Honduras aprueba la extradición de nicaragüense acusado por violación de una menor en Panamá
El nicaragüense fue detenido el 8 de marzo en Honduras por la Policía Internacional (Interpol) luego de que las autoridades de Panamá emitieran una alerta roja internacional en su contra
La Corte Suprema de Justicia de Honduras concedió este miércoles la extradición del nicaragüense Abner Antonio Ruiz Mendoza, solicitado por la Justicia de Panamá por haber violado presuntamente a una menor de edad, informó una fuente judicial.
La extradición de Ruiz Mendoza fue autorizada por un juez natural de primera instancia, tras celebrarse la audiencia de presentación y evacuación de prueba, señaló el poder Judicial de Honduras en un mensaje en Twitter.
El acusado es requerido por Panamá por los "delitos contra la libertad e integridad sexual, particularmente violación carnal agravada y corrupción de personas menores de edad agravada en perjuicio de menor de edad", añadió.
La defensa del nicaragüense tiene tres días para decidir si presentará recursos para evitar la extradición de su defendido, dijo a periodistas la portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Lucía Villars.
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El Supremo hondureño no indicó la fecha en que Ruiz Mendoza será extraditado, por lo que se mantiene en arresto provisional en un centro penitenciario, cercano a Tegucigalpa, mientras se desarrollan las siguientes etapas del proceso.
El nicaragüense fue detenido el 8 de marzo en Honduras por la Policía Internacional (Interpol) luego de que las autoridades de Panamá emitieran una alerta roja internacional en su contra.
El Gobierno de Panamá solicitó al de Honduras la extradición del detenido en el marco de la Convención sobre Extradición, suscrita en Montevideo, Uruguay, el 26 de diciembre de 1933, y el Código de Bustamante (1928), según las autoridades hondureñas.
"𝙃𝙤𝙣𝙙𝙪𝙧𝙖𝙨 𝙮 𝙤𝙩𝙧𝙤𝙨 𝙥𝙖𝙞́𝙨𝙚𝙨 𝙙𝙚 𝘼𝙢𝙚́𝙧𝙞𝙘𝙖 𝙨𝙤𝙣 𝙛𝙞𝙧𝙢𝙖𝙣𝙩𝙚𝙨 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝘾𝙤𝙣𝙫𝙚𝙣𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝙙𝙚 𝙈𝙤𝙣𝙩𝙚𝙫𝙞𝙙𝙚𝙤 (𝙙𝙖𝙩𝙖 𝙙𝙚 1933) 𝙮 𝙙𝙚𝙡 𝘾𝙤́𝙙𝙞𝙜𝙤 𝙙𝙚 𝘽𝙪𝙨𝙩𝙖𝙢𝙖𝙣𝙩𝙚 (1928) 𝙮 𝙡𝙤 𝙦𝙪𝙚 𝙨𝙤𝙨𝙩𝙞𝙚𝙣𝙚𝙣 𝙖𝙢𝙗𝙤𝙨 𝙙𝙤𝙘𝙪𝙢𝙚𝙣𝙩𝙤𝙨 𝙘𝙪𝙖𝙣𝙙𝙤 𝙝𝙖𝙮 𝙪𝙣𝙖 𝙨𝙤𝙡𝙞𝙘𝙞𝙩𝙪𝙙 𝙙𝙚 𝙚𝙭𝙩𝙧𝙖𝙙𝙞𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝙚𝙣 𝙧𝙚𝙡𝙖𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝙖 𝙪𝙣 𝙘𝙞𝙪𝙙𝙖𝙙𝙖𝙣𝙤 𝙙𝙚 𝙤𝙩𝙧𝙤 𝙥𝙖𝙞́𝙨, 𝙚𝙨 𝙦𝙪𝙚 𝙚𝙭𝙞𝙨𝙩𝙚 𝙪𝙣 𝙥𝙡𝙖𝙯𝙤 𝙙𝙚 𝙙𝙤𝙨 𝙢𝙚𝙨𝙚𝙨 𝙚𝙣 𝙡𝙤𝙨 𝙦𝙪𝙚 𝙚𝙨𝙖 𝙥𝙚𝙧𝙨𝙤𝙣𝙖 𝙥𝙪𝙚𝙙𝙚 𝙥𝙚𝙧𝙢𝙖𝙣𝙚𝙘𝙚𝙧 𝙚𝙣 𝙙𝙚𝙩𝙚𝙣𝙘𝙞𝙤́𝙣”, declaró en marzo pasado Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial.
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