Juicios políticos contra opositores inician este martes 1 de febrero, anuncia fiscalía de Nicaragua

El Ministerio Público al mando de Ana Julia Guido, anunció este lunes el inicio de los juicios en contra de todos los presos políticos que se encuentran en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como “Nuevo Chipote” y los que están bajo arresto domiciliar a los que llamó “delincuentes y criminales”, siguiendo el mismo patrón de discursos de odio tanto de Daniel Ortega y Rosario Murillo. 

El sancionado Ministerio Público indicó por medio de una nota que los juicios se reanudarán a partir de este martes 1 de febrero.

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“Estos mismos criminales y delincuentes, han reincidido, atentando contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüense, comprometiendo la paz y la seguridad”, señala el comunicado.

El documento agrega que los presos políticos “son los mismos que promovieron y dirigieron los actos terroristas de la agresión del fallido intento de golpe de Estado del año 2018, habiendo paralizado el país y creado daños a la economía; son los mismos que han provocado tanto dolor y luto en las familias nicaragüenses a causa de los asesinatos, torturas y secuestros”.

De esta manera el régimen de Daniel Ortega le responde a los familiares de los presos políticos que la semana pasada pidieron “un proceso de unificación ciudadana” para encontrar una salida a la liberación de los encarcelados de conciencia. La propuesta fue respaldada por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) quien pidió un diálogo “sin precondiciones”.

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El inicio de los juicios, que permanecieron paralizados porque los jueces estaban con sus “agendas llenas”, será este primero de febrero del 2022, y según el Ministerio Público es en estricto apego “a la Constitución y las Leyes de la República, y dándole cumplimiento a los plazos legales y a la programación de las correspondientes agendas judiciales, se realizarán los juicios orales y públicos, de los acusados”, señala el comunicado de la institución que fue sancionada por los Estados Unidos.

Acusados con la Ley 1055

Desde el pasado mayo, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo emprendió por medio de la Policía y del Ministerio Público una ola de arrestos arbitrarios que tiene bajo detención al menos a 46 líderes de la oposición entre ellos siete aspirantes a la Presidencia, así como periodistas, empresarios, estudiantes, campesinos, analistas políticos, ex vicecancilleres, entre otros.

Según el Ministerio Público controlado por la orteguista Ana Julia Guido, los señalados están siendo acusados por violentar la Constitución Política, la cuestionada ley 1055, Ley de Seguridad Soberana y el Código Penal de la República de Nicaragua.

“Estarán siendo procesadas por cometer menoscabo a la integridad nacional, por haber recibido recursos de fuentes extranjeras para cometer los delitos de lavado de dinero, bienes y activos”, agrega el comunicado.

Ministerio Público vierte ofensas

Siguiendo el vocabulario de Rosario Murillo, el sancionado Ministerio Público acusó a los reos políticos de “alterar la paz y tranquilidad” de los nicaragüenses “creando zozobra y lesionando los intereses supremos de la nación”.

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“Han realizado actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación de Nicaragua y han incitado públicamente a la injerencia extranjera en los asuntos internos, proponiendo o gestionado bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, incluso, una vez más, han realizado llamados a la intervención armada de potencias extranjeras como los Estados Unidos de Norteamérica. Han demandado y celebrado la imposición de sanciones en contra del Estado de Nicaragua y las familias nicaragüenses”, señala el comunicado.

El régimen de Daniel Ortega ha guardado silencio sobre el llamado al diálogo, pero algunas voces del oficialismo han descartado un posible diálogo, conversación o negociación sobre la liberación de los presos políticos y han expuesto que será un diálogo sobre temas económicos.