Ressa espera recibir permiso de la justicia filipina para recoger el Nobel

Bangkok, 22 nov (EFE).- La abogada defensora de los derechos humanos Amal Clooney afirmó este lunes que la comunidad internacional seguirá presionando para que las autoridades filipinas retiren los cargos contra la periodista filipina María Ressa, ganadora del Nobel de la Paz y sometida a una persecución judicial en su país.

Clooney, que forma parte del equipo internacional de abogados de la reportera, indicó en una videoconferencia que Filipinas está obligada a defender la libertad de expresión por los tratados internacionales que ha ratificado y alertó de que el país se enfrenta a posibles sanciones por vulnerar este derecho.

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"O el Gobierno filipino hace lo correcto o se enfrentará a los pasos que tome el equipo legal internacional y, además, los países del mundo que se preocupan por la democracia y la libertad de expresión", señaló la abogada en un acto virtual con Ressa, varios de sus abogados y periodistas.

Clooney confió en que las autoridades filipinas retiren los cargos, al tiempo que advirtió de que "hay medidas de protección que los países democráticos pueden tomar en respuesta" como sanciones económicas.

En este sentido, la letrada afirmó que ha contactado con las autoridades filipinas con el objetivo de abordar el caso de Ressa, a la que definió como víctima de una persecución judicial por hacer su trabajo como periodista.

                                                 
Los abogados de Ressa celebraron que la justicia filipina haya accedido a permitirle viajar a Estados Unidos, donde la periodista participa en un curso en la Universidad de Harvard, y esperan que también le autoricen ir a recoger el Nobel de la Paz a Oslo el próximo 10 de diciembre.

María Ressa fue reconocida con el Nobel de la Paz 2021, junto con el reportero ruso Dmitri Murátov, por su esfuerzo "para salvaguardar la libertad de expresión" en sus países.

La periodista, que se enfrenta a seis casos criminales por presunta evasión de impuestos y vulneración de las leyes de propiedad de los medios, fue condenada en junio 2020 por ciberdifamación por un tribunal filipino.

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Por este caso se enfrenta a una pena de hasta seis años de cárcel, aunque se encuentra en proceso de apelación, pena que puede ascender a varias décadas si es declarada culpable de los otros cargos financieros.

Ressa está sometida a una campaña de persecución judicial desde que empezó a investigar la guerra contra las drogas emprendida en 2016 por el presidente filipino, Rodrigo Duterte, y su lucha contra la desinformación y las noticias falsas.