Familiares de Presos políticos de El Almendro piden la nulidad de la condena

Familiares de los presos políticos del municipio de El Almendro en Río San Juan son los primeros en apelar a las sentencias condenatorias.
Cortesía

Veyra Bravo Araúz interpuso un nuevo recurso de apelación ante La Suprema Corte de Justicia este 7 de abril por irregularidades al debido proceso de su esposo el opositor Moisés David Salinas Paz quien fue detenido el pasado 6 de enero junto a Rubén Araldo Manzanares Mena en el municipio de El Almendro, Río San Juan. 

El pasado 25 de marzo, ambos procesados fueron condenados a diez años de prisión por los supuestos delitos de “menoscabo a la integridad nacional y difundir noticias falsas”.  Además, se les ordenó pagar la suma de 56,451.16 córdobas.

Lea: Observatorio Ciudadano registra menos contagios de Covid19 en los últimos días

Veyra Bravo recordó que su esposo utilizaba un teléfono básico y utilizaba el de ella para tomarse fotos, razón por la cual consideró ilógico que se le acuse entre otros señalamientos de ciberdelito.

De los más de 178 reos políticos en el país, los familiares de Salinas Paz y Manzanares Mena son los primeros en apelar la sentencia condenatoria y aducen que les fueron violentados sus derechos constitucionales en todo momento. Antes, durante y después del proceso judicial, se violaron las garantías conforme la ley de Justicia Constitucional, Ley 983.

La misma en el Artículo 51, establece: “Si el Tribunal de Apelaciones denegara sin fundamento alguno la tramitación del recurso, el recurrente podrá comparecer directamente ante Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Debe acompañar la certificación de las piezas principales del objeto del recurso. Una vez obtenidas, el recurrente tendrá un plazo de quince días para comparecer. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tramitará el recurso conforme el procedimiento establecido en la presente ley”.

Lea más: Rosario Murillo trata de borrar la memoria del 19 de abril y anuncia actividades deportivas para ese día

Para Bravo entre las irregularidades de la sentencia condenatoria están “los 103 días de detención ilegal” negando que la detención de su esposo haya sido el pasado 15 de febrero como establece la sentencia (Número 0018/2022PN).

Para ello, se apoya en dos recursos de amparo que interpuso en el Tribunal de Apelaciones de Juigalpa, el 11 y 25 de noviembre. La denunciante asegura que fue hasta enero pasado que recibió respuesta de ambos. 

En tanto, José Antonio López de los Abogados Defensores del Pueblo a cargo de la defensa de Salinas Paz y Manzanares Mena, ambos condenados por los supuestos delitos de “menoscabo a la integridad nacional y difundir noticias falsas”, cuestionó las irregularidades del debido proceso al igual que su cliente.

“Nos encontramos en el expediente judicial con dos órdenes de detención el 15 de febrero de 2022, pero si los familiares presentaron dos recursos de amparo por “exhibición personal por detención ilegal con fecha de noviembre ¿por qué no acusaron o se les abrió proceso por falsa denuncia?”, cuestionó López.  

Lea también: Régimen en Nicaragua dice que asumirá 100% de alza en precio de combustible y gas licuado esta semana

En este sentido, López y Bravo concluyen que para ambos condenados se quebrantó el debido proceso y se quebrantó el derecho a ser procesado de conformidad con la Ley. “Para nosotros es una injusticia notoria el caso de estos procesados y vamos a pedir al honorable Tribunal de Apelaciones de Juigalpa que apliquen el ‘in dubio pro reo’ si tienen duda que apliquen la norma más beneficiosa ¿cuál es? Ordenar la nulidad absoluta y perpetua y ordenar la libertad de estas personas”.

Ayúdanos a romper la censura,
necesitamos tu apoyo para seguir informando

DONA AQUÍ