ALBA rechaza las sanciones de EEUU a Nicaragua en materia de defensa
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) rechazó este domingo las sanciones que Estados Unidos impuso esta semana a Nicaragua, que restringen la importación y exportación de artículos y servicios de defensa estadounidenses con destino u origen en ese país centroamericano.
En un comunicado, el bloque de países rechazó las medidas de Washington, al considerar que "tienen como propósito afectar y limitar las capacidades comerciales y de seguridad de esta nación y, por ende, su economía y estabilidad".
"La soberanía de nuestros pueblos, una vez más, es afectada por la injerencia de los Estados Unidos, que agrede bajo diferentes mecanismos y sistemáticamente a los países de la región que no se doblegan a sus intereses, imponiendo todo tipo de medidas contrarias al derecho internacional", reza el escrito.
La ALBA -conformada por Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Granada, Dominica y Santa Lucía- aseguró que estas sanciones "carecen de fundamentos, afectan las relaciones armónicas entre los pueblos del mundo y atentan contra la paz, el desarrollo y el bienestar" de Latinoamérica.
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"La Alianza reitera su más profundo rechazo a la insolencia del imperialismo estadounidense, y a su imposición de medidas coercitivas unilaterales, que pretenden instaurar un orden internacional con decisiones arbitrarias que ponen en riesgo la paz y la seguridad mundiales", agregó el comunicado.
El Departamento de Estado de EE.UU. explicó el jueves que la decisión se debe a la "brutal represión" del Gobierno de Daniel Ortega contra la población nicaragüense.
"EE.UU. seguirá utilizando todas las herramientas diplomáticas y económicas disponibles para promover la rendición de cuentas del régimen de Ortega y apoyar los derechos humanos y las libertades fundamentales de los nicaragüenses en su búsqueda de un futuro más justo y próspero", indicó la Administración de Joe Biden.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio. EFE