Magistrados con experiencia militar al mando del poder judicial solo contaminarán más la justicia en Nicaragua
La estructura de “corte militar” que conformarán los 16 magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) al servicio de la dictadura de Daniel Ortega, que integrarán exmilitares, expolicías, funcionarios sancionados por Estados Unidos y hasta diputados, solo vendrá a contaminar más la administración de justicia en Nicaragua, considera el jurista Uriel Pineda.
En entrevista a 100% Noticias, Pineda explicó que, si bien la administración de justicia debería operar en términos generales sin ningún interés político, “lo que habrá es cada vez mayor contaminación política en la administración de justicia”, afirmó.
“De tal manera que cualquier ciudadano que tenga una causa judicial habitual común, como ocurre en cualquier país, ahora será necesario, hoy más que nunca que busque un aval, un padrino político, para garantizarse el resultado del acceso a la justicia”, advierte Pineda.
La integración de ex militares en las estructuras de poder es una estrategia que, según Pineda, ha estado presente desde siempre en el Frente Sandinista.
“Es decir, yo me remontaría, por ejemplo, algo que fue incluso incompatible a nivel internacional, la designación de Omar Cabezas como procurador derechos humanos, pues es inconcebible en cualquier democracia que un exmando militar asuma un cargo de esa naturaleza”, recuerda Pineda.
Poder militar se apodera de la institucionalidad democrática
También recordó que, tras llegar Ortega al poder en el 2007, al mando de la Fiscalía, la cual es una instancia procuradora de Justicia, fueron nombrados los ex militares Ana Julia Guido y Julio César González Sandoval, y así se empezó a crear una militarización solapada en NicaraguaNicaragua de los operadores de justicia.
“Entonces hoy ya es el turno de la Suprema Corte en ese sentido, porque se trata del primer bastión de confianza que tiene el régimen y es justamente en estos antiguos colaboradores de armas donde refrendan su lealtad… lo que estamos viendo es cómo gradualmente, en un período de 20 años, el poder militar en Nicaragua ha ido apoderándose de la institucionalidad democrática del país por la necesidad que tiene el régimen de contener cualquier riesgo de implosión”, analiza Pineda.
Este control de la administración de justicia es una necesidad para el régimen de Ortega por dos razones, según Pineda. La primera evitar cualquier freno o contrapeso que está llamado a ser un Poder Judicial y la segunda es usarla como una extensión de su política represiva.
“Yo diría que agrega un nuevo elemento y es que la administración de justicia se va a revestir de un carácter dual, pues vamos a encontrar que cuando haya personas o víctimas auténticas de cualquier vejación, de cualquier violación a derechos humanos, de cualquier obstáculo de acceso a la justicia, si su contraparte tiene algún aval o peso político específico, las esperanzas de justicia se van a desvanecer”, afirma Pineda.
Los despidos y purgas en el Poder JudicialPoder Judicial que ya superan los mil, son vistos por Pineda como la forma en que el régimen busca refrendar su lealtad en el ámbito de la administración de justicia.
“Busca también contener riesgos de implosión, busca contener filtración de información, etc., yo diría que incluso de alguna manera busca recortar el presupuesto del poder judicial, para solventar parte de la crisis económica que tiene el régimen y el supernumerario que puede tener en este poder del estado”, opina Pineda.