Presentan informe Dictadura y Represión en Nicaragua, documenta los crímenes de lesa humanidad

Diferentes organizaciones defensoras de Derechos Humanos y familiares de las víctimas de la represión gubernamental en Nicaragua presentaron en Costa Rica un informe histórico en el que muestran y analizan los “crímenes de lesa humanidad, de terrorismo de Estado y la situación de impunidad en Nicaragua”.

En la presentación del informe estuvieron presentes 15 organizaciones defensoras de Derechos Humanos, quienes se han encargado de documentar los vejámenes del régimen.

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Para la elaboración del informe se utilizó una metodología participativa y técnicas de documentación y registro con un enfoque de derechos humanos que incluyó la perspectiva de género. También se desarrollaron dos líneas de trabajo. Por un lado, el relevamiento, procesamiento, sistematización y análisis de información cuantitativa y cualitativa a través de fuentes primarias y secundarias disponibles para el período 2018-2021; y, por el otro, la producción participativa del mismo tipo de información directamente por las organizaciones participantes, testigos de la historia.

“El informe da cuenta de que, en abril de 2018, se inició una de las crisis sociopolíticas más graves de los últimos años en Nicaragua, cuyas consecuencias sociales, económicas e institucionales permanecen y tienden a agravarse. Existe acuerdo en señalar que la tardía respuesta del Gobierno en apagar el incendio de la Reserva Indio Maíz que comenzó el 3 de abril de 2018; así como una serie de reformas al Sistema de Seguridad Social; el cierre de espacios de participación y la política de obligar a estudiantes universitarios a formar parte de actividades progubernamentales provocaron protestas sociales masivas en distintas localidades del país, que fueron ferozmente reprimidas por agentes estatales, fuerzas de choque progobierno y grupos armados paraestatales, mediante el uso desproporcionado de la fuerza, utilizando armas letales, con un saldo de centenares de personas muertas, heridas, detenidas, torturadas y criminalizadas”, se lee en el informe presentado desde el exilio.

Las organizaciones señalan en el documento que en Nicaragua existe una concentración de poder en Daniel Ortega y la degradación del Estado de Derecho desde hace más de dos décadas, a partir del acuerdo conocido como Pacto "Alemán-Ortega”, realizado en 1998 para consolidar un sistema bipartidista y para instrumentar reformas constitucionales y electorales que permitieron el despojo del pluralismo político y la democracia participativa, además del control casi absoluto de los otros poderes del Estado y de las instituciones autónomas.

“El Poder Judicial no estuvo exento de reformas para lograr también su absoluta subordinación. Las reformas electorales realizadas fueron limitando el derecho a la participación de otros espacios políticos de la oposición, que dieron lugar al control absoluto por parte de Ortega sobre la Asamblea Nacional, lo que le permitió avanzar en la sanción y la reforma de leyes fundamentales, entre ellas, una nueva reforma constitucional en 2014 que habilitó la reelección sucesiva e indefinida”, añade el documento.

Policía represora

El informe también indica que la Policía y el Ejército han reprimido a las personas que han alzado su voz contra la dictadura para exigir justicia.

“La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se encuentran subordinadas al presidente de la República y se habilita al Ejército a realizar funciones civiles. En este Estado Policial, existen asimismo grupos paraestatales que vienen actuando en forma paralela y coordinada con la Policía Nacional; y se conformaron Comités de Liderazgo Sandinista, como parte de los dispositivos de control social en las instituciones públicas”, indica el documento.

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Desde julio de 2018 y mayo de 2020, al menos 3.850 personas han sido detenidas de forma arbitraria y por causas políticas, señala el informe.

Actualmente, el régimen de Daniel Ortega mantiene una persecución férrea contra los líderes opositores y otras voces críticas a su dictadura.

“existe una persecución penal sistemática a líderes de diferentes sectores de la sociedad. En este marco, la Justicia Penal arma expedientes judiciales contra líderes de diferentes sectores de la sociedad nicaragüense con una participación activa en la protesta social, calificándolos de “terroristas”, “golpistas” y “traidores a la patria”, procesando de forma acelerada a personas detenidas, y violando la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el debido proceso”, se lee.

