La dictadura de Ortega arrastra crímenes en la impunidad

El régimen de Daniel Ortega lleva años de arrastrar crímenes que hasta la fecha están impunes, y que se han ejecutado desde las diferentes instituciones del Estado.

Una de estas instituciones que ha violado los derechos humanos de las personas, es la Policía sandinista que ha asesinado, torturado y secuestrado, a los nicaragüenses, e incluso extranjeros.

La brutal represión de la Policía se ha manifestado mucho antes del 18 de abril cuando se dio el estallido social por unas fallidas reformas al seguro social, y que en el que ahora se pide a Daniel Ortega y Rosario Murillo abandonen el poder y sean juzgados por ordenar más de 500 asesinatos.

El diario LA PRENSA, realizó un trabajo especial en el que destaca nueve casos de represión por parte de la Policía sandinista previo a la crisis, que hasta la fecha siguen impunes. Sin embargo, los delitos de esta institución son muchos más.

Así lo expresó Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), quien asegura que de las denuncias que recibían antes del 18 de abril, un 70% eran contra la Policía.

“Antes de la crisis, el 70% de nuestras denuncias eran en contra de la Policía Nacional, es decir nosotros recibíamos mil casos al año y de esos 700 eran en contra de Policía Nacional. Estamos hablando de detenciones ilegales, golpizas, torturas sobre todo en El Chipote, fabricación de delitos, malos procedimientos, coimas, etc”, detalló Cuevas a 100% Noticias.

Antes de la crisis, estas denuncias contra la Policía sandinista eran presentadas ante la instancia de División de Asuntos Internos de la Policía, sin embargo, Cuevas indicó que la operatividad de esta área es muy pobre. “Nosotros tuvimos hace algunos años una reunión con tres generales y les mencionábamos que nuestras estadísticas decían que apenas el 10% de las denuncias de los ciudadanos a Asuntos Internos era resuelta favorable al ciudadano; y ellos dijeron que sus estadísticas eran del 40%”.

Crímenes impunes de la Policía sandinista:

Masacre en Las Jaguitas: El 11 de julio de 2015 fallecieron Katherine Ramírez, (22 años), Efraín Ramírez (11 años) y Aura María Reyes Ramírez, (12 años), cuando en una operación policial, agentes dispararon en contra del vehículo conducido por Milton Reyes en el sector de Las Jaguitas, en el que se desplazaba con su familia al confundirlos con una banda de narcotraficantes. 

Hubo nueve policías acusados por la masacre a esta familia en Las Jagüitas admitieron los hechos y pidieron perdón a la familia de las víctimas y a la población en general. Uno de los asesinos fue el capitán Zacarías Ignacio Salgado, quien el pasado 20 de septiembre fue ascendido a Comisionado por reprimir al pueblo nicaragüense.

Tras la admisión de los hechos en ese entonces, Yelka Ramírez, madre de dos de las víctimas mortales, les dijo: "Si creen que pidiendo perdón me van a regresar a mis hijos y mi hermana, ¡no! Yo quiero la pena máxima para ellos... tienen que pagar". ''No justifiquen lo que ustedes (policías) sabían lo que iban hacer. Pido justicia. Abogada, no defienda a los delincuentes'', exigió.

El pasado 10 de enero de este año, la señora Elea Valle se presentó a Plaza El Sol para insistir ante la Policía sandinista cumpla con la exhumación de los cuerpos de sus hijos, Francisco Alexander y Yojeisel Perez Valle, de 12 y 16 años respectivamente, asesinados presuntamente en un enfrentamiento con el Ejército el pasado 12 de noviembre, en La Cruz del Río Grande, Caribe Sur de Nicaragua. En el lugar negó que sus hijos anduvieran armados y que “sería una mentira de la policía nacional”, decir que sus hijos andaban alzados en armas.

La madre ha insistido en la exhumación de los cuerpos. La Policía respondió en diciembre que se haría una exhumación de los cadáveres pero aún no se practica.

Los familiares de Juan Antonio Aguilera denunciaron irregularidades en su muerte en las celdas policiales de Ciudad Sandino. La Policía sandinista les informó del deceso presuntamente por un paro cardíaco. Melania Rojas y Noelia Sánchez, madre y esposa de Aguilera, respectivamente, relataron que el cuerpo tenía golpes en la cabeza y resto de su humanidad.

“Lo malmataron saber por qué. Le daban golpizas a patadas, le daban con un amansa bolos, con la cacha de la pistola. La cabeza él la lleva como cabeza de niño tierno, toda desguapada, su cuerpo todo morado”, relató Rojas.

La esposa del difunto aseguró que no se le informó las razones de la detención y que fueron testigos del maltrato a Aguilera, desde ese momento. Wendy Flores del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) señaló el mal actuar de la Policía Nacional. “Cada vez es mayor la actuación de agresiones físicas al momento de la detención”, advirtiendo que esas prácticas no son necesarias cuando un detenido no muestra resistencia, reportó 100% Noticias el 1 de septiembre de 2016.

