Régimen en Nicaragua inaugura centro de idiomas en instalaciones robadas a Fundación Luciérnaga

Un año después de cerrar y expropiar la Fundación Luciérnaga, una ONG que atendía a las comunidades más vulnerables, el régimen de Daniel Ortega inaugura con gran fanfarria un nuevo centro de idiomas en las mismas instalaciones.

Este centro, bautizado con el nombre de un combatiente sandinista y construido sobre las ruinas de la labor solidaria de la Fundación, ha demandado una inversión de 17 millones de córdobas de fondos públicos.

En la inauguración, el subdirector general del Tecnológico Nacional, Walter Sáenz, junto al director del centro, Allan Reyes, anunciaron con entusiasmo una capacidad para 2,000 estudiantes y cursos gratuitos de inglés y mandarín.

Sin embargo, esta aparente oferta educativa no oculta la realidad de una apropiación indebida y la instrumentalización de la educación para fines políticos.

El centro que lleva el nombre del combatiente sandinista Juan Carlos Herrera "La Foquita", se suma a los 65 centros de igual índole y que los medios oficialistas, en un intento por ocultar la naturaleza ilícita de este proyecto han omitido mencionar se erige sobre bienes robados a una organización de la sociedad civil.

“En este centro vamos a estar atendiendo los cursos de inglés A-1 y chino mandarín y contamos con personal docente altamente calificado para ofrecer esa educación gratuita y de calidad para nuestros protagonistas”, dijo Reyes.

El 27 de julio de 233, el Ministerio de Gobernación (ahora Ministerio del Interior) concluyó que cerró de forma unilateral Fundación Luciérnaga y otras15 ONG "por estar en abandono y tener entre 3 a 27 años de incumplimientos de sus obligaciones conforme a las Leyes que los regulan", bajo el acuerdo ministerial 93-2023-OSFL.

La comunidad internacional, junto a la oposición política nicaragüense y las organizaciones de derechos humanos, ha condenado las cancelaciones como parte de una campaña de represión que ha caracterizado al régimen de Ortega desde 2018.

Entre los afectados están medios independientes, activistas, líderes religiosos y ONG de la sociedad civil han sido blanco de esta ofensiva que busca silenciar cualquier disidencia y socavar el Estado de derecho en Nicaragua.