Confidencial: La pandemia y la falta de democracia en Nicaragua

Bajo cualquier medición Nicaragua es el país que menos se adhiere a esfuerzos por mitigar la pandemia del covid-19. Este es uno de ocho países cuyo cumplimiento con los seguimientos de la Organización Mundial para la Salud es mínimo y hasta cero en muchos casos. El denominador común en estos países es la presencia de liderazgos populistas (México), autocráticos, o altamente impopulares como en Guyana, Haití, Nicaragua o Venezuela.

Las consecuencias de esta inacción son letales.

Primero, mientras la expansión del contagio ocurre con mayor intensidad en estos países, el resto del mundo empieza a reactivar sus economías y profundizar sus esfuerzos de mitigación y control de salud.

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Segundo, la falta de atención temprana prolonga la crisis de salud y económica, lo que agrava más el deterioro del país.

Tercero, no hay duda que el peso de este daño, acompañado por muertes inesperadas por la pandemia, creará un rechazo político muy grande que puede generar protestas sociales incontenibles.

Sin cumplir normas ni trabajar para proteger a su país

La realidad de la pandemia no solo se mide por el amplio número de casos y muertes a nivel mundial, sino también por lo que se está viviendo en Nicaragua. A pesar del oscurantismo medieval del orteguismo, los casos existen y las muertes ocurren.

La negligencia y la acción intencionada de ignorar lo que ocurre son descabelladas. Comparado a América Latina y el Caribe, Nicaragua es el único país que desde el primero de Marzo su actividad comercial disminuye en 20% (al no implementar cuarentena), comparado con un promedio del 65% para todos los países (equivalente a 30 días de precaución) que aunque son pérdidas económicas importantes, significarán logros de productividad en el mediano plazo y vidas salvadas.

La disminución de la actividad comercial es un indicador de una de las dos precauciones más importantes, dentro del distanciamiento social.

La segunda forma de precaución es la administración de pruebas para detectar la presencia del virus COVID-19. Desde que se declaró la presencia del virus desde fines de Diciembre 2019, Nicaragua ha administrado pruebas sin transparencia y después de desatarse la pandemia no ha revelado las consecuencias. Mientras tanto en el resto de América Latina y el Caribe se han administrado un promedio de 5000 pruebas por millón de personas.

Sobre todo, los gobiernos, sean ricos o pobres, de países grandes o pequeños, han implementado diferentes políticas, promoviendo distanciamiento social, alivio económico temporal, cierre de puertos y fronteras, promediando 36 diferentes medidas—Nicaragua sólo ha implementado 11, y muy recientemente.

¿Por unos dólares más?

Darle rienda suelta a esta pandemia es un crimen como ha sido advertido por muchos expertos. El deliberado e inmoral cálculo del Gobierno ha sido comparar el costo-beneficio de la pandemia a cambio de la continuidad económica.

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La lectura del Gobierno es que en Nicaragua la tasa de fatalidades no podría ser muy alta por tener un número muy bajo de adultos mayores de 65 años en donde la probabilidad de fatalidad es de más del 50%, pero en la que el 94% de los nicaragüenses tendrían una probabilidad menor del 20%. Mientras tanto, favorece la actividad comercial y gubernamental, aun con cuarentenas autónomas, para que se mantengan generando ingresos. Al final, el país solo ha perdido 12 días de ingreso, y la apuesta les da una renta reducida que nunca justifica las pérdidas de vidas. Además, el impacto económico, aun sin cuarentena total, se está sintiendo en muchos sectores productivos del país.

La vida no vale nada

El problema es que la pandemia no espera, ni se posterga hasta que haya cura: el país tiene más de 2000 contagios y más de 200 muertos y la cuenta sigue. El efecto multiplicador de la pandemia es de 3 personas por cada enfermo, y a una tasa mínima de 15% diario de expansión, serán más de 30,000 personas las que estén enfermas en menor tiempo que el calculado por el gobierno y sin recursos. El silencio absoluto del Estado es criminal ya que no hay ignorancia detrás de esto: ellos han hecho sus cálculos.

¿Qué hacer?

La furia no se va a hacer esperar en la medida que los muertos en las familias nicaragüenses sigan creciendo y la respuesta del Estado está politizada, mediatizada con mentiras, medias verdades, e inacción. La protesta social va a estallar en contra de los servidores del estado que guardan silencio, y contra el Gobierno mismo.

El interés nacional y la responsabilidad ante el mundo

En este momento es responsabilidad de las instituciones del Estado sobresalir por encima del partidismo; las vidas de miles de nicaragüenses están en juego.

En esa situación de emergencia sanitaria, el Ejército tiene la responsabilidad de adoptar las acciones que correspondan en el marco de la ley para proteger la soberanía del país, en tanto que la Constitución y la Ley de Seguridad Soberana (Art.5, 3) estipulan que es obligación del Ejército asegurar “tranquilidad y estabilidad a las y los nicaragüenses en su vida, en el trabajo, en la salud…” Es imperativo que el Ejército Nacional trabaje mano a mano con los expertos en salud y las empresas del país para establecer un circuito de protección y prevención contra la pandemia. Esta enfermedad es una verdadera guerra sin cuartel, y los trabajadores de la salud necesitan contar con un tendido nacional de protección y prevención.

De igual forma los servidores públicos tienen que responder al interés nacional más que a las lealtades políticas, porque ni la enfermedad ni la muerte respetan ideologías. Los más afectados por la pandemia, después de los pacientes, han sido los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, y personal de Salud. La transmisión comunitaria se expandió hasta los hospitales y centros médicos. No hay que perder tiempo en formar un frente común contra la pandemia, respetando la vida humana como principio básico. De esta forma, como primer paso el trabajador del Estado tiene la obligación de identificar la magnitud de la pandemia, mapearla y ayudar a prevenirla.

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La oposición política tiene la obligación de consolidar sus esfuerzos en una agenda común cuyos objetivos incluyen asegurar que los nicaragüenses eviten contagiarse o ser contagiados siguiendo las medidas mundiales de protección contra el contagio; que la comunidad internacional intervenga con donaciones de pruebas de covid-19 a la sociedad civil para prevenir el secretismo político del que han sido sometidos los kits en poder del Estado; presionar al gobierno de Nicaragua a que urgentemente declaren cuarentena y que autoridades de salud asuman la responsabilidad médica y científica de proteger la vida de los nicaragüenses; introducir medidas económicas que mitiguen parcialmente las pérdidas económicas por la pandemia y la cuarentena.

El sector privado, tanto los gremios empresariales como los grandes empresarios tienen la responsabilidad de diseñar un plan de acción frente a las consecuencias económicas. Ante la presencia de un desgobierno, el futuro económico de Nicaragua está en manos de su élite económica, más que de las políticas económicas del estado. Este plan de acción ya se ha adelantado y hay que coordinarlo con las fuerzas vivas y democráticas, al lado de los empleados públicos.

El gobierno ha secuestrado esta pandemia con propósitos de sobrevivencia política. Sin embargo, la crisis de la dictadura es parte de la crisis del coronavirus, y en este momento de decisiones el pueblo ha constatado que el clientelismo político del orteguismo no puede cuidar ni salvar las vidas de los nicaragüenses. Ahora el liderazgo está en manos de la sociedad civil, la oposición política, los empleados públicos –civiles y militares–, los empresarios, y los nicaragüenses todos.