Colectivo 46/2 condena suspensión de títulos de 26 abogados nicaragüenses

La coalición de organizaciones de derechos humanos internacionales, regionales y nicaragüenses, Colectivo 46/2, condena la suspensión del ejercicio de la abogacía y notariado a 26 personas en Nicaragua, ordenada el 11 de mayo de 2023 por el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), órgano que ejecuta en nombre de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua.

 “De las 25 personas afectadas,15 son abogados del grupo de 222 personas que fueron excarceladas y desterradas hacia Estados Unidos el pasado 9 de febrero, y las otras 10 personas fueron despojadas de su nacionalidad en un grupo de 94 personas, entre quienes se encuentran la reconocida defensora de derechos humanos Vilma Núñez de Escorcia y el escritor Sergio Ramírez Mercado”, señalan.

 Asimismo, resaltaron que Vilma Núñez de Escorcia es fundadora y presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), organización integrante del Colectivo 46/2 y recuerdan que el régimen ya la había despojado de su nacionalidad el pasado 15 de febrero, junto a otras 93 personas.

 Entre las abogadas y notarias suspendidas están Mónica López Baltodano, defensora ambiental y presidenta de POPOL NA; Gonzalo Carrión, defensor de derechos humanos del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más; Ana Margarita Vijil, feminista, dirigente política de UNAMOS y defensora de derechos humanos; y María Oviedo, abogada y defensora de derechos humanos de CPDH.

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 “La arbitraria decisión afecta también a otras defensoras de derechos humanos, ambientalistas, políticos opositores, escritores y a tres extrabajadores del mismo Poder Judicial que fueron procesados el año pasado y enviados al destierro en febrero”, apuntan.

Demandan denuncia de la comunidad internacional

 También denunciaron que esta decisión fue antecedida por la tomada el 9 de mayo contra la abogada Yonarqui Martínez, quien denunció la detención arbitraria de 57 personas el 3 de mayo.

 “Desde el Colectivo 46/2 lamentamos profundamente que el impacto de esta acción represiva traerá consecuencias directas en la observancia y defensa en procesos judiciales y en la defensa de derechos humanos. Exigimos a las autoridades del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anular esta decisión, que es violatoria del derecho internacional de los derechos humanos”, apunta el colectivo.

 También demandan que se investigue y sancione a los responsables de esta nueva ola de arbitrariedades.

 “Llamamos a los órganos de protección de los derechos humanos y a la comunidad internacional a denunciar esta acción emprendida por un poder desbordado que persigue a un sector de la población que se identifica como oposición o se percibe como tal, lo que caracteriza la situación de Nicaragua como una de las más graves de la región por los crímenes de lesa humanidad que continúan cometiéndose”, afirman categóricamente.