Régimen en Nicaragua cancela 96 ONG, incluida la de la hijastra de Daniel Ortega

La Asamblea controlada por el orteguismo cumplió este jueves otra orden de cancelación masiva de personerías jurídicas. En solo minutos, los diputados aprobaron la iniciativa que desaparece a 96 organizaciones no gubernamentales. Es la mayor cantidad de ilegalizaciones que ha ejecutado el Legislativo en una sola sesión desde el año 2018, cuando el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo comenzó a implementar este método de venganza política.

La iniciativa contó con el voto favorable de 75 diputados, 14 se abstuvieron y dos presentes no votaron. A diferencia de otras sesiones, esta vez no hubo discusiones. Se abrió la votación y en minutos las 96 organizaciones quedaron sin sustento legal para operar.

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En la nueva lista de oenegés canceladas se encuentra el Centro de Estudios Internacionales (CEI) que dirigía Zoilamérica Narváez, la hijastra del dictador Daniel Ortega que lo denunció por abusos sexuales en 1998.

También fue ordenado el cierre de las Asociaciones Profesionales de Nicaragua (Conapro), la Asociación Civil de Cafetaleros de Matagalpa, la Fundación para el Desarrollo de las Reservas Silvestres Privadas de Nicaragua y el Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE), este último considerado el brazo social del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).

No obstante, el INDE aseguró el miércoles en un comunicado que la medida no limitará sus operaciones, ya que desde el 2014 dejó de ser una organización supervisada por el Ministerio de Gobernación. Explicó que por encontrarse inscrita en el registro de Cámaras, Federaciones y Confederaciones su actividad es supervisada por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific). Dicha cancelación «no perjudica su estatus jurídico actual y, por lo tanto, continúa operando normalmente», informó.

LAS ACUSACIONES DE GOBERNACIÓN

La iniciativa que fue presentada con carácter de urgencia por el diputado orteguista Filiberto Rodríguez y los argumentos que expone son que las oenegés no se inscribieron como Agentes Extranjeros, «siendo estos sujetos obligados», no presentaron estados financieros con desglose detallados, juntas directivas vencidas, no reportaron donaciones provenientes del exterior, así como tampoco brindar información sobre la identidad y origen de todos sus donantes, con nombres, apellidos, cédula de identidad y pasaporte.

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También los señala de políticas carentes de transparencia, integridad y confianza pública.

Como parte de la ola represiva en contra de las oenegés, en lo que va de 2022 el régimen de Daniel Ortega por medio del Ministerio de Gobernación y la Asamblea Nacional ha ordenado ilegalizar a 373 asociaciones.

En total, desde diciembre del 2018 el orteguismo ha despojado de legalidad a 440 organismos, entre nacionales y extranjeros.

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La operación de exterminio de oenegés incómodas al orteguismo se incrementó a partir del 6 de mayo pasado, tras la entrada en vigor de la nueva Ley General de Regulación y Control de los Organismos Sin Fines de Lucro.