Sector empresarial asocia ola de asaltos en Nicaragua a la ineficiencia policial y liberación de presos comunes

Según la empresa priva de Nicaragua la ola de asaltos y robos que se ha desatado en los últimos meses en el país es una muestra de ineficiencia por parte de la sancionada policía sandinista por lo que se han visto obligado a contratar protección privada reportó la Voz de América.

Según la declaración de los empresarios la creciente inseguridad social en el país, en parte, es provocada por el denominado "perdón presidencial" que fue otorgado entre enero del 2018 y febrero de este año a casi 10.000 presos condenados o procesados principalmente por los delitos de tráfico de drogas y robo agravado, según un registro del sistema penitenciario nacional. 

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El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerrí, afirmó que es alarmante la forma continua y frecuente en la que se producen estos robos que ocurren a cualquier hora del día y en las rutas comerciales de las empresas privadas. 

"Los delincuentes andan haciendo literalmente su agosto en nuestro país. Reiteramos nuestro llamado a que las autoridades se concentren en donde se debe concentrar una autoridad, que es en detener el delito, en evitar esta ola de robos que se siguen dando alrededor del país", dijo el empresario. 

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Los robos, según Aguerrí, se dan en las principales rutas comerciales que utilizan las empresas privadas para distribuir sus productos al interior del país, provocando un ambiente de zozobra, al que asegura, la policía no da respuesta, por lo que algunos únicamente interponen la denuncia para tener un registro de los hechos. 

El más reciente suceso de esta naturaleza es el asalto a un vehículo distribuidor de cigarrillos de una empresa que 10 días antes ya había sufrido un percance similar. Los reportes de los robos además llegan de varias zonas del país. 

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El 5 de marzo de 2020, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a la policía de Nicaragua por “ser responsable o cómplice, o haber participado directa o indirectamente en graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua”. Estas sanciones también le habrían restado capacidad operativa a la institución, señalan los analistas.