Nicaragua "país de preocupación" por atentar contra la libertad religiosa, reitera informe de EEUU

La Comisión de Los Estados Unidos Sobre la Libertad Religiosa Internacional, alertó que en el 2023 las condiciones de libertad religiosa en Nicaragua empeoraron significativamente, por lo que recomiendan designar a Nicaragua como un "país de especial preocupación" y piden sanciones específicas en contra de funcionarios que participan en las violaciones a la libertad religiosa. 

Según la comisión, Nicaragua debe ser calificada como un “país de especial preocupación”, por participar en violaciones sistemáticas, continuas y atroces de la libertad religiosa, según se define en la Ley de Libertad Religiosa Internacional, IRFA  por sus siglas en inglés. 

La comisión recopiló los diferentes ataques y violaciones a la libertad religiosa en Nicaragua, todos ellos perpetrados por la dictadura de Daniel Ortega. 
 
“El gobierno del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo intensificó sus esfuerzos para arrestar, encarcelar y expulsar arbitrariamente a clérigos y laicos católicos…también canceló el estatus legal de las organizaciones católicas, confiscó sus propiedades y hostigó e intimidó a los fieles”, denuncia el informe, que fue publicado este viernes 28 de junio. 

Agregan que “la dictadura utilizó cargos espurios como la difusión de “noticias falsas" y "conspiración para socavar la integridad nacional" para justificar su detención arbitraria, encarcelamiento y exilio de miembros reales o supuestos de la Iglesia Católica. 

Señalan el encarcelamiento y condena injusta a 26 años de cárcel del obispo Rolando Álvarez, a quien despojó de su ciudadanía en represalia por criticar al gobierno. 

La Comisión de la libertad Religiosa responsable de la expulsión de 222 presos políticos a Estados Unidos y los despojó de su ciudadanía, incluidos presos religiosos de conciencia.

“Como el padre Oscar Benavidez, que predicaba regularmente contra los abusos del gobierno, y el seminarista Darvin Leiva, que inicialmente fue puesto bajo arresto domiciliario con el obispo Álvarez”, detalla el informe. 

El informe incluye el encarcelamiento del periodista Victor Ticay “fue condenado a ocho años de prisión por grabar y publicar en internet una celebración prohibida de Pascua en Nandaime”, reza el informe. 

Otro de los eventos considerados un ataque a la Iglesia Católica es la expulsión al Vaticano de clérigos detenidos arbitrariamente.

“Entre ellos Álvaro Toledo, que denunció el encarcelamiento injusto de sacerdotes, y Osman José Amador Guillén, que rezó por el obispo Álvarez en sus homilías. En diciembre, el obispo Isidro Mora fue arrestado después de pedir a los feligreses que rezaran por el obispo Álvarez durante la misa”, 

Según el informe, el régimen de Ortega-Murillo atacó sistemáticamente organizaciones religiosas que consideraba opositoras, entre ellos centros educativos, universidades, centros de caridad. 

El informe destaca la cancelación de la personería jurídica de la Universidad Juan Pablo II y de Caritas Nicaragua, una organización caritativa católica, de igual manera hizo con la Universidad Católica Inmaculada Concepción de Managua, un centro de formación para seminaristas, y del Instituto Técnico Santa Luisa de Marillac. 

“El pretexto apenas velado del régimen Ortega-Murillo para estas y otras cancelaciones, fue el presunto incumplimiento de las normas burocráticas por parte de las organizaciones o las supuestas disoluciones voluntarias. Sin embargo, en el caso de la Universidad Centroamericana, dirigida por los jesuitas, el gobierno cerró la institución después de alegar infundadamente que estaba involucrada en el terrorismo”, sostiene el informe de la Comisión de la Libertad Religiosa.  

Los ataques incluyeron  la confiscación de los bienes de las organizaciones canceladas u obligadas al cierre, y ejemplifican con la confiscación de  los bienes de la Universidad Centroamericana. Igualmente confiscaron los bienes pertenecientes a la Compañía de los Frailes Menores Franciscanos. 

 El informe denuncia como la dictadura y sus secuaces intimidaron al clero y a los feligreses, prohibiendo las procesiones de Semana Santa. 

Otro de las ataques es la estigmatización “el presidente Ortega y el vicepresidente Murillo también utilizaron un lenguaje despectivo para demonizar a la Iglesia Católica, refiriéndose a ella como una mafia y llamando a los sacerdotes representantes del diablo”, detalló el informe. 

Piden sanciones  

La Comisión de Los Estados Unidos Sobre la Libertad Religiosa Internacional, también recomendó al congreso de los Estados Unidos, imponer sanciones específicas a las agencias y funcionarios del gobierno nicaragüense, responsables de violaciones particularmente graves de la libertad religiosa.

“La congelación de los activos de esas personas y/o la prohibición de su entrada a los Estados Unidos bajo las autoridades financieras y de visas relacionadas con los derechos humanos, citando violaciones específicas de la libertad religiosa”, solicitan en el documento dirigido al Departamento de Estado de los Estados Unidos. 

El informe recomendó además, apoyar el trabajo del grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU) sobre Nicaragua,  para investigar las violaciones de la libertad religiosa en Nicaragua e identificar a quienes las perpetran. 

Según la comisión, el Congreso de los Estados Unidos debería “abogar por los presos de conciencia religiosos, incluidos los que figuran en la Lista de Víctimas de la Libertad de Religión o de Creencias Frank R. Wolf, a través de cartas, delegaciones en el Congreso, discursos en el pleno y sesiones informativas”, se lee en el informe. 

También piden apoyar la legislación, como la Ley de Restauración de la Soberanía y los Derechos Humanos en Nicaragua de 2024, “ley que amplía los fundamentos legales para las sanciones contra los violadores de la libertad religiosa y ordena que el gobierno de los Estados Unidos se oponga a la extensión de la asistencia de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua a menos que la asistencia aborde el problema básico de la libertad de expresión”, recomendó la Comisión de los Estados Unidos Sobre la Libertad Religiosa Internacional.