Confiscan condominio construido por expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y sus hijos en San Juan del Sur

El Condominio Farallón de Sotavento, construido por la expresidenta de Nicaragua Violeta Barrios de Chamorro y sus cuatro hijos en San Juan del Sur, fue confiscado por orden del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, una medida arbitraria que se efectuó sin previo aviso ni sustento legal, reportó el medio Confidencial.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la familia, la mañana del lunes 29 de enero, oficiales de la Policía Nacional se tomaron ilegalmente el condominio de apartamentos Farallón de Sotavento, y desalojaron al personal de servicio que se encontraba en ese momento, y ocuparon la propiedad de forma permanente.

Sin presentar ninguna notificación ni orden judicial de allanamiento o documento de confiscación, los policías se limitaron a justificar su acción diciendo que estaban “ejecutando órdenes de la Procuraduría General de la República (PGR)”.

La nota indica que el condominio Farallón de Sotavento se alza sobre un terreno que originalmente perteneció al doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. A finales de la década de 1960, el doctor Chamorro adquirió la propiedad y construyó allí una casa veraniega para su familia.

En 2007, la casa familiar se demolió y por voluntad y herencia de doña Violeta Barrios, en el terreno se construyó el condominio Farallón de Sotavento, un complejo de cuatro apartamentos y una segunda casa de servicio.

Los propietarios fundadores de la sociedad Farallón de Sotavento fueron Violeta Barrios de Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro B., Claudia Lucía Chamorro B., Cristiana Chamorro B. y Carlos Fernando Chamorro B. en iguales porcentajes accionarios. Posteriormente, doña Violeta distribuyó sus acciones entre sus cuatro hijos, de forma proporcional, indica Confidencial. 

Sin embargo, en 2017, Pedro Joaquín Chamorro B y Carlos Fernando Chamorro B. vendieron su porcentaje de la sociedad a otros dueños y cesaron su participación en la misma.

Otros confiscados

Esta semana también el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, exiliado en Costa Rica desde el año 2019, confirmó a 100% Noticias que la policía se tomó el “Hotel Casa Blanca”, ubicado en San Juan del Sur, y cuya propietaria es Rafaela Cerda, madre del exmagistrado. 

Solís fue desnacionalizado el 15 de febrero del año pasado junto a 93 personas más y el régimen ordenó la confiscación de sus bienes en Nicaragua. Pero la acción de la dictadura ahora está afectando a los familiares de los desnacionalizados. 

Desde el año pasado la dictadura se comenzó a tomar las propiedades de los también desnacionalizados: Mónica Baltodano e hijos, Francisco Aguirre Sacasa, Moisés Hassan, Aníbal Toruño, Irlanda Jérez (casa tomada desde 2019) entre otros nicaragüenses despojados de su nacionalidad en una espuria e ilegal resolución judicial. 

La Constitución política de Nicaragua en su artículo 44 prohíbe las confiscaciones de bienes. 

“Por lo tanto, este acto y otros que se han ejecutado al amparo de decretos confiscatorios de la dictadura como acciones de persecución y venganza política contra ciudadanos que forman parte de los 222 y los 94, todos despojados de su nacionalidad, e incluso contra sus familiares, también son ilegales y representan un robo al patrimonio familiar de las víctimas”.