Economía nicaragüense 2018-2021

Una derrota política de la oposición será la clave de la tragedia de Nicaragua en el siglo XXI. Porque la lucha contra la dictadura Ortega-Murillo no es una mera disputa entre personas por el poder estatal, sino la expresión de dos modos antagónicos de comprender el futuro del país. La oposición no ha comprendido que el poder no es una cosa que se toma, que se atrapa, que se quita. El poder es una relación social entre fuerzas sociales.

Desde 2018 a la fecha, la economía nicaragüense no tiene condiciones internas para un crecimiento positivo del producto interno bruto (PIB). Ha caído el nivel de la actividad económica de modo abrupto en casi todos los sectores y, con ella, se ha incrementado el número de personas sin trabajo; se ha contraído en serio el ingreso de las familias, sus ahorros y su patrimonio.

La pobreza está extendiéndose en todas partes; el gasto en consumo se reduce; la fragilidad de los bancos se hace cada vez más ostensible, en la medida en que no se cobren las deudas después de las reestructuraciones que se han hecho; la inseguridad pública se agrava.

Nicaragua ha dependido del comportamiento del precio internacional de los productos básicos que exportamos, de la entrada de capitales ilícitos, las inversiones extranjeras, los préstamos y las remesas. Además, en un entorno internacional en el que somos cada vez más dependientes y rezagados con respecto a la economía internacional.

Las exportaciones han representado un motor limitado de crecimiento, dado la falta de valor agregado. Nicaragua no tiene capacidad productiva para incrementar el valor agregado nacional de lo que produce, ni hay política industrial encaminada a ello.

En consecuencia, lo que ha frenado el crecimiento económico es: la política fiscal, la caída de la competitividad nacional, la escasa productividad, la creciente desigualdad del ingreso, la economía informal, el nivel de desempleo, los bajos salarios y la reducción de las prestaciones laborales, que reduce el mercado interno, aumenta la capacidad ociosa y desestimula las decisiones de inversión.

Al favorecer la política económica al sector financiero y al rezagar al sector productivo, se ha incrementado el diferencial de niveles de rentabilidad ofrecidos por éstos, llevando a que los flujos de inversión se canalicen prioritariamente a lo financiero y no al crecimiento productivo, por lo que se desacelera la economía y más se agudiza la concentración del ingreso.

Para retomar el crecimiento se tiene que priorizar la generación de empleo y el sector industrial (micro, pequeña y mediana) y agrícola para el consumo interno, así como la distribución del ingreso. Asimismo, se tiene que revisar el comportamiento de la banca y del sector financiero, los cuales deben ser funcionales a la generación de empleo, y al sector productivo.

Es difícil que el régimen plantee dichas propuestas. Al seguir la economía con la misma política económica, proseguirá el bajo crecimiento limitando la posibilidad de una recuperación en corto plazo, aunado al clima de violencia y delincuencia que crece en todo el país.

Las ventas minoristas en Nicaragua se han reducido por debajo de lo esperado y persiste el temor a que se desaceleren más debido a la espiral de infecciones del coronavirus en las próximas semanas y meses, a un incremento del desempleo y a un empeoramiento del consumo.

En las ciudades y los pueblos de los departamentos, la situación económica de la gente que vive de sus pequeños negocios, talleres, la que se emplea en pequeñas tiendas y trabaja la tierra, es cada vez más precaria. Esa es una parte crucial de la sociedad del país y no se puede esconder bajo la alfombra de los grandes negocios e intereses.

Las fuentes de ingresos se han mermado de modo muy apreciable; las reservas se agotan y, con ellas, los exiguos patrimonios. Un elocuente indicador macroeconómico es la reducción significativa del volumen de lo que se intercambia y también del crédito que se registra.

Por ejemplo, de acuerdo a Mabel Calero (diario La Prensa 26 de agosto 2020), hasta marzo de 2018 la cartera bruta de crédito ascendía a US$ 5,076 millones de dólares (incluyendo los préstamos en córdobas) y en mayo de 2020 descendió a US$ 3,333 millones de dólares, lo que significa una reducción de US$1,743 millones de dólares.

La tendencia es que en el segundo semestre del año 2020 la economía nacional tendrá una mayor contracción, al acentuarse una reducción en el financiamiento a la inversión, de las empresas, del consumo de las familias y una caída de los flujos de inversión extranjera.

De acuerdo con la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la inversión extranjera directa global caerá 40 por ciento interanual en 2020, volverá a bajar en 2021 entre 5 y 10 por ciento, y remontará hasta 2022, escenario que repercutirá en Nicaragua.

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Por otro lado, en el sistema financiero, el índice de morosidad de los bancos, que mide la relación entre cartera vencida y total. De acuerdo a FUNIDES el índice de morosidad de los bancos es de 3.7 por ciento en julio 2020 (equivale a US$ 125 millones de dólares) y la cartera de riesgo 15.9 por ciento (equivale a US$ 530 millones de dólares). Mientras que el índice de morosidad de las microfinancieras es de 11.3 por ciento y la cartera en riesgo es de 21 por ciento en junio 2020.

La tendencia es que en el segundo semestre del 2020 los índices de morosidad y de riesgo se incrementen respecto de lo observado en los primeros seis meses del año, derivado de la actual crisis sanitaria, la profundización de la recesión y la incapacidad de clientes para afrontar sus pagos.

En un entorno marcado por la posibilidad real que el país entre una depresión económica entre octubre y diciembre 2020, cuando se cumplen las dos condiciones básicas para entrar en depresión, se corre el riesgo de tener mayores problemas en las microfinancieras y bancos por el incremento de la morosidad, el riesgo crediticio y la caída de sus utilidades. La tendencia indica que una vez que la morosidad y el riesgo se incrementan, lleva al menos un par de años lograr contenerlas.

Hoy, no se puede anticipar conclusiones valederas sobre algún nuevo curso positivo de la economía y, menos aún, acerca de la aminoración del batacazo social que está ocurriendo en el país. El impacto de las cinco crisis va para largo, igual que sus repercusiones en la salud, la economía, la estructura social y las condiciones políticas. Aún falta mucho por ver en materia de deterioro económico y sus consecuencias.

El régimen y diversos sectores sociales no tienen conciencia del significado de una depresión económica dando una versión paralela de la realidad que se nos avecina. Una depresión significa mayor caída del consumo, de la inversión, del turismo, del gasto público y aumento del desempleo, la pobreza y el hambre, con la consecuente reducción de la demanda de bienes y servicios. Todo lo anterior profundiza las contradicciones internas de los poderes fácticos.

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A finales del 2020, la caída del PIB en relación al 2017, será de menos de -14.13 por ciento (-3.95% en 2018, 3.88% en 2019 y -6.3% en 2020). Las proyecciones para 2021 siguen siendo de crecimiento negativo, con una deuda ascendente, crecimiento desigual de los sectores, comercio en la lona, incremento del déficit fiscal y problemas ulcerosos en el sistema financiero. La maquinaria productiva del país está sumamente debilitada y sus capacidades de crear riqueza, empleo y crecimiento aparecen limitadas en el futuro inmediato, el horno no está para hacer pan.

Como conclusión, podemos decir que el régimen Ortega-Murillo está a punto de implosionar, pero sin presión interna no pasa nada. Las sanciones externas golpean, pero no botan dictaduras. La fragmentación de la oposición es una muestra de que el proceso social de implosión la ha afectado por la falta de estrategia y vocación de poder, lo que permite sobrevivir a la dictadura y evita su caída.