Colectivo de DDHH Nicaragua condena embargo de bienes a 222 desterrados políticos

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más condenó este lunes "la confiscación de bienes" ordenada por la Justicia nicaragüense contra "222 personas excarceladas políticas, a quienes desterró y desnacionalizó arbitrariamente el pasado mes de febrero".

"Se trata de un acto confiscatorio que se suma al arbitrario destierro y despojo de la nacionalidad de las 222 personas excarceladas", denunció ese organismo, integrado en su mayoría por activistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica, en una declaración pública.

"Además de la prohibición constitucional de la confiscación, existe un principio y derecho de no retroactividad, pero el régimen Ortega Murillo se ensaña una vez más contra personas inocentes que fueron encarceladas y condenadas a través de juicios que carecieron de legalidad", continuó.

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El Colectivo denunció "la continuidad de la represión, la ejecución de atrocidades jurídicas a través de penas y castigos contra quienes piensan diferente y han alzado su voz exigiendo justicia, verdad y no repetición" de estos hechos, y exigió en ese sentido "el cese de la represión, justicia y libertad para Nicaragua".

La Justicia nicaragüense ordenó a la Procuraduría General de la República expropiar los bienes de los 222 excarcelados políticos que fueron expulsados hacia Estados Unidos el 9 de febrero pasado, a los que luego los privó de su nacionalidad.

Los expropiados

En un fallo de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua divulgado el viernes pasado, pero con fecha del 19 de mayo, ordena a la Procuraduría "la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes que los condenados tengan inscritos a su favor en los registros públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil del país, ya sea en su carácter personal o de persona jurídica".

Además de sus bienes, la resolución establece que "en su carácter personal o de persona jurídica se inmoviliza y decomisa a favor del Estado de Nicaragua todas las acciones y las sociedades mercantiles que los condenados tengan".

Entre los 222 excarcelados expropiados se encuentran 7 que intentaron disputar la Presidencia al actual mandatario, Daniel Ortega.

Los expropiados son Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), la aspirante a candidata a la presidencia de Nicaragua que tenía mayor probabilidad de derrotar a Ortega, en los comicios de noviembre de 2021.

Además de Chamorro, la lista de expropiados incluye a los otros seis dirigentes opositores que intentaron desafiar a Ortega en las urnas: Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre.

La lista incluye a la legendaria exguerrillera Dora María Téllez, el excanciller Francisco Aguirre Sacasa, los exvicecancilleres Víctor Hugo Tinoco y José Pallais, a los exembajadores Mauricio Díaz y Edgar Parrales.

También a los dirigentes empresariales José Adán Aguerri, Michael Healy y Álvaro Vargas, el banquero Luis Rivas, el gerente general de La Prensa, Juan Lorenzo Holmann, el exministro de Defensa Pedro Joaquín Chamorro y los líderes estudiantiles Lesther Alemán y Máx Jérez.

Igualmente figuran defensores de derechos humanos, disidentes sandinistas, dirigentes campesinos, sacerdotes, periodistas, activistas y profesionales independientes.

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Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.