Piden que prevalezca el bien común en la elección de los magistrados en Honduras

El Comisionado Nacional de Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) pidió este sábado a los diputados del Parlamento que en la elección de los 15 nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia prevalezca "el bien común" y se respete "la institucionalidad".

En un comunicado, el organismo de derechos humanos señaló que el pueblo hondureño demanda de los diputados "el cumplimiento responsable de sus deberes" y que elijan a los magistrados del Supremo "más idóneos respetando el Estado de derecho".

Abogó porque en la elección de los nuevos magistrados del Supremo, para el período 2023-2030, prevalezca "el bien común y se respete la institucionalidad constitucional sobre los intereses particulares o de grupos".

El Parlamento de Honduras no pudo lograr el viernes, en un segundo intento, el consenso para elegir a los 15 nuevos magistrados, de una lista de 45 candidatos entregada en enero por la Junta Nominadora.

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El presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo, convocó a una nueva sesión para este sábado a las 15.00 hora local (21.00 GMT).

Para elegir a los nuevos magistrados se necesita una mayoría calificada de 86 votos, de los 128 diputados que integran el Parlamento, en el que Libre tiene 50, el Partido Nacional 43, el Liberal 22 y el Salvador de Honduras 10.

Los actuales magistrados, que debieron terminar su periodo hoy, continuarán en sus cargos hasta que los diputados lleguen a consensos para la nueva elección.

El Conadeh indicó que el país centroamericano necesita magistrados "independientes e imparciales" para fortalecer el Estado de derecho, y afirmó que la independencia judicial es una "garantía indispensable para proteger los derechos humanos".

Un Supremo con magistrados independientes asegura la credibilidad social y afianza la seguridad jurídica en Honduras, añadió.

El organismo instó al pueblo hondureño a estar "vigilante" de proceso de elección de los quince nuevos magistrados y hacer "causa común en la supervisión, vigilancia y veeduría social" para fortalecer la institucionalidad y el Estado de derecho.