Almagro: “Ni en tiempos de las peores dictaduras en la región”, hubo toma violenta de oficinas de OEA en Nicaragua

El régimen de Daniel Ortega violó todas las normas de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) y los acuerdos de inmunidades y privilegios con la ocupación ilegal de las oficinas del organismo regional en Managua, denunció el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

En una carta enviada a la presidente del Consejo Permanente, Elizabeth Darius Clarke, Almagro explicó la situación de la oficina nacional de la OEA en Nicaragua, la cual considera una flagrante violación, nunca antes vista.

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El alto representante denunció que el domingo 24 de abril el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, en conferencia de prensa, manifestó que el gobierno expulsa a la OEA, calificando entre otros de “engendro” al Consejo Permanente y a los demás órganos de la OEA.

“Inmediatamente después fuerzas policiales ocuparon la sede de dicha oficina, apoderándose de sus archivos, así como de todo el material existente. Los funcionarios de la Secretaría General pueden correr serios riesgos”, indicó

En la misiva, Almagro señala que esas acciones nunca habían ocurrido, ni en tiempos de las peores dictaduras en la región, incluidas las que había vivido Nicaragua.

“Estamos ante la violación de las más elementales normas que regulan las relaciones entre Estados y organizaciones internacionales, abriendo un precedente que la región no había conocido hasta ahora”

En este sentido, el secretario general enumeró las violaciones que cometió el régimen Ortega Murillo, primero, la Carta de la OEA en el artículo 133 establece que “la Organización de los Estados Americanos gozará en el territorio de cada uno de sus miembros, de la capacidad jurídica, privilegio e inmunidades que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones y la realización de sus propósitos”

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Segundo, en 1949 se celebró el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la OEA con sus estados miembros ratificado por Nicaragua el 25 de enero de 1961.

Tercero, el 2 de octubre de 1989 con la firma del canciller Miguel D'Escoto Nicaragua suscribió con la Secretaría General de la OEA “el Acuerdo General entre la secretaría general de la OEA y el gobierno de la República de Nicaragua, sobre el funcionamiento de la oficina de la secretaría general de la Organización de los Estados Americanos y el reconocimiento de sus privilegios e inmunidades”

“Este acuerdo detalla los privilegios e inmunidades que el gobierno le reconoce a la oficina de la secretaría general contra todo tipo de procedimientos, allanamiento, registro, confiscación o cualquier otra medida sin el consentimiento de las autoridades de la secretaría general”

En este sentido, Nicaragua está obligada a cumplir esos acuerdos “ninguna de las partes puede unilateralmente interpretar su texto ni aplicarlo a su conveniencia” 

Según Almagro, aunque Nicaragua denunció la Carta de la OEA esta se hará efectiva el 19 de noviembre del 2023 “siempre y cuando para entonces haya cumplido con todas sus obligaciones”

Ante esto, “No hay posibilidad alguna de dar por terminada su condición de miembro de la OEA, antes de esa fecha, hasta entonces Nicaragua estará sujeta a todas las obligaciones que emanan de la Carta y de los acuerdos que en su marco ha celebrado”, luego que el MIREX comunicó a la Secretaría General que cancela y cierra sus oficinas mediante el uso de la fuerza.

Por ello, Almagro resaltó que es una “flagrante” violación de todas las normas de la OEA y de los acuerdos de inmunidades y privilegios. 

“Es contrario a los principios fundamentales que regulan las relaciones entre Estados (...) En ningún caso estás normas admiten el cierre de oficinas unilateralmente. En todos los casos se requiere el acuerdo el consentimiento de la Secretaría General”

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Para Almagro, la toma de las oficinas es un acto despreciable en términos jurídicos, políticos y éticos, “constituye una acción de violencia y es atentatoria de la normativa internacional. Se pone en conocimiento al Consejo Permanente para ulteriores acciones de la organización y de sus Estados miembros este informe de lo hecho”

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