Daniel Ortega y Rosario Murillo investigados por “crímenes de lesa humanidad” en Argentina

La justicia argentina abrió una investigación contra el dictador Daniel Ortega Saavedra y su esposa, Rosario Murillo Zambrana, quienes usurpan la presidencia de Nicaragua para determinar si son “responsables de crímenes de lesa humanidad”, informó la agencia Infobae en su sitio web.

Los fiscales decidieron iniciar la investigación a raíz de una denuncia publicada por el medio, en donde relatan el calvario de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, así como de otros sacerdotes encarcelados por el régimen.

La agencia informó que el juez federal Ariel Lijo es quien ordenó enviar un exhorto a la Justicia de ese país a fin de verificar si existen causas abiertas en donde se investiguen ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, desaparición forzada de personas, o torturas, detalla el medio argentino.

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“La causa comenzó a partir de una denuncia presentada por los abogados Darío Richarte y Diego Pirota contra el dictador Ortega, su pareja Rosario Murillo, y todos aquellos funcionarios que integren el aparato represivo que persiguió a disidentes políticos, especialmente desde abril de 2018”, explica la agencia.

El fiscal Eduardo Taiano, uno de los promotores de la investigación explicó que la justicia federal argentina “está facultada” para investigar esos delitos en base al artículo 118 de la Constitución de ese país.

El citado artículo reconoce el principio de jurisdicción universal, y “establecen el deber de los tribunales internos de investigar en nombre de la comunidad internacional con independencia del lugar donde se hayan suscitado (conforme párrafo sexto del preámbulo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional)”.

“Taiano también destacó en ese momento que la Corte Penal Internacional no podría juzgar eventuales crímenes de lesa humanidad en Nicaragua porque ese país no ratificó el Estatuto de Roma”, cita Infobae.

Otros investigados

La investigación también está dirigida contra otros funcionarios de la dictadura de Daniel Ortega, quienes han sido denunciados en otras ocasiones de ser responsables de dirigir represión en contra de los nicaragüenses.

- Francisco Díaz Madriz, director de la sancionada Policía y además es el suegro de Mauricio Ortega, hijo de la pareja dictatorial. Madriz fue sancionado por Estados Unidos.

- Néstor Moncada Lau. Actúa oficialmente como asesor privado de Daniel Ortega, pero también es señalado de las operaciones de inteligencia y contrainteligencia para la identificación de “disidentes”. También fue sancionado por Estados Unidos.

- Julio César Avilés Castillo. Jefe del Ejército de Nicaragua y ha sido señalado como el responsable de proveer armamento a los grupos paramilitares que llevaron a cabo la sangrienta “operación limpieza”.

- Oscar Mojica. General en retiro del Ejército de Nicaragua y ocupa el cargo de Ministro de Transporte e Infraestructura, también fue sancionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

- Gustavo Eduardo Porras Cortés. Presidente de la Asamblea Nacional y es señalado de mantener el control de los sindicatos y la organización de las movilizaciones masivas, incluyendo a médicos y obreros, que fueron movilizados para la “recuperación” de las calles después del estallido social de abril de 2018. También figura entre los sancionados por Estados Unidos.

- Roberto López. Es actual director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Se le atribuye colaboración con Gustavo Porras Cortés en la organización de la represión a las manifestaciones de abril de 2018.

- Oscar Valladares. Es asesor presidencial en temas de defensa y seguridad, y también forma parte de la planificación de las acciones represivas.

- Sonia Castro. Asesora de salud para la presidencia. Fungió como ministra de salud hasta el 26 de julio de 2019 y es señalada de dar la orden de no atender en los hospitales a las personas heridas durante la represión de 2018. También se le atribuye la responsabilidad por el despido de profesionales de la salud “acusados” de no hacer caso a la orden de no atención.

- Leonardo Ovidio Reyes Ramírez. Presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN) y actúa como instrumento de financiación de la familia Ortega - Murillo y de “operaciones criminales”, señala Infobae. Reyes Ramírez fue sancionado por Canadá.

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Ortega ha sido señalado en distintos informes internacionales sobre Derechos Humanos en Nicaragua de ser el principal responsable de los crímenes de lesa humanidad.