Juan Rafael Lanzas Maldonado, el hombre al que le amputaron los pies el pasado en noviembre de 2017, rechazó la versión de la Policía Nacional que dijo que este ya estaba enfermo de Vasculitis al momento de su detención, por supuestamente haberse robado cuatro bombas de fumigar. “No estoy de acuerdo con lo que dijo la Policía, están diciendo que yo ya padecía de la enfermedad y yo no padecía de ninguna enfermedad. Dicen que las cosas que me robé yo, cuatro bombas, eso es mentira, esas bombas son mías… Ellos se quieren lavar las manos conmigo”, dijo Lanzas a 100% Noticias.

“Yo no padecía de ninguna enfermedad, si ellos no me hubieran golpeado, yo no me hubiera enfermado. Ellos me pusieron en un baño, ese virus yo lo agarré en los mismos baños, pero fue también por los mismos golpes, hasta los mismos doctores dijeron que fue por los golpes… Espero que castiguen a los que me hicieron esto, porque por culpa de ellos estoy así. No pueden hacer esto con uno de puro gusto”, expresó Juan Rafael.

Francisco Javier Ponce Sanarrusia, de 32 años de edad, originario de Rivas, es la persona que murió en El Chipote, supuestamente por ahorcamiento. Era investigado por la muerte del oficial del Ejército de Nicaragua, Rafael Delgadillo Mora. “El día domingo 3 de mayo del 2015, en horas de la madrugada, el oficial de control de detenidos realizaba la ronda de revisión en el interior de las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), encontrando el cuerpo de un detenido con características de ahorcamiento, suspendido del techo de la celda. Ante esta situación el oficial se acercó y comprobó que el detenido ya no presentaba signos vitales”, indicó un comunicado de la Policía sandinista.

Ponce Sanarrusia estaba detenido por una presunta vinculación con la muerte de Delgadillo Mora, que se registró en Rivas la noche del 15 de abril.

Extranjeros también son víctimas de la Policía sandinista

El mexicano Jovany Torres Becerra, llegó a Nicaragua en marzo de 2016 para hacer unas pasantías en la empresa Hemco, en Bonanza. El 1 de junio, fue detenido en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino de Managua, estuvo durante 15 días en El Chipote. Luego fue acusado por cargo de simulación de delito y tenía moretones en la cara y las venas de los ojos reventadas, según la Policía él mismo se había golpeado.

El perito médico forense Víctor Manuel Guerrero consultado por Meganoticias Mexico en ese momento, aseguró que los golpes en el rostro de Jovany no eran autolesiones sino, signos de tortura. “Está golpeado, o sea, no se las auto infringió. El especialista señaló al diario mexicano que los golpes probablemente datan de hace más de 10 días, mismo tiempo que las autoridades nicaragüenses se tardaron en presentar al joven. 

La camerunesa Mary Frinwie Atanga Azehfor, madre del migrante camerunés Mbang Atanga Azehfor, quien fue asesinado a tiros por el Ejército y la Policía sandinista el 29 de septiembre de 2017 en el puente Las Lajas, en Rivas, reportó el diario LA PRENSA.

Mary llegó a Nicaragua con su pareja Tchamani Joseph Maglorie el 4 de diciembre de 2017 para reclamar el cadáver de su hijo. Días después ambos fueron detenidos sin explicación alguna y posteriormente acusados por del delito de tráfico de migrantes. El pasado abril, fueron expulsados del país, luego de que un juez suspendiera la condena de 2 años y 6 meses de prisión que les fue impuesta a ambos. Los cameruneses realizaron los trámites para repatriar el cuerpo de Mbang Atanga.

En junio de 2016, la Policía sandinista expulsó a seis jóvenes extranjeros ambientalistas, de la Caravana Mesoamericana por el buen vivir, que vinieron a brindar charlas sobre cómo elaborar hornos para bajar el consumo de leña. Ellos fueron detenidos y posteriormente expulsados del país acusándolos de supuestamente estar manipulando explosivos.

El costarricense Byron Reyes, el español Daniel Espinosa, la argentina Ana Laura Rodríguez, y los mexicanos Eugenio Paccelli, Salvador Tenorio y Emmanuel de la Luz impartían el taller se realizaba en la casa de Francisca Ramírez, dirigente del movimiento anticanal.

De “lamentable” calificó la expulsión de los 6 jóvenes la embajadora de Estados Unidos en Nicaragua en ese momento, Laura Dogu. Comentó que este hecho provoca que los futuros visitantes la piensen para venir a Nicaragua. “Es una lástima” reiteró.

Estos delitos de la Policía “hace años viene sucediendo, nada más que ahora a nivel de máxima expresión, pero las situaciones de abuso por parte de la Policía han aumentado considerablemente en los últimos años”, señaló el abogado Cuevas.

“No hay voluntad de la Policía para corregir y transparentar abusos”, agregó.