Acusación contra sandinistas del grupo “La Comuna”, evidencia purga interna en FSLN “van contra todo el mundo”

Luego que el régimen de Daniel Ortega dió luz verde para acusar a ocho militantes sandinistas por ser coautores del delito de robo a la población nicaragüense, en la modalidad de los delitos de fraude, malversación de caudales públicos y tercero beneficiado. Algunos opositores aseguran que el principal interés de los Ortega es liquidar todo tipo de organización dentro del país.

Los detenidos, todos militantes sandinistas, integraban un grupo en WhatsApp denominado ´La Comuna´Los detenidos, todos militantes sandinistas, integraban un grupo en WhatsApp denominado ´La Comuna´ en la que criticaban al régimen de Daniel Ortega con su esposa Rosario Murillo, fueron apresados en una redada policial el pasado 26 de julio, incluido Carlos Fonseca Terán, hijo del fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) Carlos Fonseca Terán, hijo del fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Carlos Fonseca Amador, quien administraba el grupo.

Al respecto, la exguerrillera sandinista y excarcelada política Dora María Téllez dijo que la acusación contra el grupo “La Comuna” pone en relieve la persecución y la purga política a lo interno del FSLN y del gobierno.

“No creo que esto tenga que ver con actos de corrupción porque si fueran actos de corrupción sería muy simple para el régimen mostrar las evidencias de esos actos de corrupción, sino que todo ese proceso es secreto porque seguramente hay una parte de las evidencias inventadas. Aunque no descarto que algunos de los acusados estén metidos en actos de corrupción. Ha sido básicamente la constante que altos funcionarios del gobierno Ortega Murillo han estado absolutamente comprometidos con la corrupción total del régimen”, dijo Téllez a 100%Noticias. 

Reiteró que la persecución política en Nicaragua va contra cualquier forma de organización porque no van a tolerar ningún tipo de crítica dado que la única voz autorizada es la de Ortega Murillo.

“Hay cosas prohibidas y perseguidas ferozmente por la familia Ortega Murillo y este es un caso en el cual ellos quieren decirle a toda su militancia y a sus seguidores de que no van a tolerar ningún tipo de críticas, ningún tipo de mensajes distintos a los que ellos establecen, que no van a tolerar ningún tipo de aleteo, ni de organización de grupos al margen de lo que ellos han establecido”.

Agrega “el interés principal de los Ortega Murillo el liquidar todo tipo de organización dentro del país sea quien sea y este grupo que se llamaba a sí mismo La Comuna era un grupo organizado y tal vez se les ocurrió que iban a hacer círculos de estudio con otra gente, tal vez eran ligeramente críticos y entonces es la manera de los Ortega Murillo, de decir aquí solo va a pesar la palabra de nosotros y solo va a valer lo que nosotros digamos es la voz de la dictadura lo único que está avalado como legítimo ilegal en el país”.

En estos momentos, el régimen sandinista va contra todo el mundo, señala la analista política. “Todo el que se salga del carril, lo van a castigar y eso quiere decir que van contra todo el mundo. Las purgas son totales, aquellos que no creía que podían ser purgados pues han sido purgados. Algunos de los que estaban en este grupo sus últimas publicaciones de Facebook estaban proclamando la invencibilidad y la justicia del régimen de los Ortega Murillo pero horas después estaban presos y el 11 de septiembre todos van a salir condenados y lo más barato que les puede caer son 12 años a cada uno, es decir estamos viendo la continuidad de la purga política”.

Por su parte, Ivannia Álvarez, integrante de la organización Urnas Abiertas, dijo que la cacería del régimen sandinista contra sus propios militantes no es nueva, al recordar que en el 2022 el militante sandinista Humberto Pérez fue acusado y desterrado junto a los 222 presos políticos.

“Humberto quería ser candidato a alcalde en el municipio de Jalapa, hizo una protesta junto a 20 personas más, fueron detenidos y llevados al Chipote al final solo Humberto fue acusado y desterrado con los 222 presos políticos, pero ahí también iban personajes del FSLN como “El Chino Enoc”, el encargado de comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia y al menos tres trabajadores más de la CSJ, es decir no sería la primera vez que el frente lleva a juicio por diferentes cargos a miembros del partido”.

Para Álvarez, llama la atención que las personas detenidas en este caso son jóvenes que han estudiado y militado para el FSLN, los cuales tienen una trayectoria dentro de la Juventud Sandinista.

“Aunque la Fiscalía y los juzgados están llevando un proceso por corrupción o malversación, actualmente no podemos tener claridad si realmente son responsables de esos cargos, ya que también hay una persecución política.También recordemos que muchísimos trabajadores del Estado han pasado por la cárcel, hay otras personas que han sido llevadas por investigación entonces, no es la primera vez”.

Al igual que Téllez, Álvarez coincide en que la persecución es pareja contra todo aquel que se oponga a las políticas que se orientan desde El Carmen, lo cual incluye no solo a defensores de derechos humanos, opositores sino a cualquier persona miembro del partido.

“Esto es una nueva etapa de la persecución en una nueva etapa del seguimiento que está dando el FSLN a su propia militancia y que nos deja claro que van a sostener el poder a cualquier costo, inclusive pasando por la gente que les ha estado cooperando”.

Agrega “tener en cuenta que todos los trabajadores del Estado por obligación tienen que participar en todas las actividades del FSLN, y que al oponerse también pueden incurrir en otras sanciones, no necesariamente la cárcel, pero si el despido injustificado, la separación de sus cargos y demás, como hemos estado viendo con algunas alcaldías donde alcaldes y vicealcaldes, han estado siendo removidos sin ninguna explicación pública”.

Los integrantes de La Comuna eran Gustavo Antonio Zapata, Alejandro José Taleno Rueda, Ernesto Rafael Paredes PérezLos integrantes de La Comuna eran Gustavo Antonio Zapata, Alejandro José Taleno Rueda, Ernesto Rafael Paredes Pérez, Cristian Eduardo Bermúdez Roque, José Antonio Bermúdez Sobalvarro, Isaías Alejandro Bonilla Chamorro, Frank Eduardo Matus Rodríguez, y Rigoberto José Ramos.

Los acusados trabajaban en el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (Mefcca) y en la estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), principalmente.