Más de 1,000 despidos en poder judicial, caras visibles de represión no tienen protección internacional

Los despidos en el poder judicial en Nicaragua suman más de mil personas, confirmó una fuente a 100% Noticias. La barrida la han comparado con un huracán y hasta le ponen nombre de “chayo”, por el estilo inconfundible de la sancionada vicepresidenta Rosario Murillo, quien se fue con todo para poner a fichas más leales, entre ellos exmilitares y expolicías en cargos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuya elección será en los próximos días.

100% Noticias confirmó que los 20 exfuncionarios detenidos y la hija de la magistrada Yadira Centeno, están presos en el distrito tres de la policía en Managua que convirtieron en una extensión de la cárcel de tortura “El Chipote”. 

La policía está recibiendo los alimentos a los familiares de los exfuncionarios, entre ellos asesores de las defenestradas magistradas, Alba Luz Ramos y Yadira Centeno. 

Jueces, magistrados, abogados y otros operadores judiciales que han caído en desgracia tras la operación limpieza que aún no termina de ejecutar la dictadura de Daniel Ortega en todos los niveles de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), están condenados a vivir cautivos en Nicaragua y sin derecho a recibir el beneficio de la figura de refugio internacional en otros países, explicó a 100% Noticias el jurista Uriel Pineda.

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“Esto plantea un problema para muchos de estos rostros visibles de la represión en Nicaragua, para jueces, para magistrados, etc., pues cuando nos vamos al estatuto internacional del refugiado, nos encontramos que entre las personas que no son susceptibles de considerarse refugiadas están aquellas que cometen delitos contra la humanidad”, señala Pineda.

Es decir, que todas las personas que se prestaron en algún momento para reprimir y perseguir a ciudadanos solo por ser disidentes del régimen, “están desprovistas de la protección internacional porque fueron partícipes y actores de estos crímenes de lesa humanidad”, reitera Pineda.

Hasta el momento se sabe que unas mil personas han sido despedidas por órdenes de la dictadura del Poder Judicial, sin embargo, el especialista aclara que no todas las personas que han sido servidores públicos en esta institución o que aún laboran allí, son candidatas a no recibir protección en un país extranjero.

“Hay que reconocer que, entre las personas afectadas por estos despidos masivos, hay algunas que son víctimas, pero hay otro universo que entra en una situación muy delicada porque ahora son non gratos para el régimen, pero hay que recordar cómo ha funcionado el poder judicial en los últimos 5 años, que ha sido una extensión del brazo represivo del régimen”, destaca Pineda.

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El jurista agrega que esto implica que los crímenes de lesa humanidad cometidos como encarcelamientos y violación a las normas internacionales de DDHH, el desplazamiento forzado, los casos de personas a quienes privaron de la nacionalidad, la persecución política que se orquesta desde el aparato de justicia, son parte de la comisión de crímenes de lesa humanidad ocurridos en Nicaragua.

Condenados a tener el país por cárcel

“La condena de estas personas ya ha iniciado porque ya no son parte del régimen, y ahora van a estar cautivos en Nicaragua porque emigrar puede que para ellos no sea una opción, al menos no como refugiados”, afirma Pineda.

Además agrega: “estamos hablando de un número muy grande y probablemente una cantidad enorme de cargos administrativos, pero aquellos rostros visibles de la represión aquellos que salen dando conferencias de prensa, quitando nacionalidad o que salen emitiendo sentencias o que salen emitiendo resoluciones para que un grupo de personas sean desplazadas o enviadas a otro país, a un grupo de presos políticos, ese tipo de personas sí está desprovista naturalmente de la protección internacional, al menos del estatuto de refugiados”.

Pineda explica que se trata de un escenario complejo porque sobre esas personas cooperadoras del régimen, no sólo pesa sobre ellas la condena social que existe en Nicaragua, sino que, al momento de buscar esa protección internacional, los actores opositores que se enteren sacarán a la luz pública estos antecedentes y por tanto la posibilidad de que les nieguen esta protección internacional es latente.