“Actualmente, en el país las distintas funciones del Estado no corresponden a órganos separados, independientes y equilibrados entre sí. Todos los poderes públicos están alineados y dirigidos por el Ejecutivo, por lo que no representan límites para el ejercicio del poder, ni impiden las arbitrariedades; por el contrario, las facilitan o consolidan”, insistió

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En su informe, Urrejola lamenta la falta de voluntad del Estado nicaragüense para superar la crisis debido a que persiste una narrativa de negar las violaciones a derechos humanos y estigmatizar a las víctimas. 

“El gran desafío que enfrenta hoy Nicaragua es el restablecimiento de las garantías y libertades fundamentales de un Estado democrático de derecho que permitan retomar la democracia representativa y participativa y la separación efectiva de los poderes. Para ello deben garantizarse condiciones para que las elecciones sean justas, libres y transparentes, conforme a los principios establecidos en la Carta Democrática Interamericana”, concluyó Urrejola

Parodia de elecciones

Tras la presentación del informe, el representante de Canadá, Hugh Adsett, dijo que las elecciones en Nicaragua son una “parodia” debido a que no serán libres, imparciales y transparentes “los resultados de las elecciones serán ilegítimos”

Asimismo, Bradley. Freden, Representante Interino de los Estados Unidos, señaló que las elecciones generales perdieron toda credibilidad “son simplemente una mentira (...) este órgano debe seguir trabajando para asegurar que haya verdaderas consecuencias (...) Daniel Ortega y Rosario Murillo no tienen el consentimiento del pueblo nicaragüense para convertir a Nicaragua en una dictadura de un solo partido”

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Mientras tanto, Alejandra Solano, Representante Permanente de Costa Rica llamó a Ortega Murillo a acoger las recomendaciones de la CIDH para superar la crisis de derechos humanos y restablecer la institucionalidad democrática, estado derecho y libertades fundamentales.

“Una vez más al Estado de Nicaragua a realizar elecciones libres, transparentes y justas, poner fin de inmediato a la represión y a las detenciones arbitrarias, así como las violaciones de los derechos humanos que se vienen registrando en ese país. Nicaragua tiene la obligación de respetar todos los compromisos internacionales y el derecho internacional”, indicó 

Antes que iniciara la presentación del informe Michael Campell, representante de Nicaragua, llamó “mentirosos” a los embajadores y los acusó de realizar “campañas terroristas”.

“Actores de reparto, malvados, son evidentes las intenciones de juzgar acciones desestabilizadoras, Nicaragua no acepta ni aceptará informes y posiciones que ofenda o lesionen su libertad ni ninguna acción violatoria de los principios de no injerencia en los asuntos de otros Estados”, dijo Campbell