Urnas Abiertas estima abstención en 81.5% en Nicaragua
El observatorio de Urnas Abiertas sitúa la abstención entre un 79% como mínimo y un 84% como máximo para un promedio nacional de 81.5%, así lo destacaron en el segundo informe al final de la noche de este domingo. Este observatorio considera que hubo sólo 18.5% de participación en los comicios.
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Urnas Abiertas una vez más catalogó el proceso “viciado de origen e ilegítimo” y además informaron que recibieron reportes de varias anomalías y violencia política desde todos los departamentos y las regiones autónomas del país y de por lo menos 119 de los 153 municipios del país, lo que equivale a un 78%.
Irregularidades en los Centros de Votación
El organismo independiente detalló en su último informe que han recibido reportes de anomalías en los Centros de Votación desde todos los departamentos y regiones autónomas del país.
“En por lo menos 203 Centros de Votación se reportó el uso de vehículos del Estado para trasladar votantes, activistas u otras actividades partidarias. En al menos 129 CV no se implementaron medidas contra la COVID-19 y se han recibido al menos 71 reportes de propaganda al interior de los C.V”, indicó el organismo mediante un comunicado.
De acuerdo con el observatorio de Urnas Abiertas, la mayor cantidad de reportes de uso de vehículos estatales para el traslado de votantes y otras actividades partidarias provinieron de las alcaldías municipales.
“Las instituciones que participaron con vehículos para el traslado de votantes son: Alcaldías, MEFCCA, MINED, INSS, INATEC, Ministerio de Familia, MINSA, MAGFOR, MTI, Bomberos, Policía Nacional y Ejército de Nicaragua. También se ha reportado propaganda a través de afiches, banderas y votantes y fiscales ropa con simbología de su partido”, se lee en el comunicado.
Violencia política en el ejercicio del voto
Este siete de noviembre, Urnas Abiertas también realizó observación ciudadana con más de 1,450 personas observadoras, quienes reportaron actos intimidatorios que en su mayoría consistieron en: patrullaje policial, parapolicial, y activistas del partido de gobierno en sus vecindarios, así como la presencia y control del partido sandinista en los centros de votación.
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El organismo independiente reportó que las anomalías provienen desde 13 departamentos, como son: Boaco, Chinandega, Chontales, Estelí, Granada, Jinotega, León, Managua, Madriz, Masaya, Matagalpa, Nueva Segovia y la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.
“La manifestación de violencia política que fue reportada con mayor frecuencia fue la presencia paramilitar en los alrededores de los CV, estos paraestatales ejercieron un rol de control de las personas que llegaban y también mantuvieron actitud intimidatoria contra la ciudadanía, por lo menos un 81% de las y los observadores in situ de Urnas Abiertas se sintieron amenazados por la presencia paramilitar”, denunció el organismo electoral.
Según el documento, en algunos casos los paramilitares realizaban rondas al interior de los CV para vigilar a las personas que se encontraban adentro.
“En Estelí se reportó la presencia de encapuchados pidiendo la cédula de las personas antes de ingresar al CV.”, añade el documento.
Las casas de vigilancia en los alrededores de los CV tenían por objetivo fundamental controlar que trabajadores del Estado, estudiantes de universidades públicas y simpatizantes del FSLN llegaran a ejercer su voto, “en algunos casos pedían que al salir del CV la persona mostrara una foto de la boleta”, añade el documento.
En otros casos en estas casas de vigilancia tenían un padrón impreso marcando quiénes iban llegando a votar y tomaban fotos de personas no afines al FSLN que entraran a los CV a ejercer su voto.
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El proceso de observación ciudadana fue desarrollado por un equipo multidisciplinario y con el apoyo de cinco organizaciones con presencia en Nicaragua inició desde el análisis del contexto electoral.
“Durante el día 7 de noviembre de 2021 se desarrolló la observación electoral in situ con la participación de más de 1.450 personas para registrar el comportamiento de participación ciudadana en el ejercicio de su derecho a votar, y la violencia político-electoral que se haya vivido durante la jornada de votación, así como otros indicadores que serán presentados en días posteriores”, finaliza el documento.