Cristiana Chamorro obligada a usar el traje azul y fue esposada, Cenidh condena “ensañamiento”
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), una vez más rechazó el juicio contra de la excandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios y los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios (FVBCH) y condenó el “ensañamiento” de la dictadura en contra de la hija de doña Violeta Barrios de Chamorro, expresidenta de Nicaragua (1990-1996) y del mártir de las libertades públicas, Pedro Joaquín Chamorro.
De acuerdo con una publicación del Cenidh en Twitter, Chamorro Barrios fue trasladada desde su vivienda, ubicada en Carretera Sur, en Managua hasta las instalaciones del complejo Evaristo Vásquez, conocido como el nuevo Chipote, en donde los carceleros la obligaron a ponerse el traje azul y procedieron a esposarla con bridas plásticas para luego llevarla a la sala donde se realizaría el juicio político.
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“Condenamos ensañamiento contra la presa política Cristiana Chamorro Barrios, fue llevada de su casa al Chipote, donde la metieron a una celda, le obligaron a usar uniforme azul y le pusieron esposas de plástico. Así la presentaron en la farsa judicial”, escribió el Cenidh en su cuenta de Twitter.
Chamorro Barrios fue detenida al mediodía del 2 de junio, después que agentes de la sancionada Policía allanaran su vivienda, ocuparan varias pertenecías y la dejaran incomunicada. La tarde de ese mismo día, su hermano Carlos Fernando Chamorro denunció que después de varias horas de allanamiento, la exdirectora de la FVBCH quedó en “casa por cárcel”.
Los procesados
Este jueves, también se procesa a Pedro Joaquín Chamorro -hermano de Cristiana-, Walter Gómez, contador general, Marco Fletes, administrador financiero, Pedro Vásquez, conductor de la excandidata presidencial.
También fueron acusados Ana Elisa Martínez exdirectora ejecutiva, Lourdes Arróliga periodista y analista de medios, Guillermo Medrano exdirector de DDHH de la FVBCH.
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En el juicio político la sancionada Fiscalía acusa a Pedro Joaquín Chamorro Barrios -detenido el 25 de junio del año pasado- por el supuesto delito de gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida, mientras que don Pedro Vásquez, chofer personal de Cristiana, es acusado de colaborador necesario para el delito de lavado.
En la investigación contra la Fundación, el Ministerio Público también acusó al periodista Carlos Fernando Chamorro, director de CONFIDENCIAL, por presunto lavado de dinero, gestión abusiva, y apropiación y retención indebida, a pesar de que ni Chamorro ni CONFIDENCIAL tienen algún vínculo, legal, económico, o institucional con la FVBCH, ha reiterado en varias ocasiones el medio.
El periodista se encuentra actualmente en el exilio por segunda ocasión, y desde 2018 ha sido víctima de la confiscación de las oficinas de sus empresas.
La persecución contra la FVBCH inició en mayo de 2021, cuando Cristiana Chamorro, hija de doña Violeta Barrios, expresidenta de Nicaragua (1990-1996) decidió cerrar la fundación para no someterse a la “Ley de Agentes Extranjeros”, aprobada por el régimen de Daniel Ortega.
El juicio está a cargo del juez Luden Martín Quiroz García, del Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua, quien ha condenado a otros presos políticos como al periodista Miguel Mendoza, al exembajador de Nicaragua en Costa Rica, Mauricio Díaz, entre otros.
Las citas de la Fiscalía
Una vez que Chamorro Barrios oficializara sus intenciones de alcanzar la silla presidencial, el Ministerio de Gobernación comenzó a citarla, aduciendo que en los informes de la Fundación habían “inconsistencias financieras”, un día después, el caso fue pasado a la Fiscalía, quienes comenzaron a citar a todos los trabajadores de la Fundación, a periodistas y dueños de medios de comunicación.
El delito que la Fiscalía les incriminaba era recibir capacitaciones de parte de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que apoyó a hombres y mujeres de prensa en temas de la libertad de expresión.
Posteriormente, la Dirección de Auxilio Judicial de la sancionada Policía, comenzó a “citar” en calidad de “entrevistados” a todas las personas que la Fiscalía había llamado.
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Muchos de los periodistas que el año pasado fueron citados por la Fiscalía para declarar, ya no se encuentran en Nicaragua, producto del acto de intimidación que representaron esos interrogatorios en el Ministerio Público.
El año pasado unas 150 personas desfilaron por la sancionada Fiscalía, a las que asociaron a la extinta fundación.