Impunidad

“Los crímenes de lesa humanidad” ejecutados por el régimen y las graves violaciones a los Derechos Humanos sucedidas en los últimos tres años de crisis sociopolítica se produjeron con garantía de total impunidad, vulnerando los derechos de acceso a la justicia y el derecho a la verdad de las víctimas, sus familiares y la sociedad toda. Ni el Sistema de Justicia Penal, ni los mecanismos de control internos o administrativos actuaron debidamente frente a crímenes y abusos a todas luces evidentes, señala el informe.

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“En la actualidad, el estado de impunidad es completo y estructural. El Ministerio Público Fiscal no ha avanzado en ninguna investigación que señale la responsabilidad penal. Las víctimas y sus familiares desconfían del sistema institucional. Por tal motivo, numerosas familias decidieron no formular denuncias”, denunciaron.

Tipos de ataques

Las etapas de la represión pueden caracterizarse del siguiente modo:

1) Represión generalizada a la protesta ciudadana: abarca tanto a las manifestaciones como a los medios de comunicación independientes y a personas defensoras de derechos humanos, cuyas víctimas dejan de ser atendidas por el personal de salud y cuyos familiares ven obstaculizado su derecho a la justicia.

2) Imposición de un Estado terrorista y la “Operación Limpieza”: tuvo como objetivo desmantelar las barricadas y los tranques a partir de "caravanas de la muerte" llevadas a cabo por grupos paramilitares que secuestraron personas, allanaron viviendas, llevaron a cabo detenciones, torturas y traslados a la cárcel. Esto obligó a muchas personas al desplazamiento forzado a nivel interno y hacia otros países.

3) Criminalización de la protesta ciudadana, detenciones arbitrarias y presos políticos: se crearon instrumentos legales para la criminalización de la protesta social, principal estrategia del Gobierno para restringir los derechos a la libertad personal, la participación social y política, y la libertad de expresión y de asociación, promoviendo campañas públicas contra lo que el régimen denomina "terrorismo golpista”. Como consecuencia, se observó un enorme exilio y despidos del personal de la salud que se negó a obedecer las órdenes estatales de no atender a los y las manifestantes heridos/as.

4) Prohibición de la protesta social, hacia un Estado de Excepción: existieron discursos de odio y violencia provenientes directamente del presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo y resultó imposible avanzar en caminos de diálogo. Tuvieron lugar amenazas explícitas al sector empresarial, a quien se le atribuyó la destrucción de la economía. La cooptación de la Asamblea Nacional se vio reflejada en la sanción de dos leyes paradigmáticas que demuestran la concentración absoluta del poder bajo la figura del régimen Ortega-Murillo.

5) Secuestros exprés, torturas y cárceles clandestinas: se evidenció un patrón de secuestro, allanamientos ilegales a domicilios y centros de trabajo. Miles de personas debieron dejar el país, solicitando la protección internacional. Bajo los “secuestros exprés” las personas fueron llevadas sin rumbo conocido y aparecieron hasta varios días después, habiendo sido maltratadas y habiendo sido negada cualquier información a sus familias. A las personas defensoras de derechos humanos se les comenzó a atribuir delitos comunes, en un intento para que las víctimas no figuren como presas políticas. A las detenciones ilegales y arbitrarias en puestos fronterizos, se les sumaron saqueos y destrucción de bienes, viviendas y negocios.

6) Encarcelamiento y criminalización de opositores electorales: el Gobierno avanzó en nuevas reformas electorales y en el encarcelamiento de los opositores que pretendían competir con Ortega en las recientes elecciones. La Asamblea Nacional aprobó una reforma al sistema electoral que prohíbe el financiamiento a los partidos desde el exterior y limita la participación de observadores internacionales. Asimismo, se sumaron una serie de detenciones arbitrarias e ilegales de opositores políticos, cuyas imputaciones violan derechos fundamentales.

El informe finaliza denunciando la falta de atención médica por parte del Estado de Nicaragua a los manifestantes heridos en el año 2018, así como la falta de acceso a la libertad de prensa, el encarcelamiento de opositores y el asedio a periodistas y medios de comunicación que han sido confiscado de facto por parte de  la dictadura.