Departamento de Comercio de EEUU sanciona a la policía sandinista

El Departamento de Comercio de Estados Unidos agregó este martes, 28 de marzo, a la Policía Nacional de Nicaragua a una lista de control de exportaciones del Gobierno, después de que Washington dijera que la institución está involucrada en graves abusos contra los derechos humanos en el país.

La semana pasada, el Departamento de Estado citó informes creíbles de ejecuciones arbitrarias, arrestos y torturas en Nicaragua, así como condiciones duras y potencialmente mortales en las prisiones del país, en un reporte anual sobre derechos humanos.

La designación de la “Lista de entidades” del Departamento de Comercio prohíbe a las empresas vender tecnología estadounidense sin un permiso, el cual es difícil de obtener.

Cabe señalar que esta sanción afecta principalmente la compra de armas, eso ya detendría toda intermediación para armas, municiones, equipos de radio y similares. La sanción es una clara señal para la policía, pues en el Congreso ya pidieron sanciones para el Ejército y la suspensión del Tratado de Libre Comercio. Ya congresistas y senadores se pronunciaron esos temas.

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La Policía es la institución más sancionada de Nicaragua, basta recordar que el 5 de marzo de 2020, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos le aplicó sanciones a la policía en general, por “el grave abuso de los derechos humanos”, sin embargo, en esa ocasión también los comisionados Juan Antonio Valle, Luis Alberto Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina.

Bienes congelados

El impacto de las sanciones impuestas por Washington después del estallido social de 2018 radica en congelar los bienes e intereses económicos que los sancionados tengan en Estados Unidos. También han sido sancionados Francisco Díaz, director de la policía, y Ramón Avellán, subdirector.

Cabe señalar que el 3 de marzo, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos presentó su informe sobre Nicaragua, que ofrece una visión general de los hallazgos del Grupo con respecto a las graves violaciones y abusos de los derechos humanos perpetrados en el país desde abril de 2018, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, privación arbitraria de la nacionalidad y violaciones del derecho a permanecer en el propio país. La mayoría de ellas solo pudieron cometerse con la ayuda de la policía.

“Ante el estallido de manifestaciones pacíficas masivas en abril de 2018, la Policía Nacional y grupos armados pro-gobierno respondieron con violencia para suprimirlas. Agentes de la Policía e integrantes de grupos armados pro-gobierno, actuando de manera conjunta y coordinada, cometieron ejecuciones extrajudiciales durante la represión de las protestas que tuvieron lugar entre el 18 de abril y el 23 de septiembre de 2018”, se lee en parte del informe que hace a la policía merecedora de sanciones.