Daniel Ortega reelige a Martha Mayela Díaz como nueva vicesuperintendente de Bancos en Nicaragua

La Asamblea Nacional en Nicaragua eligió este miércoles a Martha Mayela Díaz Ortiz como nueva vicesuperintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), cargo que estaba vacante desde el pasado mes de agosto.

La propuesta de Díaz Ortiz como candidata llegó de Daniel Ortega y recibió el respaldo unánime de los 90 diputados presentes en la sesión plenaria, de mayoría sandinista. La funcionaria ocupará este cargo por los próximos cinco años.

“Con 90 votos a favor fue electa por el plenario de la Asamblea Nacional como Vicesuperintendente de Bancos y otras Instituciones Financieras, Martha Mayela Díaz Ortiz, propuesta por el presidente comandante Daniel Ortega Saavedra, a ocupar el cargo.

El 27 de septiembre la funcionaria electa será juramentada ante el parlamento nicaragüense”, se lee en la publicación oficial de Facebook de la Asamblea Nacional.

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Diaz Ortiz ocupa este cargo de vicesuperintendente desde abril de 2014, por una suma de nueve años. Además, ha ocupado diversos puestos en la SIBOIF desde el año 2007.

Junto a la propuesta de la funcionaria leal al régimen Ortega Murillo, se presentaron dos postulaciones más al cargo.

Los otros dos candidatos al cargo de vicesuperintendente de bancos son Ramón Arsenio Espinoza y Elio Francisco Gutiérrez Obando. El primero fue propuesto por el diputado Lesther José Flores, del Partido Liberal Constitucional (PLC), y el segundo por la diputada Wendy María Guido, de la Alianza por la República (APRE).

Funcionaria sancionada por EEUU

El pasado 19 de julio, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a Martha Mayela Díaz Ortiz en la lista de funcionarios nicaragüenses sancionados por socavar “procesos o instituciones democráticas al participar en represalias gubernamentales coordinadas para despojar de la ciudadanía nicaragüense a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo”.

De acuerdo con el Departamento de Estado, Díaz Ortiz facilitó a las autoridades judiciales de Nicaragua datos financieros de opositores políticos exiliados y presos de conciencia.