EEUU y España demandan liberación de presos políticos en Consejo de la ONU

Estados Unidos y España demandaron la liberación inmediata y sin condiciones de los presos políticos que mantiene el régimen de Daniel Ortega, luego que la Alta Comisaría de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas ONU, presentó un informe que muestra que la crisis se profundiza más en Nicaragua. 

Según el representante de EEUU, la situación en Nicaragua ha empeorado desde la última actualización en junio, por lo cual exhortó al régimen de Daniel Ortega a liberar a los prisioneros políticos. 

“Los 190 presos políticos están cumpliendo condena injusta, están siendo sometidos a violencia psicológica, aislamiento, se les niega la atención médica y la alimentación adecuada. Instamos a que se ponga en libertad inmediatamente sin condiciones a todos aquellos que han sido detenidos arbitrariamente”, manifestó.

Al mismo tiempo, Washington exhortó a Ortega Murillo a poner fin a los ataques contra el espacio cívico. También señalaron el cierre de 1500 organizaciones no gubernamentales y decenas de medios de comunicación.

Por otro lado, pidieron el fin a la escalada de violencia y opresión contra la Iglesia Católica en Nicaragua, tras la detención del obispo Rolando Álvarez.

“Es importante qué se liberé a los que han sido detenidos. Importante garantizar unas elecciones libres, exhortamos a Nicaragua a volver a cooperar con el ACNUR, con la OEA y tomar medidas concretas para restablecer la democracia, el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos”, concluye la declaración. 

De igual forma, España dijo que la situación en Managua continúa sin mejoras en los principales asuntos recogidos en el informe por lo que consideran que Nicaragua debe permanecer en la agenda del Consejo.

“Instamos a Nicaragua retornar a la senda de la convivencia civil, del estado de derecho, el respeto a la libertad de expresión, reunión y asociación”.

Respecto a las elecciones municipales que se realizará en noviembre próximo, España espera que el régimen lleve a cabo votaciones transparentes con las recomendaciones de la oficina del alto comisionado.

“España reclama a las autoridades nicaragüenses la liberación de todos los presos políticos, la cancelación de su proceso judicial, restitución de sus derechos ciudadanos y el cese de la represión y la violencia”, señalaron.

También instaron a Ortega Murillo a dar todos los pasos necesarios para asegurar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la oficina de la Alta Comisionada permitiendo el trabajo de esta oficina en el país.

Denuncia Rolando Álvarez

En la sesión, la directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENIDH, Vilma Núñez, denunció la persecución contra la Iglesia Católica de Nicaragua, así como la detención del Monseñor Rolando Álvarez junto a sacerdotes y laicos. 

“Lo más grave de la persecución en la última semana contra la iglesia católica es el secuestro de Monseñor Rolando Álvarez, Obispo de la Diócesis de Matagalpa y otras personas que la Policía Nacional mantuvo por 18 días encerrados en la curia episcopal y en la madrugada del 19 de agosto fueron trasladado a Managua y encarcelados en el Chipote, cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo”, denunció Núñez.

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La defensora denunció que la Policía afirma tener a monseñor Álvarez en casa de familiares sin proceso, ni formulación de cargos.

Por otro lado, denunció la tortura contra 27 presos políticos del Chipote que fueron expuestos por el régimen de Daniel Ortega “denunciamos la tortura contra las presas y los presos políticos agravada por el trato degradante a 27 de ellos al exponerlos públicamente con una audiencia informativa que no está contemplada en el Código Procesal Penal”

Núñez pidió al Consejo exhortar al Estado de Nicaragua para que permita la entrada de los mecanismos de protección de derechos humanos, específicamente al grupo de expertos de Naciones Unidas para que corroboren el estado de más de 200 personas presas políticas y demandar su inmediata liberación.

Ortega rechaza informe

Desde Managua, la procuradora general de Nicaragua, Wendy Morales, respondió de forma telemática al informe, que rechazó totalmente, advirtiendo que el gobierno no acepta las recomendaciones que hace y que incluyen iniciar un diálogo nacional y liberar a los presos políticos.

Sostuvo que Estados Unidos y otros países occidentales usan esas recomendaciones "para tratar de someternos a su voluntad" y que en realidad se trata de "una forma de inmiscuirse en los asuntos internos de Nicaragua".

En los comentarios que siguieron a esas intervenciones, la delegación de Ecuador -a nombre de un grupo de 46 países- manifestó inquietud por la situación en Nicaragua, en particular por el impacto que tiene en el derecho a la educación el cierre de universidades y la norma que somete los programas académicos a la aprobación de un órgano central.

La Unión Europea denunció "una represión generalizada que está asfixiando al país" y el creciente número de prisioneros políticos, a algunos de los cuales se les niega tratamiento médico o se les somete a una detención incomunicado.