Organismos opositores seguirán luchando por justicia, libertad y democracia en Nicaragua

Organizaciones nicaragüenses en el exilio expresaron este martes en San José, Costa Rica, su "inquebrantable compromiso" de seguir luchando por la justicia, la libertad y la democracia en Nicaragua, que es gobernada por el sandinista Daniel Ortega desde 2007.

En una proclama conjunta, en ocasión del sexto aniversario de la rebelión popular contra el régimen de Ortega, que estalló en 2018, y en homenaje "solemne a las víctimas directas de la represión", los organismos en el exilio explicaron que la resistencia del pueblo nicaragüense se resume en una sola demanda: "¡Que se vayan!" los gobernantes sandinistas del poder.

"La dictadura Ortega-Murillo, en su afán totalitario, ha demolido el Estado de derecho y puesto bajo su férreo control a todas las instituciones públicas", denunciaron esos organismos en la proclama, leída por Azucena López, de la Asociación Madres de Abril.

El Ejecutivo nicaragüense ha ilegalizado a las organizaciones políticas, desmantelado a las organizaciones de sociedad civil y organizaciones comunitarias de los pueblos indígenas y afrodescendientes, indicó López.

Control de las universidades y la persecución a la Iglesia

La activista indicó que igualmente han confiscado a las universidades "poniendo al frente de ellas a personajes sumisos y abyectos que, participando de la gigantesca corrupción, quieren acallar y doblegar la voluntad del pueblo de Nicaragua", pero que "no lo lograrán", añadió.

De igual forma, las organizaciones en el exilio señalan que el Gobierno de Ortega "ha desatado una sistemática persecución a la iglesia católica, incluyendo el encarcelamiento y destierro de sacerdotes y la prohibición de actividades religiosas", manteniendo "a más de 130 personas presas políticas en sus mazmorras, incluido los 10 presos políticos que llevan más de 3.550 días injustamente detenidos", indicaron.

También repudiaron "con indignación la desaparición del profesor Freddy Quezada y del líder caribeño Brooklyn Rivera Bryan".

En la proclama, leída por la excarcelada política Yaritza Mairena, de la Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua, y el profesor Gabriel Putoy, del Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos, los organismos sostuvieron que "el pueblo enfrenta el cínico adoctrinamiento en la enseñanza pública para imponer una falsa narrativa que presenta a la pareja Ortega Murillo como los nuevos héroes de la patria e imponer la bandera rojinegra por encima de los símbolos de la patria".

¿Militares y policías repudian a sus jefes?

Los organismos opositores se pronunciaron también acerca de que los trabajadores del Estado "están hartos de ser instrumentalizados por la dictadura, espiados, maltratados, chantajeados, amenazados por los secretarios políticos (sandinistas)", y que "los hombres y mujeres honestos que integran las filas del Ejército y la Policía repudian en silencio los vejámenes de sus jefes y ven con indignación cómo la oficialidad superior se enriquece con negocios ilícitos y derrochan los recursos mal habidos".

Reiteraron en este sentido que seguirán "luchando hasta lograr que la dictadura criminal, corrupta y mafiosa se vea obligada a abandonar el poder".

"Abril continúa vivo cuando promovemos un espíritu de acción unitaria y de esperanza, seguros que más temprano que tarde saldremos de esta dictadura y volveremos a reunirnos como nación para construir una democracia firme, duradera y próspera", remarcaron.

En esa misma línea, sostuvieron que "la dictadura Ortega-Murillo sólo ofrece dolor, muerte, cárcel, exilio y miseria. Con la dictadura el pueblo de Nicaragua no tiene futuro. El futuro es del pueblo".

En abril de 2018 miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega tras responder con la fuerza.

Las protestas dejaron al menos 355 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684, mientras que Ortega reconoce que fueron “más de 300” y mantiene que se trató de un intento de golpe de Estado.