Régimen utiliza recomendaciones antilavado en contra de la iglesia católica en Nicaragua, denuncia Martha Patricia Molina

Martha Patricia Molina demandó en una carta al GAFI y GAFILAT se pronuncien y adopten medidas drásticas y urgentes "para corregir el torcido actuar" del régimen con las leyes antilavado de dinero, pues es el arma que ocupan contra la iglesia católica, opositores y universidades como la UCA
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Septiembre 22, 2023 07:09 PM
Martha Patricia Molina, abogada autora de informe ¿Una Iglesia Perseguida?. • Foto: 100% Noticias

La abogada nicaragüense Martha Patricia Molina, experta en temas religiosos, denunció ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario MurilloRosario Murillo utiliza las 40 Recomendaciones Gafi de "manera discrecional”, para confiscar propiedades e inmovilizar los activos bancarios de entidades de la iglesia católica y, recientemente, la confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA) tras impedírsele el derecho a la defensa.

Mediante una carta enviada al GAFI, con fecha del 23 de agosto de 2023, la abogada nicaragüense señaló la urgencia para que GAFI, como el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), presten atención a la situación de Nicaragua y monitoreen con rigurosidad el cumplimiento y la efectividad de los Sistemas Anti Blanqueo de Capitales del país centroamericano, quien es miembro de estas organizaciones técnicas intergubernamentales. 

“GAFI y GAFILAT (al que pertenece NicaraguaNicaragua), debe pronunciarse y/o adoptar medidas drásticas y urgentes para corregir el torcido actuar del gobierno de Nicaragua en clara manipulación perversa de los estándares GAFI”, expuso la abogada. 

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Molina describe en la carta que desde 2018, el régimen sandinista manipula las recomendaciones del GAFI, en particular la numero 8 (sobre OSFL) y en nombre de una supuesta lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo, para cometer “actos criminales en contra de la Sociedad Civil a través del arbitrario y abusivo cierre y confiscación de OSFL (Organismos sin Fines de Lucro)”. 

En ese sentido, denuncia que “este proceder dictatorial está afectando directamente a sectores vulnerables de la población”, al hacer referencia a la confiscación y congelamiento de cuentas bancarias de Centros Religiosos y de Universidades privadas bajo criterios meramente políticos.

Nicaragua estuvo en Lista Gris 

La abogada nicaragüense afirmó que Ortega y Murillo alteran los datos del GAFI y GAFILAT para mostrar una normalidad en sus políticas represivas e ilegales “porque saben que eso los pondría nuevamente en Lista Gris de Países con graves deficiencias estratégicas en su Sistemas Anti Lavado”.

Además, valoró como “actuar manipulador” la participación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Nicaragua entre las políticas dictatoriales de Ortega y Murillo, obviando que no debe ser un órgano político sino técnico y profesional.

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“No es posible que se deje pasar estas enormes arbitrariedades cometidas bajo el supuesto argumento de cumplir con los estándares GAFI”, demandó. 

Molina evidenció con el cierre y confiscación de la Cruz Roja Nicaragüense (CRN) y de la UCA, las arbitrariedades que comete el régimen en Nicaragua. 

Además, recordó que tanto el Subsecretario para Asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos de América, así como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Cancillería de Colombia y la Compañía de Jesús, han condenado las medidas ilegales del régimen.

“Estoy presta a brindarle cualquier información que necesiten”, finaliza la misiva de la abogada Martha Patricia Molina, a miembros del GAFI. 

En la tercera entrega del informe Nicaragua: ¿Una iglesia perseguida?tercera entrega del informe Nicaragua: ¿Una iglesia perseguida?, la doctora Martha Patricia Molina, documentó 529 agresiones contra iglesia católica en Nicaragua, desde el año 2018 hasta el primer trimestre del año 2023.

La doctora Molina prepara un cuarto informe donde incluirá la persecución a la iglesia evangélica. Se estima que 60 pastores han sido impedidos de ingresar a Nicaragua y 80 sacerdotes se contabilizan también entre los desterrados. 

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