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Argentina amplía investigación de Ortega y Murillo por crímenes de lesa humanidad, incluyen a Aminta Granera

Entre los investigados ahora está Aminta Granera, exdirectora de la Sancionada Policía, a quien la justicia argentina investiga su responsabilidad durante la represión de abril
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Aminta Granera Sacasa, exdirectora de la Policía.
Consejo de Comunicación y Ciudadanía

La justicia argentina amplió las investigaciones por crímenes de lesa humanidad contra los dictadores Daniel Ortega Saavedra y su esposa Rosario Murillo, y ahora incluyen a Aminta Granera Sacasa, exdirectora de la Policía, quien en el año 2018, “renunció” al cargo. La justicia argentina investiga la responsabilidad de la entonces directora policial, cuando las protestas fueron reprimidas con violencia por la sancionada institución.

Según la agencia de noticias Infobae, la ampliación exige que se considere la vulneración al derecho a la educación como parte del plan sistemático de represión, que se refleja en el control de las universidades y las restricciones a su funcionamiento, “acompañadas de la privación de la libertad de estudiantes y opositores al régimen”, señala Infobae en su publicación de este jueves.

“El accionar de la Policía Nacional durante la represión de abril de 2018 requiere de la investigación de la responsabilidad de la Sra. Aminta Granera Sacasa y, además, justifica la responsabilidad criminal del Presidente de la República de Nicaragua sobre los crímenes de lesa humanidad ejecutados por acción o por omisión a través de la Policía Nacional, de acuerdo con la denuncia oportunamente presentada”, describe el documento de la ampliación de la denuncia y que es citado por el medio argentino.

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“Durante el mes de agosto de 2018 se produjo la detención de más de 20 estudiantes universitarios, algunos de ellos miembros del Movimiento 19 de abril y otros de la Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia. Entre ellos se encontraban Byron Estrada, Luis Muñoz, Nahiroby Olivas, Levis Rugama, Yaritza Mairena y Víctor Obando”, agrega el documento.

La denuncia fue interpuesta el pasado mes de octubre por los abogados Darío Richarte y Diego Pirota, quienes piden a la Justicia argentina iniciar una investigación penal contra Daniel Ortega, su esposa, Rosario Murillo y otras personas de su entorno, a quienes se les acusa de cometer crímenes de lesa humanidad contra de ciudadanos que han manifestado su desacuerdo contra Ortega y Murillo.

A la denuncia de los abogados, se sumó una segunda denuncia a principios del mes de noviembre la cual fue interpuesta por el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH), y el documento fue presentada por su secretario ejecutivo, Danny Ramírez-Ayérdiz.

El fiscal Eduardo Taiano, quien impulsa la iniciativa, explicó que la justicia federal argentina está facultada para investigar esos delitos en base al artículo 118 de la Constitución de ese país, que reconoce el principio de “jurisdicción universal”.

Otros investigados

En la denuncia de crímenes de lesa humanidad están siendo investigados el comisionado Francisco Díaz Madriz, jefe de la Policía nicaragüense; Néstor Moncada Lau, asesor privado de Ortega; general Julio César Avilés Castillo, jefe del Ejército de Nicaragua; Oscar Mojica, Ministro de Transporte e Infraestructura; Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; Roberto López, director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social; Oscar Valladares, asesor presidencial en temas de defensa y seguridad; Sonia Castro, exministra de Salud; y Ovidio Reyes, presidente del Banco Central de Nicaragua por su participación en la represión.

También se investiga al secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno; la presidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU) Ramona Rodríguez; y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la magistrada Alba Luz Ramos.

La mayoría de los investigados están sancionados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, por Canadá y la Unión Europea.

En ocasiones anteriores, la Justicia federal argentina ha investigado otras denuncias por delitos de lesa humanidad ocurridos fuera del país. 

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La denuncia menciona las causas judiciales por la persecución a los practicantes de la disciplina “Falun Gong” en China, los crímenes del Franquismo en España, y el genocidio denunciado por el pueblo Rohingya en Myanmar.

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